Las empresas ‘Marca España’ suspenden al informar sobre su impacto ambiental

  • Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No financiera y Diversidad
  • Las empresas “Marca España” ocultan en su reporte los errores, infracciones, multas y escándalos en los que se ven involucrados
  • La falta de un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 compromete los objetivos del actual Gobierno de reducción de emisiones, economía circular o conservación de la biodiversidad

Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1). Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros, algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad.

El informe evalúa exclusivamente los aspectos medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos (petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil, distribución y agroalimentario). El análisis se ha centrado principalmente en los reportes ofrecidos en los propios “Estados de Información No Financiera” elaborados por cada una de estas empresas en el ejercicio 2018 (3).

Según los diferentes sectores económicos analizados, el informe de Greenpeace concluye que:

Ninguna de las empresas analizadas cumple plenamente con la Ley 11/2018 de información no financiera. Las grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media de las 23 compañías analizadas no supera los 35 puntos sobre 100.
Las industrias cárnicas y el sector aéreo son los que peor cumplen la norma.
Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su política y sistema de gestión (41,12 puntos sobre 100) y energía (39,95 puntos sobre 100), y peor sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (14,21 sobre 100) junto con cadena de suministro (27,05 sobre 100).
Como en otros estudios similares, los sectores sujetos a un mayor escrutinio por parte del regulador los mercados de carbono) se acercan más al cumplimiento de la Ley 11/2018. Así, se da la paradoja de que los sectores más contaminantes, el eléctrico y el de los combustibles fósiles, son los que presentan más información.
“En general, el reporte de las empresas Marca España se centra más en ofrecer una imagen (muchas veces errónea) de ‘sostenibilidad’ que en asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “La ley obliga a las empresas a hacer una descripción completa de los impactos, con información rigurosa sobre la identificación de riesgos derivados de su actividad, tanto generales como desglosados por instalaciones y por países. Sin embargo, las grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos”.

El contraste entre las obligaciones establecidas en dicha ley y el desempeño de las empresas en el reporte, ponen en evidencia que el sector empresarial no está realizando una correcta rendición de cuentas como exige la ley.

El sector financiero no explica ni desagrega por países el impacto ambiental de sus inversiones en los sectores del carbón, el petróleo, el gas o la industria agropecuaria responsable de los incendios en Brasil. La industria cárnica no describe el impacto de toda su cadena de valor, desde la deforestación producida en otras latitudes para la producción de soja destinada a la fabricación de piensos, hasta la contaminación de los acuíferos en las regiones españolas invadidas por explotaciones de ganadería industrial. Y el sector textil no tiene en cuenta en su reporte el impacto para los recursos naturales del consumo masivo de ropa de temporada y los impactos de sus procesos de producción.

“Ante el estado de Emergencia Climática y crisis de Biodiversidad que vivimos, el sector empresarial español no se ha tomado en serio la medición real del impacto ambiental de su actividad y la correcta rendición de cuentas” ha añadido Soto. “Para abordar esta crisis es clave avanzar en la correcta asunción de su papel en la sostenibilidad, superando la fase de los compromisos voluntarios, la adhesión genérica a acuerdos y pactos internacionales o la responsabilidad social corporativa”.

El análisis también concluye que es urgente un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad que clarifique conceptos clave como, por ejemplo, qué se entiende por riesgo. El reglamento debe incorporar indicadores de resultado en todas las dimensiones contempladas en el área de medio ambiente y las metodologías precisas para que la información facilitada por las empresas sea homogénea y, por tanto, comparable. Y es obligado también fijar un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la ley por parte de las empresas.

“Si el Gobierno quiere tener en el tejido empresarial un aliado para sus objetivos de Transición Ecológica y de alcanzar el objetivo del 1,5 ºC es necesario pasar de la voluntariedad a la obligación, e instar a todos los sectores a presentar información detallada sobre cómo realizan la evaluación de riesgos, cómo aplican el principio de prevención y precaución, y cuales son sus planes para adecuar sus emisiones a los objetivos ambiciosos que la actual situación de Emergencia Climática requiere” ha concluido Soto.

Además, Greenpeace demanda al Gobierno que durante la presente legislatura se lleve al Congreso una propuesta de ley de Debida Diligencia que obligue a las grandes empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos humanos, y la reparación del daño causado; en la misma línea, demanda un apoyo decidido en el seno de la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad de las empresas.

La Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad, obliga a las grandes empresas a informar sobre aspectos no financieros, concretando los contenidos a reportar en los ámbitos de medioambiente, trabajadores, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores e información fiscal. En el ámbito medioambiental se exige que las empresas informen específicamente sobre temas como la contaminación, el fomento de la economía circular y la prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos, la lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
Las 23 empresas “Marca España” analizadas son: Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa (ENEL), Iberdrola, ACS, FCC, Ferrovial, Santander, BBVA, CaixaBank, Mapfre, Iberia (IAG), Air Europa, Inditex, Mango, Cortefiel (Tendam), Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Casa Tarradellas, Campofrío (SIGMA) y El Pozo (Grupo Fuertes).
El análisis de los datos que aparecen en el informe ha sido elaborado por un equipo de personas expertas del Observatorio de la Sostenibilidad por encargo y bajo la coordinación de Greenpeace España.
Fin del comunicado

Miguel Ángel Soto | Greenpeace

 

ASAJA apoya las protestas de los agricultores de uva de mesa del Vinalopó

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha suscrito esta mañana en la localidad de Monforte del Cid el manifiesto reivindicativo de la uva de mesa embolsada del Vinalopó, que se ha dado a conocer en rueda de prensa y que cuenta con el apoyo de todos los ayuntamientos de los pueblos del Medio Vinalopó y Agost y el Consejo Regulador. Dicho documento recopila las amenazas que están ahogando al sector, como el elevado costo del seguro agrario, el precio del agua, el IRPF y los precios ruinosos en origen y justifica la batería de actos de protesta que se van a llevar a cabo durante el 2020, siendo el primero de ellos el 28 de febrero en Alicante.

La situación del sector de la uva de mesa embolsada del Vinalopó es insostenible. Los agricultores no pueden seguir soportando más campañas como la que acaba de finalizar, en la que los precios ruinosos en origen, unido al aumento de los costos de producción están asfixiando al pequeño y mediano agricultor, que esta temporada, en algunos casos, ha preferido dejar perder la uva porque le costaba más dinero recogerla que lo que le iban a pagar por ella. Y es que, de seguir así, en un plazo de tres a cinco años va a desaparecer más del 50% de la superficie agraria de un cultivo tan emblemático y tradicional como este, además de estratégico, ya que de él dependen directamente 13.000 familias en la comarca.

Por ello, esta mañana ha tenido lugar en la Cooperativa de Monforte de Cid la lectura de un manifiesto reivindicativo que ha suscrito ASAJA Alicante, organizaciones agrarias, el Consejo Regulador y todos los ayuntamientos del Medio Vinalopó y Agost. Documento que supone el punto de partida hacia una batería de movilizaciones que arrancarán en Alicante el próximo 28 de febrero (la tipología de protesta se determinará la próxima semana), y que pretenden denunciar los motivos que han llevado a la uva del Vinalopó a una crisis estructural sin precedentes. “Es el momento de elevar el tono para que se escuchen los problemas que nos han llevado a esta situación y evitar que se sigan arrancando plantaciones, muchas de ellas de jóvenes empresarios que están hartos de perder dinero”, ha afirmado el presidente de Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte.

Entre las principales exigencias para la viabilidad inmediata del sector figuran: un seguro agrario accesible, por lo que pedimos que se estudie la posibilidad de corregir las medidas en el Plan Anual 2020 y aplicar la normativa del 2018; el precio inasumible del agua, ya que la ausencia de compromiso en lo relativo al trasvase del Júcar-Vinalopó ha generado que, tras 14 años desde que se inició la conducción, éste siga bloqueado en Madrid; la necesidad de reducir de forma permanente el módulo de tributación IRPF del 0,32 al 0,20, ya que ahora, a los elevados costos de producción habrá que sumarle la subida del salario mínimo interprofesional, que mermará más si cabe cualquier posibilidad de rentabilidad; y los precios mínimos en origen. “Por supuesto, no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero esa medida debe ir acompañada de una Ley de Precios Mínimos similar a la que se aprobó en el año 2018 en Francia y trabajar en la línea de garantizar la rentabilidad de los productores en origen. Es de justicia lo que estamos pidiendo, pues los agricultores y productores de uva de mesa también tenemos derecho a un SMI y a sentirnos retribuidos por nuestro trabajo. Por ello, reivindicamos precios justos que no permitan impulsar y no abandonar la agricultura y el cultivo de uva de mesa”, denuncia Aniorte.

Malestar de ASAJA con las opiniones de AVA Valencia sobre las actuaciones contra la Xylella

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante rechaza rotundamente las recientes declaraciones vertidas por el presidente de AVA ASAJA Valencia, Cristóbal Aguado, sobre cómo la Conselleria de Agricultura está gestionando actualmente la plaga de la Xylella fastidiosa en nuestra provincia, que ha suavizado la estrategia de erradicación masiva que se venía aplicando durante más de dos años en la agricultura de secano del norte de Alicante.  Desde ASAJA Alicante entendemos que persistir en arrancar exclusivamente almendros es una medida innecesaria, pues ya ha pasado mucho tiempo entre la detección de la plaga y la aplicación de las medidas. Esta posición, también respaldada por la comunidad científica, que afirma que “realizada la entrada de una enfermedad (epidemia) y no erradicarla a medio plazo (2 años), las acciones de erradicación ya no tienen eficacia”, deja constancia que a estas alturas no tiene sentido seguir ofuscados en arrancar y destruir la zona. Al respecto, recientemente hemos conocido información revelada por reputados expertos en Xylella fastidiosa y comportamiento del insecto vector, que han dicho por activa y por pasiva que la tala indiscriminada de árboles no va a frenar el avance de la Xylella porque la bacteria lleva en Alicante más de 30 años, siendo la erradicación solo apta para la fase inicial del proceso infeccioso. Por todo ello, entendemos que las declaraciones formuladas por AVA no van solo en contra de la consellera de Agricultura, sino, también, contra todos los agricultores de almendro del norte de Alicante en una disfrazada defensa hacia los intereses de los viveristas, que quieren exterminar 4.000 hectáreas de cultivo en Alicante.

Comienza en Ávila el juicio por la caza ilegal de lobos durante una montería

  • Es el primer caso por caza ilegal de un lobo como especie protegida en España que llega a juicio.
  • Ecologistas en Acción se persona en la causa como acusación particular e intentará conseguir una sentencia condenatoria ajustada a derecho que ayude a prevenir las muertes de esta especie amenazada.

Los días 9 y 10 de enero de 2020 se va a desarrollar en el Juzgado de lo Penal de Ávila el juicio oral contra dos cazadores por la muerte ilegal de un lobo. Esta muerte tuvo lugar durante la celebración de una montería el 29 de noviembre de 2015 en el coto de caza Valdeciervos de la localidad de Tornadizos de Ávila.

Ecologistas en Acción está personada en la causa como acusación particular. Otras partes personadas son las asociaciones Lobo Marley y Anadel y la Junta de Castilla y León que pide sanciones económicas. Sorprendentemente la Fiscalía de Ávila no formuló acusación e incluso pretendió el archivo de la causa que fue desestimado por el Juzgado de Primera Instancia.

En este caso las pesquisas del Seprona de la Guardia Civil pudieron determinar, mediante el análisis de pruebas testificales, documentales, genéticas y balísticas, que desde el puesto número 15 de la montería celebrada en el coto Valdeciervos se disparó a un grupo de lobos abatiendo al menos a uno. El cuerpo del cánido fue retirado y no ha aparecido, pero hay fotos del animal muerto, así como rastros de pelo y sangre que, junto con los casquillos de munición y las armas, permiten dirigir y argumentar una acusación. De otro segundo lobo, que también fue abatido según las declaraciones iniciales de los testigos, no se consiguieron pruebas de su muerte.

Los presuntos autores de los disparos que acabaron con la vida del lobo serían dos cazadores, uno de ellos sin licencia de armas, que portaban sendos rifles. A petición de las acusaciones particulares se enfrentan, por la caza de una especie protegida, a penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para cazar. En el caso del portador de armas sin licencia se enfrenta además a una pena de un año de prisión. La acusación de la Junta de Castilla y León pide pena de 16 meses de multa a razón de 100 euros diarios e inhabilitación para cazar por cuatro años, así como una indemnización de 9.261 euros por la muerte de la especie protegida.

El lobo atraviesa una situación muy delicada en España y singularmente en la comunidad de Castilla y León. La especie está considerada en su conjunto especie estrictamente protegida en aplicación del anejo II del Convenio de Berna y está protegida específicamente al sur del Duero en aplicación de la directiva europea 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. También esta población sureña se ha incorporado al listado español de especies silvestres en régimen de protección especial. Por lo tanto, al sur de esta línea fluvial el lobo no se puede cazar, “dándose además la circunstancia de que la población está sujeta a una constante presión por la caza ilegal y por los controles que ejerce la Junta de Castilla y León, así como por la alteración y destrucción de los hábitats debida a la intensificación de la ganadería y de la caza” ha manifestado Carolina Martín, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

A pesar de que la caza ilegal de lobos es un problema de primera magnitud para la especie, resulta muy difícil su persecución. Son pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias, así como por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos. Con su actuación en el juicio Ecologistas en Acción intentará conseguir una sentencia condenatoria ajustada a derecho, que deje palpable la gravedad de dar muerte a una especie protegida como el lobo y que así ayude a prevenir las muertes de lobos en el futuro como medio para recuperar las poblaciones de esta especie amenazada.

Carolina Martín Cortijo

Reactivo ante la comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo

  • Greenpeace pide a la Comisión Europea un Pacto Verde más ambicioso que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de París
  • Las medidas anunciadas por Bruselas no llegarían a tiempo ni serían suficientes para afrontar la emergencia climática

Tras la presentación oficial realizada hoy por la Comisión Europea de su plan para un Pacto Ecológico europeo, conocido como “Green Deal”, Greenpeace ha señalado que, aunque el número de propuestas es significativo y las promesas son más relevantes que las realizadas por las Comisiones anteriores, las políticas en sí siguen siendo demasiado débiles y necesitan ser estructuradas.

“Ursula von der Leyen promete que el Pacto Verde europeo abordará la crisis climática desbocada y la destrucción masiva del medioambiente, pero los objetivos climáticos propuestos son insuficientes y deberían alcanzarse mucho antes”, ha declarado Franziska Achterberg, portavoz de la Unidad Política de Greenpeace en Bruselas.

Respecto a las políticas de protección medioambiental, para Greenpeace hay muchas propuestas que deberán desarrollarse abordando el sistema de producción y consumo que nos han llevado a esta situación climática.

“La situación medioambiental y de desigualdad social requieren un replanteamiento fundamental del sistema económico que durante décadas ha premiado la contaminación, la destrucción del medioambiente y la explotación humana, por lo que instamos a Von der Leyen y a su equipo a que presenten una legislación que esté a la altura de las circunstancias”, ha añadido Achterberg.

Sobre el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2030, Greenpeace considera que una disminución del 50-55% de las emisiones para 2030 no es suficiente. La organización ecologista advierte de que cuanto más se espere para hacer los cambios necesarios en el sistema económico para evitar los peores impactos del cambio climático, más daño se causará y más difícil y caro será implantara soluciones. Greenpeace también alerta sobre el riesgo de socavar el Acuerdo de París y cualquier esperanza de liderazgo de la UE en materia de clima al retrasar su propuesta para el objetivo europeo de reducción de emisiones de 2030 hasta el verano de 2020.

La Comisión declaró que propondrá un nuevo objetivo para 2030 en el verano de 2020, lo que para Greenpeace implica que no habría tiempo suficiente para que los Gobiernos de la UE alcancen un acuerdo para la próxima cumbre climática de Naciones Unidas de Glasgow (COP26), en la que todas las partes del Acuerdo de París deberán presentar nuevos e incrementados objetivos climáticos para 2030 y eso le costaría a la UE su ya inestable liderazgo climático internacional y daría a otros actores globales una excusa para retrasarlo también.

“El Gobierno de España, como anfitrión de la COP25, tiene la posibilidad de liderar la ambición climática en Europa y demandar a la Comisión que proponga el aumento de los objetivos climáticos dentro de los próximos 100 días para llegar a tiempo de presentar unos compromisos de reducción de emisiones nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) alineados con las recomendaciones científicas y con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de campaña de cambio climático de Greenpeace.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la UE no logrará la sostenibilidad “si sigue promoviendo el crecimiento económico y tratando de gestionar los impactos ambientales y sociales”. Necesita repensar “no sólo las tecnologías y los procesos de producción, sino también los patrones de consumo y las formas de vida”. Corresponde a la Comisión modernizar fundamentalmente las políticas que hacen rentable un modelo destructivo.

Tatiana Nuño

Pasa una semana y retrocedemos dos pasos: El planeta necesita mayor ambición

  • Greenpeace recuerda a las representaciones de los Gobiernos que la sociedad está esperando que acuerden medidas valientes

Lo más importante de la primera semana de la COP25 no ha sucedido dentro del IFEMA, sino en las calles de Madrid, donde cientos de miles de personas han exigido justicia climática. Pero mientras tanto las representaciones de los Gobiernos han estado enfrascadas en discusiones en torno al Artículo 6, sin tener en cuenta la responsabilidad que tienen para hacer frente al gran problema de nuestro tiempo.

Greenpeace recuerda a las representaciones políticas presentes en la COP que la sociedad de todo el planeta está vigilante para ver qué eligen entre mercantilizar el medioambiente a través de un sistema para “traficar” con carbono, o si por contra prefieren avanzar hacia compromisos de reducción absoluta de emisiones como requiere la emergencia climática.

En este sentido, diferentes representantes de Greenpeace han realizado un serie de valoraciones sobre el avance de las negociaciones:

El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, ha afirmado: “La COP25 se está celebrando en Madrid, pero su corazón está en América Latina donde, especialmente en Chile, el vínculo entre una crisis ambiental y las demandas de justicia social se está viendo en las calles. Chile necesita cerrar sus centrales térmicas de carbón para 2030 o continuar sufriendo sequías e incendios forestales, provocados por la acción de las industrias contaminantes. Solo protegiendo sus bosques y haciendo que el acceso al agua sea un derecho, Chile puede exigir que otros países mejoren en la lucha contra la emergencia climática. No es posible tener una calidad de vida justa sin equidad ambiental y climática”.

Por su parte, el director Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha comentado: “En Madrid, acabamos de tener la mayor manifestación ambiental de nuestra historia. Esta demostración masiva y pacífica del poder de la gente debe impulsar las negociaciones hacia una ambición a la altura de lo que la ciencia exige para prevenir una emergencia climática fuera de control. Esto debería estar presente en todo momento en la agenda de los Gobiernos y las representaciones políticas en las negociaciones en la COP, así como en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno en España. No aceptaremos demoras ni trampas, la emergencia climática no puede esperar“.

Finalmente, la directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha señalado: “Nos encontramos en el ecuador de la cumbre del clima y aún no hemos visto que la energía de las calles se traduzca en energía política en la mesa de negociaciones, después de que, según las organizaciones convocantes, cientos de miles de personas marcharan pacíficamente en Madrid el pasado viernes. Las personas que lideran las negociaciones en la COP tienen la obligación moral y democrática de asegurar que el eco de los pasos de la gente se escuche en los pasillos del poder”.

Morgan recuerda que la presidencia chilena puso el foco en la ambición y que dijo que la lideraría con el ejemplo, “sin embargo, a medida que nos encaminamos hacia la segunda semana de negociaciones y comienzan a llegar representantes ministeriales de alto nivel, se verá cada vez más claro qué países están listos para mejorar sus compromisos en 2020 y presentar objetivos climáticos en línea con el Acuerdo de París. También quedará claro qué países quieren seguir priorizando las ganancias y el interés propio a los derechos de la gente”.

Jennifer Morgan ha concluido afirmando que: “Está en manos de la presidencia chilena poner la ciencia en el centro de estas negociaciones y convertir el poder del pueblo en acción política. Quienes lideran las negociaciones deben ser valientes y encontrar el camino a seguir: no hay otra opción”.

Conrado García

El Gobierno y el Consell siguen demorando las ayudas a los agricultores afectados por la DANA

ASAJA Alicante denuncia que a punto de cumplirse tres meses desde que la peor DANA en 140 años barriera la Vega Baja y las roturas del río Segura sumergieran durante más de una semana sus municipios baja el agua y el lodo, los agricultores, el sector más afectado, además de motor económico en la comarca, no han recibido ni un euro de todo lo prometido por parte del Gobierno y el Consell.

La próxima semana se cumplen tres meses desde que la peor DANA en 140 años, unida a las roturas del río Segura en varias de sus motas, arrasaran la comarca de la Vega Baja, dejando pérdidas millonarias en sus diferentes municipios, de las cuales, 550 millones de euros pertenecen al sector agroalimentario, el más afectado de todos. Desde ASAJA Alicante no entendemos el olvido, la dejadez y el maltrato que, tanto el Gobierno central como el Consell han propinado a los agricultores y ganaderos de esta tierra, que vieron como días después de la gota fría se producía un desembarco masivo de políticos de todos los rangos, desde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hasta el President de la Generalitat, Ximo Puig, pasando por ministros de varias carteras y hasta sus Majestades los Reyes de España, que llegaron a Orihuela para sobrevolar la zona afectada, anunciar una lluvia de ayudas y acaparar la foto de las portadas de periódicos e informativos. Después de esto, nada más hemos vuelto a saber de ellos. La realidad hoy, 83 días después de la catástrofe, es que hemos recibido cero euros y la Vega sigue paralizada, muy lejos de recuperar su capacidad productiva anterior a septiembre.

La única ayuda que se publicó para el sector fue el Real Decreto 11/2019, de 20 de septiembre, paliar los efectos de la gota fría y los incendios de este verano en toda España. Un decreto que ASAJA Alicante ha calificado como una respuesta por parte del Gobierno precipitada, elaborada sin contar con la opinión de asociaciones agrarias y los afectados e insuficiente, ya que ha dejado fuera a todos los agricultores que no tenían seguro agrario, como es el caso del 93% de los productores de hortalizas.  A pesar de ser lo único publicado hasta la fecha, todavía estamos esperando la orden ministerial que desarrolle qué procedimientos hay que seguir para acceder a dichas ayudas, algo que da fe de la absoluta dejadez de nuestro Gobierno y que, definitivamente, demuestra que está en otros temas, porque tan importante es que saquen ayudas como los mecanismos para acceder a ellas con rapidez en momentos en los que las personas están sufriendo.

Por otra parte, desde ASAJA también queremos denunciar que el Consell se comprometió en una reunión con los agricultores, en la propia sede de ASAJA Orihuela, a cubrir las lagunas que tuviese el Real Decreto del Ministerio, pidiendo “tranquilidad y confianza”, asegurando, en palabras de la propia Consellera, Mireia Mollà, “que el Consell se iba a dejar la piel por la Vega Baja y que contemplarían medidas adicionales que cubriesen las lagunas del RD de Gobierno”, por ejemplo, para los agricultores de hortalizas sin seguro, para lo que ASAJA Alicante les hizo llegar con urgencia un paquete de medidas viables para ello. Sin embargo, a día de hoy, el silencio sepulcral también ha sido su modus operandi.

“Nos lo estamos jugando todo a una carta. Si no salen ayudas para los productores de hortalizas que no tengan seguro agrario, las administraciones, tanto centrales como autonómicas, habrán fracasado en esta grave crisis humanitaria y económica. El éxito de las ayudas por la DANA dependerá de que, finalmente, se contemple, por un lado, a los agricultores de hortaliza sin seguro y, por otro, la celeridad y los mecanismos para obtenerlas. Porque tan importante es que lleguen las ayudas, como que lo hagan rápido”, afirma el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, que alega que “no nos valen las excusas que están alegando de poner en riesgo y fracturar el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, pues la ley prevé para este tipo de situaciones, de entidad y naturaleza catastrófica, subvenciones del 50% para los que no tienen suscrita póliza de seguros”.

“Asimismo, estos días me está resultando paradójico que nuestros políticos estén tan preocupados por el cambio climático, las generaciones futuras y buscar soluciones para frenarlo, que me parece bien, de hecho, los agricultores y ganaderos somos los primeros que hacemos grandes esfuerzos para cuidar el medio ambiente, pero, sin embargo, se olviden de temas tan urgentes como reflotar a unas personas y a un sector que se ha visto fuertemente castigado por las inclemencias meteorológicas y la dejadez humana de un río sin limpiar, dándoles totalmente de lado. ¿Qué pasa con la gente que ha perdido su casa, sus cosechas y su medio de vida, hoy? Desgraciadamente, me da la impresión de que lo propiamente agrario ya no está de moda y que nuestros políticos prefieren defender iniciativas más mediáticas”, lamenta Aniorte.

Las Uvas del Vinalopó en la UCI, según Pedro Rovira Marco

Dos de cada tres uvas que se consumen en Nochevieja proceden del Medio Vinalopó alicantino. Esta producción acogida a Denominación de Origen Protegida es cultivada únicamente en el territorio amparado que comprende los términos municipales de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana, donde la uva de mesa embolsada forma parte indisoluble de la economía de estos pueblos y de la idiosincrasia de sus gentes. Un cultivo artesanal, mimado al extremo y único en el mundo, gracias a la técnica del embolsado de los racimos, y que, desgraciadamente, o nos ponemos a trabajar, a mejorar los precios en origen que percibe el agricultor, o puede tener las Nocheviejas contadas.

El incremento constate de sus costes de producción (fertilizantes, gasoil, jornales, agua, cargas impositivas cada vez más gravosas…), unido al hecho de que siga vendiéndose por lo mismo que hace veinte años, ha desencadenado que las nuevas generaciones no se hayan visto atraídas por continuar con un cultivo que, lejos de ofrecer alguna rentabilidad, casi cuesta dinero producir, por no hablar de la “enfermedad” que supone superar las adversidades de cada campaña.

Adversidades que vienen por tantos frentes que se me hace imposible contarlos con los dedos de una mano. Desde las climáticas, hasta la dejadez que nos propinan los gobiernos y hasta nuestros representantes locales. Acontecimientos como el corte de nuestra frontera con Francia en plena campaña nos ha hecho perder millones de euros sin que nadie haga nada ni se ofrezca compensación alguna, por no hablar de la permisibilidad que se concede a supermercados españoles que venden uva procedente de otros países de Europa mantenida en cámaras, cuando la nuestra está en plena recolección, fresca y a unos pocos kilómetros de distancia.

Situaciones y factores que han conducido a un sector que es competitivo, que ha sabido diferenciarse y aportar a su producto un valor añadido, que emplea cada temporada a 12.000 personas y que factura 25 millones de euros, directamente a la UCI. Y no quiero parecer tremendista, pero es que esta última campaña ya hay casos de jóvenes empresarios que han arrancado sus viñas porque no les queda más riñón ni salud mental para aguantar tal situación.

¿Y por qué ahora si llevan años aguantando? La gota que ha colmado el vaso y le ha propinado la estocada definitiva al cultivo se fundamenta en dos factores principales. Por un lado, el incremento de costes, principalmente motivado por la subida del salario mínimo interprofesional. Por otro, el encarecimiento del Seguro Agrario en más del 70% que empezó a aplicarse en 2019. Hecho que llevó al sector entero a movilizarse en el mes de marzo en Alicante, con los alcaldes de todos los municipios incluidos. Una concentración en la que conseguimos visualizar el problema ante la sociedad y hacérselo llegar al Gobierno, pero que no logró la suspensión de esta “desmesurada subida”, que solo se explica por el ánimo de lucro de Agroseguro, permitido por ENESA, la compañía estatal de seguros agrarios.

En esta tesitura, con otra campaña desastrosa más a las espaldas y los ánimos de los productores por los suelos …, la semana pasada se abría una nueva oportunidad para salvar al sector, cuando una comitiva de ediles de la comarca se desplazaba a Madrid para reunirse con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de revertir la situación insostenible, principalmente, del seguro agrario. Pero lejos de pactar acciones inmediatas, los ediles solo lograron escuchar propuestas tan repetidas como insuficientes, como la modulación del seguro, pudiendo los agricultores decidir la cobertura de los riesgos y así abaratar tarifas. Algo que sabíamos que estábamos cerca de conseguir en los grupos de normativas. Así que, oportunidad perdida. Nuestros políticos nos han vuelto a fallar.

Y es que, si de verdad quieren ayudar a los productores de uva de mesa solo hay dos posiciones valientes que hemos echado en falta en la negociación. La primera es denunciar a la Gran Distribución y supermercados españoles que traen uva de fuera y declinan la fruta fresca y de calidad del Vinalopó. La segunda, que no hayan luchado con uñas y dientes por obtener una mayor subvención por parte del Ministerio, cuando saben que es el único camino para volver a tener un seguro como el de antes, con las mismas coberturas.

Pedro Rubira Marco

Presidente Sectorial UVA de Mesa ASAJA-Alicante

Presidente ASAJA Novelda

 

SEO/BirdLife se opone al trasvase de agua del Tajo a las Tablas de Daimiel

  • La organización conservacionista muestra su oposición frontal a la propuesta lanzada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de trasvasar agua a las Tablas de Daimiel desde el Tajo.

SEO/BirdLife rechaza los trasvases para solucionar problemas derivados de una anacrónica gestión y planificación hidrológica, y apunta a que es una irresponsabilidad seguir incidiendo aún más en los conflictos sin atajar los problemas en su origen: un modelo agroindustrial gran demandante de agua en expansión en La Mancha.
Ejecutar transferencias de agua hacia Daimiel sería, según SEO/BirdLife, asumir la incapacidad de las Administraciones Públicas de España de conservar un parque nacional declarado de interés general del Estado.

Madrid, 22 de noviembre 2019. Ante la grave situación que atraviesa el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con solo 69 hectáreas encharcadas de sus cerca de 2.000 hectáreas inundables, SEO/BirdLife entiende que apostar por aportaciones externas de agua, supuestamente excepcionales, como única solución, es una imprudencia que muestra la auténtica desgobernanza en política de aguas y conservación de la naturaleza. Una política en la que subyace la oferta del agua y que no atiende a la gestión y control de la demanda, tal y como obliga la Directiva Marco del Agua, que sigue obviando la urgente necesidad de redimensionar la demanda del sector agrario de regadío, verdadero origen de los problemas ambientales, y repite los mismos errores que sufren otros humedales como Doñana y el Mar Menor.

Tras casi medio siglo desde su declaración como Parque Nacional, y cerca de dos ciclos completos de planificación hidrológica, considerar como una “situación excepcional” el estado en el que se encuentra hoy el parque nacional es un irresponsabilidad, máxime teniendo en cuenta que a Castilla-La Mancha le corresponden las competencias de agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente y turismo, entre otras muchas materias relacionadas con el agua y este espacio natural protegido.

Para Roberto González, responsable del Programa de Aguas, “estos planteamientos no solo imposibilitan avanzar en la nueva cultura del agua, sino que retrotraen el debate a finales del siglo pasado”, y apunta que “respaldar medidas de esta índole es asumir sin tapujos la incapacidad de las Administraciones Públicas de conservar un parque nacional declarado de interés general del Estado, y clave para la conservación de especies de aves amenazadas como el escribano palustre, el carricerín real o el pato colorado”.

Sin cumplir las normativas, perderemos Las Tablas

Con las Tablas de Daimiel (dentro de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda), en la Red Natura 2000, declaradas como “IBA in Danger”, e incluidas en Lista Mundial de Humedales Ramsar en peligro (Registro de Montreux), Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife apunta que “la propuesta refleja un nulo interés y compromiso por mejorar a largo plazo la implantación de los objetivos y las obligaciones de las normativas europeas. La verdadera necesidad a la que se enfrenta Daimiel es al ahorro de agua de forma realista, redimensionar los consumos de hídricos agrarios y a buscar la adaptación de las demandas a las futuras reducciones del recurso que impondrá la crisis climática. De hecho, en la COP que próximamente se celebrará en Madrid, como país anfitrión debemos mostrar coherencia protegiendo nuestros humedales como ecosistemas clave para mitigar los efectos del cambio climático”.

Finalmente, SEO/BirdLife apunta que el ‘parche’ de traer agua a Daimiel, aunque sea de forma puntual, no solo no lograría superar el desequilibrio entre las demandas legales e ilegales y la conservación del parque nacional, sino que cronificaría aún más problemas como la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el empeoramiento de la calidad de las mismas, los descensos en los aportes naturales, las alteraciones al sistema hidrológico y las afecciones a los ecosistemas. Además, exportaría aún más los conflictos a otra cuenca hidrográfica, que ya de por sí se encuentra en una situación de extrema gravedad y que ni siquiera cuenta con garantías legales para conservar sus caudales ecológicos fundamentales para asegurar la conservación de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 del eje principal del río Tajo.

La organización conservacionista, subraya que la Administración Autonómica cuenta con las necesarias competencias y mecanismos para alcanzar una planificación hidrológica acorde a los principios de la Directiva Marco del Agua, es decir, para asegurar el futuro del parque nacional, sin que este deba limitarse a esperar a ver cómo se presentan las precipitaciones invernales para que los ríos Guadiana y Gigüela, que alimentan el parque nacional y su zona de protección, vuelvan a aportar agua al humedal. Asimismo, SEO/BirdLife insta a que se deje de fomentar la agroindustria en el acuífero de la Mancha Occidental y la reconversión del viñedo tradicional de secano a espaldera en regadío (además de la expansión de otros leñosos en regadío). Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe cumplir su papel de gestor y vigilante para que se controlen de forma exhaustiva los consumos en cada uno de los miles de pozos que extraen agua del mismo acuífero del que se alimentan Las Tablas y los Ojos del Guadian

El Tribunal Constitucional confirma que los espacioes de la Red Natura 2000 no son urbanizables

  • El Tribunal Constitucional declara que la reforma de la Ley del Suelo (LSOTEX) realizada por la Junta de Extremadura para tratar de legalizar el complejo Marina Isla de Valdecañas es inconstitucional.
  • Adenex y Ecologistas en Acción entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas y la pretensión de la Junta de Extremadura de seguir urbanizando espacios protegidos de la Red Natura 2000
  • Las organizaciones ecologistas esperan que esta sentencia sirva para dejar de responsabilizarlas de las consecuencias de un desmán urbanístico y ambiental de esta envergadura y cese la intensa campaña de desprestigio que sufren por defender la legalidad urbanística y la red europea de espacios protegidos.

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia por la que se estima sustancialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en el marco del procedimiento contencioso administrativo en el que ya se ha declarado la ilegalidad de la urbanización de la isla de Valdecañas.

Todo este procedimiento proviene de la homologación por parte de la Junta de Extremadura del PIR Marina Isla de Valdecañas, decisión que fue recurrida tanto por Adenex como por Ecologistas en Acción. En dicho procedimiento ante el TSJ de Extremadura, las organizaciones ecologistas solicitaron que se plantease una Cuestión de Inconstitucionalidad por la Sala contra dicha reforma legislativa de la LSOTEX. Los argumentos eran claros: se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000.

Dicha Cuestión de Inconstitucionalidad fue planteada finalmente por el TSJEX y ha sido estimada parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en la cuestión planteada en dicho procedimiento por parte de ADENEX, por lo que es esperable que ocurra lo mismo con el resto de procedimientos pendientes de resolverse, como el de Ecologistas en Acción.

Lo relevante es que el Tribunal Constitucional vuelve a confirmar, por tercera vez, lo alegado por las asociaciones ecologistas: “que la utilización de los terrenos con valores ambientales  que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Protección que alcanza aún mayor intensidad, si cabe, en el caso de los espacios naturales especialmente protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000”.  Esta regulación es de carácter estatal y básico y no puede ser alterada por las comunidades autónomas como hizo la Junta de Extremadura en su Ley 9/2011 con la pretensión de legalizar el complejo Marina Isla Valdecañas, la cual es declarada inconstitucional.

Es cierto que el TC no estima completamente la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que el procedimiento de homologación no era una ley singular. Efectivamente, establece que, como procedimiento de homologación, tal y como se regulaba, resultaba válido. Pero esta cuestión resulta completamente intrascendente: el propio TC detalla expresamente que no procedería una homologación sobre un precepto, el artículo 11 LSOTEX, que ha sido declarado contrario a la Constitución.

Las organizaciones ecologistas entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas. Al mismo tiempo debilita los argumentos planteados por la Junta de Extremadura respecto a la imposibilidad material, al entender el TC que la urbanización supone la desprotección y destrucción de facto del espacio afectado.

Es por estos motivos que las organizaciones ecologistas manifiestan su satisfacción tras más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables e instan a los responsables de este desatino que asuman su responsabilidad aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del suelo a su estado previo, pues lo paradójico de esta situación es que sean  las organizaciones ambientales las que sean objeto de una  intensa campaña de desprestigio por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Extremadura, cuando esta es una responsabilidad de los poderes públicos.