Reactivo ante la comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo

  • Greenpeace pide a la Comisión Europea un Pacto Verde más ambicioso que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de París
  • Las medidas anunciadas por Bruselas no llegarían a tiempo ni serían suficientes para afrontar la emergencia climática

Tras la presentación oficial realizada hoy por la Comisión Europea de su plan para un Pacto Ecológico europeo, conocido como “Green Deal”, Greenpeace ha señalado que, aunque el número de propuestas es significativo y las promesas son más relevantes que las realizadas por las Comisiones anteriores, las políticas en sí siguen siendo demasiado débiles y necesitan ser estructuradas.

“Ursula von der Leyen promete que el Pacto Verde europeo abordará la crisis climática desbocada y la destrucción masiva del medioambiente, pero los objetivos climáticos propuestos son insuficientes y deberían alcanzarse mucho antes”, ha declarado Franziska Achterberg, portavoz de la Unidad Política de Greenpeace en Bruselas.

Respecto a las políticas de protección medioambiental, para Greenpeace hay muchas propuestas que deberán desarrollarse abordando el sistema de producción y consumo que nos han llevado a esta situación climática.

“La situación medioambiental y de desigualdad social requieren un replanteamiento fundamental del sistema económico que durante décadas ha premiado la contaminación, la destrucción del medioambiente y la explotación humana, por lo que instamos a Von der Leyen y a su equipo a que presenten una legislación que esté a la altura de las circunstancias”, ha añadido Achterberg.

Sobre el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2030, Greenpeace considera que una disminución del 50-55% de las emisiones para 2030 no es suficiente. La organización ecologista advierte de que cuanto más se espere para hacer los cambios necesarios en el sistema económico para evitar los peores impactos del cambio climático, más daño se causará y más difícil y caro será implantara soluciones. Greenpeace también alerta sobre el riesgo de socavar el Acuerdo de París y cualquier esperanza de liderazgo de la UE en materia de clima al retrasar su propuesta para el objetivo europeo de reducción de emisiones de 2030 hasta el verano de 2020.

La Comisión declaró que propondrá un nuevo objetivo para 2030 en el verano de 2020, lo que para Greenpeace implica que no habría tiempo suficiente para que los Gobiernos de la UE alcancen un acuerdo para la próxima cumbre climática de Naciones Unidas de Glasgow (COP26), en la que todas las partes del Acuerdo de París deberán presentar nuevos e incrementados objetivos climáticos para 2030 y eso le costaría a la UE su ya inestable liderazgo climático internacional y daría a otros actores globales una excusa para retrasarlo también.

“El Gobierno de España, como anfitrión de la COP25, tiene la posibilidad de liderar la ambición climática en Europa y demandar a la Comisión que proponga el aumento de los objetivos climáticos dentro de los próximos 100 días para llegar a tiempo de presentar unos compromisos de reducción de emisiones nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) alineados con las recomendaciones científicas y con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de campaña de cambio climático de Greenpeace.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la UE no logrará la sostenibilidad “si sigue promoviendo el crecimiento económico y tratando de gestionar los impactos ambientales y sociales”. Necesita repensar “no sólo las tecnologías y los procesos de producción, sino también los patrones de consumo y las formas de vida”. Corresponde a la Comisión modernizar fundamentalmente las políticas que hacen rentable un modelo destructivo.

Tatiana Nuño

Pasa una semana y retrocedemos dos pasos: El planeta necesita mayor ambición

  • Greenpeace recuerda a las representaciones de los Gobiernos que la sociedad está esperando que acuerden medidas valientes

Lo más importante de la primera semana de la COP25 no ha sucedido dentro del IFEMA, sino en las calles de Madrid, donde cientos de miles de personas han exigido justicia climática. Pero mientras tanto las representaciones de los Gobiernos han estado enfrascadas en discusiones en torno al Artículo 6, sin tener en cuenta la responsabilidad que tienen para hacer frente al gran problema de nuestro tiempo.

Greenpeace recuerda a las representaciones políticas presentes en la COP que la sociedad de todo el planeta está vigilante para ver qué eligen entre mercantilizar el medioambiente a través de un sistema para “traficar” con carbono, o si por contra prefieren avanzar hacia compromisos de reducción absoluta de emisiones como requiere la emergencia climática.

En este sentido, diferentes representantes de Greenpeace han realizado un serie de valoraciones sobre el avance de las negociaciones:

El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, ha afirmado: “La COP25 se está celebrando en Madrid, pero su corazón está en América Latina donde, especialmente en Chile, el vínculo entre una crisis ambiental y las demandas de justicia social se está viendo en las calles. Chile necesita cerrar sus centrales térmicas de carbón para 2030 o continuar sufriendo sequías e incendios forestales, provocados por la acción de las industrias contaminantes. Solo protegiendo sus bosques y haciendo que el acceso al agua sea un derecho, Chile puede exigir que otros países mejoren en la lucha contra la emergencia climática. No es posible tener una calidad de vida justa sin equidad ambiental y climática”.

Por su parte, el director Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha comentado: “En Madrid, acabamos de tener la mayor manifestación ambiental de nuestra historia. Esta demostración masiva y pacífica del poder de la gente debe impulsar las negociaciones hacia una ambición a la altura de lo que la ciencia exige para prevenir una emergencia climática fuera de control. Esto debería estar presente en todo momento en la agenda de los Gobiernos y las representaciones políticas en las negociaciones en la COP, así como en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno en España. No aceptaremos demoras ni trampas, la emergencia climática no puede esperar“.

Finalmente, la directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha señalado: “Nos encontramos en el ecuador de la cumbre del clima y aún no hemos visto que la energía de las calles se traduzca en energía política en la mesa de negociaciones, después de que, según las organizaciones convocantes, cientos de miles de personas marcharan pacíficamente en Madrid el pasado viernes. Las personas que lideran las negociaciones en la COP tienen la obligación moral y democrática de asegurar que el eco de los pasos de la gente se escuche en los pasillos del poder”.

Morgan recuerda que la presidencia chilena puso el foco en la ambición y que dijo que la lideraría con el ejemplo, “sin embargo, a medida que nos encaminamos hacia la segunda semana de negociaciones y comienzan a llegar representantes ministeriales de alto nivel, se verá cada vez más claro qué países están listos para mejorar sus compromisos en 2020 y presentar objetivos climáticos en línea con el Acuerdo de París. También quedará claro qué países quieren seguir priorizando las ganancias y el interés propio a los derechos de la gente”.

Jennifer Morgan ha concluido afirmando que: “Está en manos de la presidencia chilena poner la ciencia en el centro de estas negociaciones y convertir el poder del pueblo en acción política. Quienes lideran las negociaciones deben ser valientes y encontrar el camino a seguir: no hay otra opción”.

Conrado García

El Gobierno y el Consell siguen demorando las ayudas a los agricultores afectados por la DANA

ASAJA Alicante denuncia que a punto de cumplirse tres meses desde que la peor DANA en 140 años barriera la Vega Baja y las roturas del río Segura sumergieran durante más de una semana sus municipios baja el agua y el lodo, los agricultores, el sector más afectado, además de motor económico en la comarca, no han recibido ni un euro de todo lo prometido por parte del Gobierno y el Consell.

La próxima semana se cumplen tres meses desde que la peor DANA en 140 años, unida a las roturas del río Segura en varias de sus motas, arrasaran la comarca de la Vega Baja, dejando pérdidas millonarias en sus diferentes municipios, de las cuales, 550 millones de euros pertenecen al sector agroalimentario, el más afectado de todos. Desde ASAJA Alicante no entendemos el olvido, la dejadez y el maltrato que, tanto el Gobierno central como el Consell han propinado a los agricultores y ganaderos de esta tierra, que vieron como días después de la gota fría se producía un desembarco masivo de políticos de todos los rangos, desde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hasta el President de la Generalitat, Ximo Puig, pasando por ministros de varias carteras y hasta sus Majestades los Reyes de España, que llegaron a Orihuela para sobrevolar la zona afectada, anunciar una lluvia de ayudas y acaparar la foto de las portadas de periódicos e informativos. Después de esto, nada más hemos vuelto a saber de ellos. La realidad hoy, 83 días después de la catástrofe, es que hemos recibido cero euros y la Vega sigue paralizada, muy lejos de recuperar su capacidad productiva anterior a septiembre.

La única ayuda que se publicó para el sector fue el Real Decreto 11/2019, de 20 de septiembre, paliar los efectos de la gota fría y los incendios de este verano en toda España. Un decreto que ASAJA Alicante ha calificado como una respuesta por parte del Gobierno precipitada, elaborada sin contar con la opinión de asociaciones agrarias y los afectados e insuficiente, ya que ha dejado fuera a todos los agricultores que no tenían seguro agrario, como es el caso del 93% de los productores de hortalizas.  A pesar de ser lo único publicado hasta la fecha, todavía estamos esperando la orden ministerial que desarrolle qué procedimientos hay que seguir para acceder a dichas ayudas, algo que da fe de la absoluta dejadez de nuestro Gobierno y que, definitivamente, demuestra que está en otros temas, porque tan importante es que saquen ayudas como los mecanismos para acceder a ellas con rapidez en momentos en los que las personas están sufriendo.

Por otra parte, desde ASAJA también queremos denunciar que el Consell se comprometió en una reunión con los agricultores, en la propia sede de ASAJA Orihuela, a cubrir las lagunas que tuviese el Real Decreto del Ministerio, pidiendo “tranquilidad y confianza”, asegurando, en palabras de la propia Consellera, Mireia Mollà, “que el Consell se iba a dejar la piel por la Vega Baja y que contemplarían medidas adicionales que cubriesen las lagunas del RD de Gobierno”, por ejemplo, para los agricultores de hortalizas sin seguro, para lo que ASAJA Alicante les hizo llegar con urgencia un paquete de medidas viables para ello. Sin embargo, a día de hoy, el silencio sepulcral también ha sido su modus operandi.

“Nos lo estamos jugando todo a una carta. Si no salen ayudas para los productores de hortalizas que no tengan seguro agrario, las administraciones, tanto centrales como autonómicas, habrán fracasado en esta grave crisis humanitaria y económica. El éxito de las ayudas por la DANA dependerá de que, finalmente, se contemple, por un lado, a los agricultores de hortaliza sin seguro y, por otro, la celeridad y los mecanismos para obtenerlas. Porque tan importante es que lleguen las ayudas, como que lo hagan rápido”, afirma el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, que alega que “no nos valen las excusas que están alegando de poner en riesgo y fracturar el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, pues la ley prevé para este tipo de situaciones, de entidad y naturaleza catastrófica, subvenciones del 50% para los que no tienen suscrita póliza de seguros”.

“Asimismo, estos días me está resultando paradójico que nuestros políticos estén tan preocupados por el cambio climático, las generaciones futuras y buscar soluciones para frenarlo, que me parece bien, de hecho, los agricultores y ganaderos somos los primeros que hacemos grandes esfuerzos para cuidar el medio ambiente, pero, sin embargo, se olviden de temas tan urgentes como reflotar a unas personas y a un sector que se ha visto fuertemente castigado por las inclemencias meteorológicas y la dejadez humana de un río sin limpiar, dándoles totalmente de lado. ¿Qué pasa con la gente que ha perdido su casa, sus cosechas y su medio de vida, hoy? Desgraciadamente, me da la impresión de que lo propiamente agrario ya no está de moda y que nuestros políticos prefieren defender iniciativas más mediáticas”, lamenta Aniorte.

Las Uvas del Vinalopó en la UCI, según Pedro Rovira Marco

Dos de cada tres uvas que se consumen en Nochevieja proceden del Medio Vinalopó alicantino. Esta producción acogida a Denominación de Origen Protegida es cultivada únicamente en el territorio amparado que comprende los términos municipales de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana, donde la uva de mesa embolsada forma parte indisoluble de la economía de estos pueblos y de la idiosincrasia de sus gentes. Un cultivo artesanal, mimado al extremo y único en el mundo, gracias a la técnica del embolsado de los racimos, y que, desgraciadamente, o nos ponemos a trabajar, a mejorar los precios en origen que percibe el agricultor, o puede tener las Nocheviejas contadas.

El incremento constate de sus costes de producción (fertilizantes, gasoil, jornales, agua, cargas impositivas cada vez más gravosas…), unido al hecho de que siga vendiéndose por lo mismo que hace veinte años, ha desencadenado que las nuevas generaciones no se hayan visto atraídas por continuar con un cultivo que, lejos de ofrecer alguna rentabilidad, casi cuesta dinero producir, por no hablar de la “enfermedad” que supone superar las adversidades de cada campaña.

Adversidades que vienen por tantos frentes que se me hace imposible contarlos con los dedos de una mano. Desde las climáticas, hasta la dejadez que nos propinan los gobiernos y hasta nuestros representantes locales. Acontecimientos como el corte de nuestra frontera con Francia en plena campaña nos ha hecho perder millones de euros sin que nadie haga nada ni se ofrezca compensación alguna, por no hablar de la permisibilidad que se concede a supermercados españoles que venden uva procedente de otros países de Europa mantenida en cámaras, cuando la nuestra está en plena recolección, fresca y a unos pocos kilómetros de distancia.

Situaciones y factores que han conducido a un sector que es competitivo, que ha sabido diferenciarse y aportar a su producto un valor añadido, que emplea cada temporada a 12.000 personas y que factura 25 millones de euros, directamente a la UCI. Y no quiero parecer tremendista, pero es que esta última campaña ya hay casos de jóvenes empresarios que han arrancado sus viñas porque no les queda más riñón ni salud mental para aguantar tal situación.

¿Y por qué ahora si llevan años aguantando? La gota que ha colmado el vaso y le ha propinado la estocada definitiva al cultivo se fundamenta en dos factores principales. Por un lado, el incremento de costes, principalmente motivado por la subida del salario mínimo interprofesional. Por otro, el encarecimiento del Seguro Agrario en más del 70% que empezó a aplicarse en 2019. Hecho que llevó al sector entero a movilizarse en el mes de marzo en Alicante, con los alcaldes de todos los municipios incluidos. Una concentración en la que conseguimos visualizar el problema ante la sociedad y hacérselo llegar al Gobierno, pero que no logró la suspensión de esta “desmesurada subida”, que solo se explica por el ánimo de lucro de Agroseguro, permitido por ENESA, la compañía estatal de seguros agrarios.

En esta tesitura, con otra campaña desastrosa más a las espaldas y los ánimos de los productores por los suelos …, la semana pasada se abría una nueva oportunidad para salvar al sector, cuando una comitiva de ediles de la comarca se desplazaba a Madrid para reunirse con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de revertir la situación insostenible, principalmente, del seguro agrario. Pero lejos de pactar acciones inmediatas, los ediles solo lograron escuchar propuestas tan repetidas como insuficientes, como la modulación del seguro, pudiendo los agricultores decidir la cobertura de los riesgos y así abaratar tarifas. Algo que sabíamos que estábamos cerca de conseguir en los grupos de normativas. Así que, oportunidad perdida. Nuestros políticos nos han vuelto a fallar.

Y es que, si de verdad quieren ayudar a los productores de uva de mesa solo hay dos posiciones valientes que hemos echado en falta en la negociación. La primera es denunciar a la Gran Distribución y supermercados españoles que traen uva de fuera y declinan la fruta fresca y de calidad del Vinalopó. La segunda, que no hayan luchado con uñas y dientes por obtener una mayor subvención por parte del Ministerio, cuando saben que es el único camino para volver a tener un seguro como el de antes, con las mismas coberturas.

Pedro Rubira Marco

Presidente Sectorial UVA de Mesa ASAJA-Alicante

Presidente ASAJA Novelda

 

SEO/BirdLife se opone al trasvase de agua del Tajo a las Tablas de Daimiel

  • La organización conservacionista muestra su oposición frontal a la propuesta lanzada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de trasvasar agua a las Tablas de Daimiel desde el Tajo.

SEO/BirdLife rechaza los trasvases para solucionar problemas derivados de una anacrónica gestión y planificación hidrológica, y apunta a que es una irresponsabilidad seguir incidiendo aún más en los conflictos sin atajar los problemas en su origen: un modelo agroindustrial gran demandante de agua en expansión en La Mancha.
Ejecutar transferencias de agua hacia Daimiel sería, según SEO/BirdLife, asumir la incapacidad de las Administraciones Públicas de España de conservar un parque nacional declarado de interés general del Estado.

Madrid, 22 de noviembre 2019. Ante la grave situación que atraviesa el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con solo 69 hectáreas encharcadas de sus cerca de 2.000 hectáreas inundables, SEO/BirdLife entiende que apostar por aportaciones externas de agua, supuestamente excepcionales, como única solución, es una imprudencia que muestra la auténtica desgobernanza en política de aguas y conservación de la naturaleza. Una política en la que subyace la oferta del agua y que no atiende a la gestión y control de la demanda, tal y como obliga la Directiva Marco del Agua, que sigue obviando la urgente necesidad de redimensionar la demanda del sector agrario de regadío, verdadero origen de los problemas ambientales, y repite los mismos errores que sufren otros humedales como Doñana y el Mar Menor.

Tras casi medio siglo desde su declaración como Parque Nacional, y cerca de dos ciclos completos de planificación hidrológica, considerar como una “situación excepcional” el estado en el que se encuentra hoy el parque nacional es un irresponsabilidad, máxime teniendo en cuenta que a Castilla-La Mancha le corresponden las competencias de agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente y turismo, entre otras muchas materias relacionadas con el agua y este espacio natural protegido.

Para Roberto González, responsable del Programa de Aguas, “estos planteamientos no solo imposibilitan avanzar en la nueva cultura del agua, sino que retrotraen el debate a finales del siglo pasado”, y apunta que “respaldar medidas de esta índole es asumir sin tapujos la incapacidad de las Administraciones Públicas de conservar un parque nacional declarado de interés general del Estado, y clave para la conservación de especies de aves amenazadas como el escribano palustre, el carricerín real o el pato colorado”.

Sin cumplir las normativas, perderemos Las Tablas

Con las Tablas de Daimiel (dentro de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda), en la Red Natura 2000, declaradas como “IBA in Danger”, e incluidas en Lista Mundial de Humedales Ramsar en peligro (Registro de Montreux), Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife apunta que “la propuesta refleja un nulo interés y compromiso por mejorar a largo plazo la implantación de los objetivos y las obligaciones de las normativas europeas. La verdadera necesidad a la que se enfrenta Daimiel es al ahorro de agua de forma realista, redimensionar los consumos de hídricos agrarios y a buscar la adaptación de las demandas a las futuras reducciones del recurso que impondrá la crisis climática. De hecho, en la COP que próximamente se celebrará en Madrid, como país anfitrión debemos mostrar coherencia protegiendo nuestros humedales como ecosistemas clave para mitigar los efectos del cambio climático”.

Finalmente, SEO/BirdLife apunta que el ‘parche’ de traer agua a Daimiel, aunque sea de forma puntual, no solo no lograría superar el desequilibrio entre las demandas legales e ilegales y la conservación del parque nacional, sino que cronificaría aún más problemas como la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el empeoramiento de la calidad de las mismas, los descensos en los aportes naturales, las alteraciones al sistema hidrológico y las afecciones a los ecosistemas. Además, exportaría aún más los conflictos a otra cuenca hidrográfica, que ya de por sí se encuentra en una situación de extrema gravedad y que ni siquiera cuenta con garantías legales para conservar sus caudales ecológicos fundamentales para asegurar la conservación de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 del eje principal del río Tajo.

La organización conservacionista, subraya que la Administración Autonómica cuenta con las necesarias competencias y mecanismos para alcanzar una planificación hidrológica acorde a los principios de la Directiva Marco del Agua, es decir, para asegurar el futuro del parque nacional, sin que este deba limitarse a esperar a ver cómo se presentan las precipitaciones invernales para que los ríos Guadiana y Gigüela, que alimentan el parque nacional y su zona de protección, vuelvan a aportar agua al humedal. Asimismo, SEO/BirdLife insta a que se deje de fomentar la agroindustria en el acuífero de la Mancha Occidental y la reconversión del viñedo tradicional de secano a espaldera en regadío (además de la expansión de otros leñosos en regadío). Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe cumplir su papel de gestor y vigilante para que se controlen de forma exhaustiva los consumos en cada uno de los miles de pozos que extraen agua del mismo acuífero del que se alimentan Las Tablas y los Ojos del Guadian

El Tribunal Constitucional confirma que los espacioes de la Red Natura 2000 no son urbanizables

  • El Tribunal Constitucional declara que la reforma de la Ley del Suelo (LSOTEX) realizada por la Junta de Extremadura para tratar de legalizar el complejo Marina Isla de Valdecañas es inconstitucional.
  • Adenex y Ecologistas en Acción entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas y la pretensión de la Junta de Extremadura de seguir urbanizando espacios protegidos de la Red Natura 2000
  • Las organizaciones ecologistas esperan que esta sentencia sirva para dejar de responsabilizarlas de las consecuencias de un desmán urbanístico y ambiental de esta envergadura y cese la intensa campaña de desprestigio que sufren por defender la legalidad urbanística y la red europea de espacios protegidos.

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia por la que se estima sustancialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en el marco del procedimiento contencioso administrativo en el que ya se ha declarado la ilegalidad de la urbanización de la isla de Valdecañas.

Todo este procedimiento proviene de la homologación por parte de la Junta de Extremadura del PIR Marina Isla de Valdecañas, decisión que fue recurrida tanto por Adenex como por Ecologistas en Acción. En dicho procedimiento ante el TSJ de Extremadura, las organizaciones ecologistas solicitaron que se plantease una Cuestión de Inconstitucionalidad por la Sala contra dicha reforma legislativa de la LSOTEX. Los argumentos eran claros: se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000.

Dicha Cuestión de Inconstitucionalidad fue planteada finalmente por el TSJEX y ha sido estimada parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en la cuestión planteada en dicho procedimiento por parte de ADENEX, por lo que es esperable que ocurra lo mismo con el resto de procedimientos pendientes de resolverse, como el de Ecologistas en Acción.

Lo relevante es que el Tribunal Constitucional vuelve a confirmar, por tercera vez, lo alegado por las asociaciones ecologistas: “que la utilización de los terrenos con valores ambientales  que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Protección que alcanza aún mayor intensidad, si cabe, en el caso de los espacios naturales especialmente protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000”.  Esta regulación es de carácter estatal y básico y no puede ser alterada por las comunidades autónomas como hizo la Junta de Extremadura en su Ley 9/2011 con la pretensión de legalizar el complejo Marina Isla Valdecañas, la cual es declarada inconstitucional.

Es cierto que el TC no estima completamente la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que el procedimiento de homologación no era una ley singular. Efectivamente, establece que, como procedimiento de homologación, tal y como se regulaba, resultaba válido. Pero esta cuestión resulta completamente intrascendente: el propio TC detalla expresamente que no procedería una homologación sobre un precepto, el artículo 11 LSOTEX, que ha sido declarado contrario a la Constitución.

Las organizaciones ecologistas entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas. Al mismo tiempo debilita los argumentos planteados por la Junta de Extremadura respecto a la imposibilidad material, al entender el TC que la urbanización supone la desprotección y destrucción de facto del espacio afectado.

Es por estos motivos que las organizaciones ecologistas manifiestan su satisfacción tras más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables e instan a los responsables de este desatino que asuman su responsabilidad aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del suelo a su estado previo, pues lo paradójico de esta situación es que sean  las organizaciones ambientales las que sean objeto de una  intensa campaña de desprestigio por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Extremadura, cuando esta es una responsabilidad de los poderes públicos.

La deforestación en la Amazonía se ha incrementado un 30% en el último año

  • Entre agosto de 2018 y julio de 2019 se han deforestado 10.000 km², el equivalente a 1,4 millones de campos de fútbol
  • Es la mayor tasa de deforestación desde 2008

La deforestación de la Amazonía ascendió a 9.762 km² entre agosto de 2018 y julio de 2019, según los datos del PRODES (Proyecto de Monitoreo de Deforestación por Satélite en la Amazonía Legal) publicado hoy por el Instituto de Investigación Espacial brasileño (INPE). Esta cifra representa un aumento del 30% respecto al período anterior y es la tasa de deforestación más alta registrada desde 2008.

“Estamos cosechando lo que el Gobierno ha sembrado desde la campaña para las elecciones presidenciales. La agenda antiambiental del presidente Bolsonaro ha eliminado la capacidad de Brasil para combatir la deforestación, favorece a quienes practican delitos ambientales y alienta la violencia contra las comunidades y pueblos indígenas que viven en la selva. La administración de Bolsonaro está destruyendo todo el trabajo realizado en las últimas décadas para proteger el medio ambiente en Brasil“, ha declarado Cristiane Mazzetti, responsable de la campaña sobre la Amazonía de Greenpeace.

La tendencia a la deforestación continúa creciendo. Según los datos de DETER, un índice desarrollado por el INPE que analiza alertas de cambios en la cubierta forestal en la Amazonía, los primeros tres meses que componen el próximo período PRODES (de agosto a octubre del año de 2019) muestran un aumento de aproximadamente el 100% del área, con signos de deforestación, en comparación con el mismo período de 2018.

Greenpeace alerta de que, ante este grave escenario para la Amazonía -con el aumento de incendios, deforestación, invasiones de áreas protegidas y violencia contra los pueblos indígenas-, el Gobierno brasileño no ha presentado ninguna política coherente para proteger el bosque y sus pueblos; al contrario, se ha posicionado del lado de los responsables de estos crímenes ambientales.

“La combinación de altas tasas de deforestación y falta de gobernanza cuesta vidas, sitúa al país en contra de la lucha contra el cambio climático y daña la economía, ya que el mercado internacional no quiere comprar productos que proceden de la destrucción y violencia ambiental”, ha advertido Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, que acompaña estos días a una comitiva indígena brasileña que se encuentra de visita a España para denunciar las políticas de Bolsonaro.

La organización ecologista insiste en que es necesario revertir de inmediato el actual ritmo de destrucción ambiental y exigir un plan efectivo para combatir la deforestación. Las empresas que compran productos como soja y carne procedente de Brasil también deben posicionarse en contra de la desastrosa política antiambiental de Bolsonaro y acelerar sus esfuerzos para eliminar por completo la deforestación de sus cadenas de suministro (1).

Miguel Ángel Soto | Greenpeace

La Alianza Residuo Cero exige el fin de los plásticos de un solo uso a Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y resto de empresas responsables

  • Del 6 al 15 de noviembre se celebra la Semana de Acción Global de Reducción de Residuos apoyada por más de 1.800 organizaciones.
  • A lo largo de la semana se pondrá el foco en señalar a la industria que contamina con plásticos el planeta y promover soluciones como puerta a puerta, pago por generación y Sistema de Depósito.
  • Surja el gobierno que surja tras los resultados electorales del 10N, es más que nunca necesario recuperar adecuadamente las más de 15 millones de toneladas anuales de residuos urbanos que no se reciclan poniendo en riesgo así nuestra salud y contaminando nuestro entorno.

La Semana Global de Reducción de Residuos, promovida  por la plataforma Break Free From Plastic, entre las que se encuentran las organizaciones de la Alianza Residuo Cero, se está celebrando esta semana del 6 al 15 de noviembre. La cita reivindicativa se centra en denunciar la contaminación de plásticos en los ecosistemas marinos y terrestres. Una denuncia  que comparte Alianza Residuo Cero, reclamando a su vez que la industria se responsabilice de los envases plásticos que pone en el mercado.

Las entidades de la alianza llevan años reclamando la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo actual, lo que a su vez implica reducir desde el origen la cantidad de residuos, en especial los residuos plásticos de un solo uso. A su vez exigen sistemas de recogida de residuos más eficientes, principalmente modelos de recogida separada, que permiten un tratamiento más adecuado de los residuos y son la puerta a la reutilización.

De los 22 millones de toneladas de residuos urbanos que se generan en España, tan solo se recicla un 30%, y la reutilización solo tiene cabida en el sector de la restauración cuando debería extenderse al ámbito comercial. Es decir, 15 millones de toneladas de nuestros residuos acaban en una incineradora o en un vertedero y, por lo tanto, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestro entorno. Ahora más que nunca para hacer frente a la crisis climática y ecosocial en la que nos encontramos, y surja el gobierno que surja tras los resultados electorales del pasado domingo, es indispensable aplicar sistemas que permitan la reducción y reutilización, minimizar la cantidad de residuos vertidos y prohibir la incineración, y por ende la valorización energética.

Con el fin de avanzar hacia el residuo cero, la Alianza entiende que las empresas deben aportar soluciones que pasen por la reducción drástica de la generación de residuos y la reducción del consumo de recursos naturales. Para ello, es indispensable utilizar materiales reutilizables y duraderos y establecer medidas que ya han demostrado su eficacia como la recogida selectiva de los residuos orgánicos para su compostaje, la recogida de residuos puerta a puerta, el pago por generación, así como Sistemas de Depósito de envases, podría aumentar de manera significativa los porcentajes de reciclaje.

Para exigir estas responsabilidades es necesario visibilizar y denunciar a las empresas más contaminantes y así lo ha hecho Break Free From Plastic a través de su reciente informe donde señala a Coca cola, Nestlé y PepsiCo como las mayores responsables de la contaminación con plásticos en nuestro entorno natural.

Más de 240 organizaciones exigen justicia para el defensor ambiental, Golfrid Siregar

Hoy 31 de octubre, 240 organizaciones reclaman al Gobierno Indonesio una investigación exhaustiva de la muerte del defensor de derechos humanos, Golfrid Siregar. Las organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra, han acudido a las embajadas de Indonesia para entregar una carta en la que manifiestan su solidaridad con las comunidades de este país.

Más de 240 organizaciones y colectivos de la sociedad civil se unen en todo el mundo  para pedir al gobierno indonesio que inicie una investigación exhaustiva y transparente sobre la muerte de Golfrid  Siregar, abogado ambientalista de Wahly, Amigos de la Tierra Indonesia. A su vez exigen al gobierno que proteja de forma urgente los derechos humanos de la población del país asiático.

El 6 de octubre de 2019, Golfrid  Siregar  moría en extrañas circunstancias en el norte de Sumatra. A pesar de que su cuerpo se encontró abandonado en una cuneta con severos golpes en la cabeza, la policía local señala que su muerte se debió a un accidente de tráfico. Sin embargo, los hechos plantean serias dudas: su cuerpo solo contaba con golpes en la cabeza y no mostraba lesiones ni magulladuras en otras zonas, en la misma línea ni su ropa ni su moto estaban rasgadas. Esto contradice la versión oficial y no refleja los daños propios de un accidente de tráfico. Además, se halló tierra en su ropa, algo inexplicable ya que la zona en la que se le encontró estaba pavimentada. De la misma forma, y acrecentando las sospechas de asesinato, tampoco se identificaron manchas de sangre en la supuesta zona del accidente.

Las circunstancias de su muerte son todavía más sospechosas si se contempla que desde 2016 Golfrid trabajaba como abogado ambiental en Walhi, donde representaba a las comunidades locales en diferentes demandas asociadas a la tala ilegal de bosques, la minería y el acaparamiento de tierras entre otras.

Uno de los casos más recientes en los que estuvo involucrado fue una demanda judicial contra PT NSHE, la empresa promotora de la controvertida Represa Hidroeléctrica Batang Toru en la isla de Sumatra. La demanda judicial presentada por Walhi alegaba que la empresa violó al menos tres leyes indonesias referidas a la autorización del proyecto, buena gobernanza y vicios procesales. A su vez, el activista ambiental fue sumamente activo en una demanda ante la Comisión para la Erradicación de la Corrupción ante una posible estafa y delito de corrupción por parte de la hidroeléctrica PT NSHE y el gobierno local.

Cabe destacar que el proyecto de la Represa Hidroeléctrica Batang Toru ha generado controversia no sólo por sus problemas ambientales y sociales, sino también por las posibles actividades relacionadas con estafa y corrupción asociadas a la empresa PT NSHE. Diferentes expertos científicos han sido despedidos por hablar en contra del proyecto; activistas locales han denunciado a la empresa por acoso, intimidación y persecución, y, recientemente, el experto indonesio que confirmó que su firma había sido falsificada en la Evaluación de Impacto Ambiental fue acusado de difamación.

Existe una tendencia creciente de hostigamiento y criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, incluida Indonesia. La muerte de Siregar  es un ejemplo trágico de la situación de indefensión que sufren estos activistas en Indonesia, que se enfrentan a continuas amenazas e intimidaciones  por sus esfuerzos por proteger a las comunidades y su medio ambiente.

Ante tal situación de injusticia,  las organizaciones de la sociedad civil se niegan a permanecer en silencio. El gobierno indonesio debe tomar medidas urgentes e inmediatas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.  La sociedad civil exige justicia y que los países apoyen un tratado vinculante de derechos humanos y empresas que ponga fin a esta impunidad.

Teresa Rodríguez Pierrard | Amigos de la Tierra

Manifestación por el Mar Menor el 30 de octubre en Cartagena

Ecoactiva se une a Greenpeace y otras organizaciones en la manifestación por el Mar Menor del próximo 30 de octubre en Cartagena para exigir acción política

Tras la grave catástrofe medioambiental sucedida en el Mar Menor, Greenpeace hace una llamamiento a toda la sociedad para que participe en la manifestación del próximo miércoles 30 octubre en Cartagena para exigir a la clase política que tome medidas efectivas y comprometidas para salvar estas aguas.

La manifestación, con el lema ‘S.O.S. Mar Menor’ tendrá lugar el próximo miércoles a las 18h en la Plaza España de Cartagena con el objetivo de solicitar una solución inmediata al grave deterioro del Mar Menor, evidenciado recientemente con la muerte de miles de peces y crustáceos en sus aguas.

Greenpeace denuncia que la grave situación en la que se encuentra el Mar Menor ha sido causada por décadas de desidia administrativa que ha permitido la proliferación de pozos ilegales, desalobradoras y regadíos intensivos grandes demandantes de nitratos y pesticidas. A ello, se suma una urbanización salvaje y sin control que no ha sabido controlar sus vertidos y la construcción de infraestructuras que ha cementado grandes áreas naturales alrededor del Mar Menor.