La Comisión Europea exige más contundencia a España para poder dar por cerrado el procedimiento de infracción por autorizar la captura de aves fringílidas

  • En una carta dirigida al MITECO y a las 17 comunidades autónomas, la Comisión Europea solicita a España aclaraciones sobre el alcance de la prohibición de esas capturas y le exige un gesto definitivo para poner fin a esta práctica de forma inequívoca.
  • El procedimiento de infracción, que se inició en 2011 por no ajustarse la captura de fringílidos en España a la normativa de la Unión Europea, podría finalizar en una posible condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
     
  • España ha autorizado, entre 2013 y 2018, la captura de 1.731.861 de fringílidos como el jilguero, el pardillo común, el serín verdecillo, el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario o el jilguero lúgano.

SEO/BirdLife ha tenido acceso a la carta remitida por la Comisión Europea a las administraciones estatal y autonómicas en la que analiza las respuestas de las autoridades españolas al Dictamen Motivado de 17 de mayo de 2018. Este Dictamen era el último aviso recibido desde Europa en el marco del procedimiento de infracción que se sigue contra España por autorizar la captura de aves fringílidas sin ajustarse a la Directiva que protege las aves comunitarias.

En la carta de diciembre, la Comisión reconoce el anuncio de la mayoría de las comunidades autónomas de no conceder nuevas autorizaciones para la captura de esas pequeñas aves durante 2018. Sin embargo, señala que ese anuncio se ha limitado a ese año, sin que se haya manifestado de forma inequívoca su permanencia en el tiempo más allá de ese periodo y de forma consistente con las exigencias del Dictamen Motivado, la jurisprudencia reiterada y el régimen excepcional de la Directiva de Aves.

La carta hace una mención concreta a la Comunidad de Madrid, que ni siquiera ha transmitido en su informe de contestación a la Comisión ningún compromiso de poner fin a las autorizaciones excepcionales para permitir la captura de fringílidos. Esta comunidad autónoma aún mantiene en vigor una orden de 1998 que autoriza la captura de esas aves en la región.

Ante las dudas sobre el carácter permanente de la prohibición de la captura de aves como el jilguero, el pardillo común o el verderón, y para poder dar por concluido el procedimiento de infracción, la Comisión Europea solicita a la Administración del Estado que aclare las acciones que se van a aplicar para asegurar el cumplimiento efectivo de la Directiva de Aves en todo el territorio español, que eviten la infracción de la normativa nacional que la transpone o que se concedan nuevas autorizaciones.

A las comunidades y ciudades autónomas (menos Asturias que sí ha prohibido definitivamente la captura de aves cantoras), se les solicita un informe que recoja la voluntad inequívoca y duradera en el tiempo de poner fin a la caza de aves fringílidas que infringe el ordenamiento comunitario, incluyendo la posibilidad de hacerlo mediante reformas legislativas. Por último, y sólo para la Comunidad de Madrid, la Comisión le pide a esta administración que informe si ha autorizado o prevé autorizar, en la actual o próximas temporadas, la captura excepcional de aves para canto, bajo cualquiera de las formas de excepción de la Directiva de Aves, en una clara alusión a las recientes autorizaciones concedidas para el supuesto seguimiento de las poblaciones de esas aves, con una escaso valor científico.

Desde SEO/BirdLife, que lleva años anunciando la necesidad de poner fin a la captura de fringílidos – siendo además una práctica innecesaria ya que existen alternativas como la cría en cautividad – se estima necesario aclarar las cuestiones planteadas por la Comisión. A pesar de que la mayoría de las comunidades autónomas han manifestado su voluntad clara de finalizar con la autorización de la captura de aves fringílidas, algunas otras administraciones mantienen una postura tibia y faltan acciones concretas y definitivas que no dejen lugar a dudas sobre la voluntad de España de cumplir con la normativa comunitaria que protege a las aves.

 

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