Los gobiernos de la UE arrinconan la lucha contra el cambio climático

  • La UE ha aprobado el inicio de nuevas negociaciones comerciales con EEUU, pese a la retirada de este país del Acuerdo de París
  • El Gobierno español ha votado a favor, a pesar de que en mayo de 2018 aprobó unos Principios para los Acuerdos Comerciales en los que expresamente condicionaba su apoyo a nuevos acuerdos a la firma del Acuerdo de París
  • El TTIP fue congelado hace unos años tras el escándalo por unas negociaciones opacas y que socavaban los derechos laborales y medioambientales de la UE
    15 de abril de 2019-. La aprobación hoy en Bruselas de un mandato para iniciar nuevas negociaciones comerciales con Estados Unidos podría provocar el retorno del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) de su tumba, a pesar de las objeciones presentadas por varios países de la UE por la retirada de EEUU del Acuerdo de París. El TTIP fue congelado hace unos años tras el escándalo de unas negociaciones opacas y que socavaban los derechos laborales y medioambientales de la UE.

La responsable de Comercio de Greenpeace, Naomi Ages, ha señalado: “El compromiso en la lucha contra el cambio climático debe ser una línea roja para cualquier acuerdo comercial negociado por la UE. Las conversaciones comerciales entre la UE y Trump pondrían seriamente en tela de juicio las decisiones de la UE sobre el cambio climático, ya que la comunidad científica advierte de que el tiempo para evitar el caos climático se está agotando. La UE no debe vender nuestro futuro para complacer a las multinacionales poderosas”.

El Gobierno francés ha votado en contra y el belga se abstenido, mientras que el resto de países han votado a favor, incluyendo el Gobierno español, que en mayo de 2018 aprobó unos Principios para los Acuerdos Comerciales en los que expresamente establecía que condiciona su apoyo a nuevos acuerdos comerciales a la firma del Acuerdo de París.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado por alto la larga lista de criterios y condicionantes que su partido estableció el pasado 28 de mayo de 2018 cuando el Comité Federal del PSOE aprobó los Principios para los Tratados Comerciales donde establecía su ‘nueva’ política sobre comercio y globalización”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “En dicho documento, los responsables del PSOE afirman que el mandato que tienen es utilizar estos elementos de sus resoluciones como guía y filtro para construir sus posiciones respecto a los tratados comerciales. Por lo que vemos, no es así”.

Esta es la tercera vez que los principios del PSOE se convierten en papel mojado. Desde que Pedro Sánchez entró en el Gobierno, tras la moción de censura, ha dado su apoyo a los acuerdos comerciales entre la UE y Japón y la UE y Singapur.

Greenpeace lleva años demandando a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales que no apoyen la apertura de nuevas negociaciones comerciales con terceros países o bloques de países si estos no apoyan la lucha contra el cambio climático a través del compromiso con el Acuerdo de París de Naciones Unidas.

La aprobación de los mandatos de negociación comercial contravendrían directamente la resolución de “diplomacia climática” del Parlamento Europeo del verano de 2018 y su resolución sobre el cambio climático en marzo de 2019. Las resoluciones hicieron de la ratificación e implementación del acuerdo sobre el clima de París de la ONU un requisito para los países que desean entrar en acuerdos comerciales con la UE.

En marzo de 2019, Francia, España y Luxemburgo declararon que el cumplimiento del acuerdo sobre el clima de París debe ser una condición para entablar conversaciones comerciales.

Denuncian la no restauración del Parque Natural de Fuentes del Narcea

  • Las graves afecciones ambientales ocasionadas por la minería en este Parque Natural y espacio de la Red Natura 2000 afectan a los ecosistemas del entorno del río Gillón y a los pueblos colindantes.
  • Casi 100 especies protegidas podrían estar afectadas. Entre ellas, el urogallo, actualmente en situación crítica con apenas 100 ejemplares en Asturias.
  • La restauración ambiental debió ser abordada por la empresa, que recibió subvenciones públicas para ello, mientras que la administración regional debió asegurarse de que se ejecutaban los trabajos de restauración.

SEO/BirdLife ha denunciado la inactividad de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias por la falta de restauración ambiental de las zonas afectadas por la minería en el entorno del río Gillón, dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Durante años la administración asturiana ha tolerado el deterioro y/o la destrucción de los ecosistemas que forman parte de los cauces y vegas de varios arroyos afluentes del río Gillón, tributario del río Narcea. El impacto de las minas de carbón explotadas desde 1960 por la empresa Antracitas de Gillón en esta zona, no solo ha provocado el deterioro de los hábitats y especies por los que se declaró espacio de la Red Natura 2000, sino que además, provocó graves daños patrimoniales a los habitantes de la zona, que tras el cierre en 2005 de la empresa, vieron como el medio natural del que dependían quedaba seriamente dañado y contaminado.

Ante esta situación, que sirve además de ejemplo de las deficiencias de la actual normativa en torno a la minería y la restauración, SEO/BirdLife presentó el pasado 26 de marzo una reclamación por inacción ante el Principado de Asturias, esperando que sea atendida lo antes posible. La inactividad del Gobierno del Principado se concreta en la ausencia de planes de gestión para la zona que contemplen su restauración, así como en la falta de medidas de conservación necesarias para recuperar los hábitats y las especies incluidos en las directivas europeas y en la normativa estatal y autonómica, y que todavía se están viendo afectadas.

Balsa de aguas contaminadaspor la mina de Gillón. Autor: Nicolas López

“La Confederación Hidrográfica puede y debe responder del deterioro de los cauces”, indica Nicolás López, Delegado de SEO/BirdLife en Asturias, y continua: “Todos los arroyos y ríos afectados, y también las vegas y laderas aledañas, necesitan de un programa de restauración que permita la recuperación total de los ecosistemas afectados. Además, se debe cumplir con la obligación de devolver a los vecinos de la zona su derecho a un medio ambiente digno. Y esa es una competencia y obligación del gobierno asturiano, tal y como indica la legislación internacional, comunitaria y estatal”.

La empresa minera Antracitas de Gillón desarrolló su actividad minera de extracción de carbón dentro del municipio de Cangas del Narcea, en el interior de los límites del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Concretamente en las proximidades de varios cauces y vegas de los arroyos afluentes del río Gillón, a su vez tributario del río Narcea, uno de los principales cursos fluviales de la cordillera cantábrica y de sus sistemas ecológicos vinculados. La zona afectada está protegida a nivel europeo dentro de la Red Natura 2000, con la figura de Zona de Especial Conservación (ZEC: ES1200056) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA: ES0000055) y además, tras su ampliación, se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Muniellos.

La falta de restauración y el abandono de toda la zona están provocando un impacto severo y una grave degradación de 11 hábitats del Anexo I de la Directiva de Hábitats, dos de ellos considerados prioritarios. El actual estado de los ecosistemas de la zona no permite albergar poblaciones de un buen número especies de interés comunitario o de especies protegidas a nivel nacional y/o autonómico como el urogallo, el pico mediano, varias especies de flora endémica o invertebrados con poblaciones únicas en Asturias. A su vez, el grave deterioro de los ecosistemas acuáticos derivados de la proliferación de escombreras, la contaminación por vertidos y la destrucción de los cauces, está provocando una grave pérdida hábitats adecuados para especies prioritarias propias de estos medios y que se encuentran amenazadas como el desmán ibérico o la salamandra rabilarga. También han desaparecido de los ríos y arroyos especies antaño tan comunes como la trucha.

Un centenar de especies protegidas afectadas
La falta de restauración también podría estar afectando de manera significativa al menos a 98 especies protegidas a nivel estatal, nueve de las cuales están también incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas, y entre las que destacan el oso pardo, diversas especies de murciélagos y un buen número de aves forestales.

Por otra parte, 48 especies de interés comunitario, incluidas en la Directiva de Aves o en la de Hábitats se están viendo afectadas por el estado de degradación de los hábitats de la zona. Entre ellas, destaca el urogallo, declarado recientemente como especie en situación crítica y del que apenas quedan 100 ejemplares en Asturias, de acuerdo a los datos oficiales.

Obligaciones incumplidas desde hace casi 30 años
El deterioro que está provocando la falta de restauración de la zona tras las actividades mineras que se llevaron a cabo durante años por la empresa Antracitas de Gillón y su posterior abandono, ha provocado no solamente graves impactos al medio natural, sino también graves perjuicios a la población local y sus bienes.

La legislación autonómica, estatal y comunitaria obliga a mantener esos ecosistemas en un buen estado de conservación. Y de ser necesario, obliga también a abordar las tareas de restauración que puedan ser precisas. Esas tareas de restauración debieron ser abordadas por la empresa, que nunca las llevó a cabo pese a haber contado con subvenciones públicas para ello.

Por su parte, la administración autonómica no solo no llevó a cabo esa restauración de manera subsidiaria, sino que tampoco ha desarrollado los instrumentos de planificación y gestión de la zona. Tampoco ha puesto en marcha planes para la mejora del estado de conservación de varias especies amenazadas de extinción, entre las que destaca el urogallo, que tendría en la zona un área de posible expansión y supervivencia. Estas obligaciones han sido incumplidas desde hace casi treinta años, cuando entraron en vigor la protección del lugar como zona incluida en la Red Natura 2000 y los planes de gestion del urogallo, cuyas primeras normas de protección datan de 1990.

El esfuerzo de las asociaciones vecinales ante la administración y en los tribunales de justicia tuvo como resultado la condena a la Confederación Hidrográfica. Este organismo debe restaurar algunas áreas de la zona, retirar los estériles de la mina depositados a lo largo de 800 metros de río, así como restaurar algunos cauces afectados. Medidas, que tras el análisis y el estudio de la afección ocasionada por la minería de Gillón en este entorno natural son, para SEO/BirdLife, del todo insuficientes.

“Todos somos responsables de mantener en buen estado de conservación el patrimonio natural del que nos beneficiamos cada día, y no podemos mirar hacia otro lado cuando lo hemos dañado. Confiamos en que el gobierno asturiano restaure la zona en beneficio también de los habitantes de este territorio, dejando de lado definitivamente en este, y en todos los posibles casos, la inacción ante el cuidado y respeto de los valores naturales”, concluye Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.
Olimpia García

Un estudio revela los costes ocultos de un planeta plástico para la salud

•    Amigos de la Tierra y ecoactiva reclaman medidas para evitar los efectos del plástico sobre la salud humana y nuestros ecosistemas.

•    Una investigación reciente muestra las consecuencias negativas sobre la salud del plástico de un solo uso a lo largo de todo su ciclo de vida.

•    Las afecciones van desde las cancerígenas, cardiovasculares o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y reproductivo.

La organización ecologista, Amigos de la Tierra, se hace eco de un estudio reciente que demuestra los problemas de salud desencadenados por la crisis del plástico desechable. A su vez, pide al Gobierno que prohíba el uso de plásticos de un solo uso para velar por la salud de la ciudadanía, su alimentación y el medio ambiente.

El estudio, “Plástico y Salud: el Coste oculto de un planeta de plástico”, que aúna diferentes investigaciones relativas a los distintos riesgos de toxicidad que el plástico supone para el cuerpo humano en cada una de las fases de su ciclo de vida, ha sido elaborado por el Center for International Environmental Law (CIEL), Earthworks, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), Healthy Babies Bright Futures (HBBF), IPEN, Texas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s.), University of Exeter, y UPSTREAM.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el impacto del plástico estaban centradas en momentos puntuales del ciclo de vida, y para un producto concreto. Este enfoque no permitía reconocer la implicación amplia, compleja y multidisciplinar de los efectos del plástico, en todo su ciclo de vida, sobre la salud humana: desde su origen en refinerías, pasando por su consumo cuando entra en contacto con alimentos, hasta los impactos finales de la gestión del plástico como residuo, así como la presencia de microplásticos en aire, agua y suelo.

Esta imagen completa de los impactos del plástico sobre la salud pone de manifiesto la necesidad de que todas las soluciones que se planteen ante la crisis de la contaminación por plástico, se diseñen desde el origen y para la totalidad del ciclo de vida del producto y que se prioricen la prohibición del plástico desechable. Los efectos nocivos recogidos en el informe van desde afecciones cancerígenas prácticamente en todo el ciclo de vida de los plásticos, afecciones cardiovasculares con la ingesta de micro-plásticos, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso o reproductivo, así como enfermedades inmunosupresoras, entre otros impactos.

Según las conclusiones de este estudio, las incertidumbres y las carencias de conocimiento a menudo bloquean el desarrollo de regulación y la capacidad de las personas consumidoras, entidades y decisores políticos, de tomar decisiones responsables. Sin embargo, la escala de impactos sobre la salud que genera el plástico a lo largo de su ciclo de vida es abrumadora, y requiere de un enfoque basado en el principio de precaución.

Amigos de la Tierra ha alertado sobre la excesiva generación de plástico, la necesidad de cambiar el modelo de consumo de usar y tirar y la gestión  inadecuada de sus residuos. Este informe pone de relieve la gravedad del problema mostrando también sus impactos sobre la salud humana. La asociación reclama a las administraciones medidas urgentes y ambiciosas de reducción de uso de plástico, de reutilización y de incremento de los porcentajes de reciclaje; medidas como la venta a granel, su sustitución por materiales más duraderos y menos tóxicos, y la puesta en marcha de Sistemas de depósito para su recogida.

RESULTADOS CLAVE DEL ESTUDIO

Reducir la exposición al plástico de las personas requiere de soluciones complejas, ya que el ciclo de vida es amplio y cuenta con un amplio espectro de actores en el mismo. En cada fase, existen diferentes riesgos para la salud, relacionados tanto con la exposición a partículas de plástico como la los productos químicos asociados. En el planeta, todas las personas están expuestas en varias de las fases del ciclo de vida del plástico.

•    Extracción y transporte de las materias primas fósiles para fabricar plástico. Produce la emisión de sustancias tóxicas tanto en el aire como en el agua (cancerígenas, neurotóxicas, inmunosupresoras, con afecciones para la reproducción y el desarrollo).

•    Refinado y producción de resinas de plástico y aditivos. Este proceso emite al aire sustancias que afectan al sistema nervioso y reproductivo y pueden producir cáncer, leucemia e impactos genéticos como bajo peso al nacer.

•    Exposición continua ambiental a los contaminantes plásticos acumulados en las cadenas alimenticias, a través de los suelos agrícolas y en las cadenas alimenticias acuáticas por la contaminación del agua. Esto genera nuevas oportunidades para que el plástico llegue al cuerpo humano.  Consumo de productos y envasado en plástico. Puede suponer una ingestión y/o inhalación de partículas de microplástico y centenares de sustancias tóxicas; los microplásticos entran directamente al cuerpo humano, y generan una serie de impactos sobre la salud (inflamación, genotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis y necrosis), relacionados con resultados negativos para la salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades autoinmunes.

•    Gestión de residuos de plástico, especialmente incineración. Genera sustancias tóxicas que incluyen metales pesados como plomo y mercurio, gases ácidos y partículas en suspensión, que llegan al aire, agua y suelo causando directa e indirectamente riesgos para la salud de las personas trabajadoras en las plantas y las comunidades cercanas;

•    Abandono de residuos, exposición en cascada por la degradación del plástico. Se emiten los tóxicos concentrados en el plástico alcanzando tanto el medio ambiente como los organismos de los seres vivos.

Una nueva marea negra amenaza la cornisa cantábrica y la economía local

  • Ecologistas en Acción ha denunciado el impacto medioambiental que el vertido del buque Grande America está provocando en aguas del golfo de Bizkaia, así como la escasa efectividad de las actuaciones realizadas hasta el momento para contenerlo y mitigarlo.
  • La costa cantábrica está en grave riesgo por contaminación, situación que podría afectar tanto a los propios ecosistemas marítimos  y litorales, como a las actividades económicas que sustentan las comunidades locales: la pesca, la recolección de algas, el marisqueo, el turismo y las actividades de recreo.

El vertido del buque italiano Grande America actualmente se encuentra diseminado por varios puntos al norte del litoral cantábrico. Está situado a un centenar de millas de tierra, con una ocupación de unos 50 kilómetros cuadrados según las últimas informaciones. Ecologistas en Acción ha exigido a las autoridades que, dadas las características, dimensiones y proximidad de este vertido, se tome la iniciativa para considerarlo con el grado máximo de gravedad y condición más elevada de peligrosidad.

Para la organización ecologista está justificada la activación del Plan de Respuesta en su fase de ‘Emergencia’, ‘Situación 2’, puesto que pueden verse afectadas varias comunidades autónomas y zonas especialmente vulnerables, lo que implicaría la activación del Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino. Igualmente se deberían activar los planes locales y territoriales, y por consiguiente, el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar.

El carguero Grande America transportaba en el momento del accidente más de 2.000 toneladas de fuel para su propulsión, unos 2.100 vehículos y cientos de toneladas de ácido clorhídrico, aceites, resinas, fungicidas, e infinidad de sustancias tóxicas y peligrosas de diversa naturaleza.

Buena parte de este cargamento ha sido vertido con el incendio del buque y otra parte se encuentra a más de 4.000 metros de profundad, expuesto a la emisión continuada de sustancias tóxicas sobre el medio acuático, como ya ha ocurrido en naufragios similares producidos en épocas recientes.

Las consecuencias de estos vertidos son de difícil cuantificación, pero de una repercusión significativa sobre los ecosistemas marinos y litorales, más allá de las catastróficas consecuencias previsibles sobre la avifauna marina.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha solicitado que se inicie la apertura de expedientes de investigación y sanción que permitan, por un lado, iniciar los trámites para mitigar los impactos provocados por el vertido y, por otro lado, depurar las responsabilidades que se derivan de este este suceso, tanto desde el punto de vista ambiental como económico.

Para Eneko Aierbe, coordinador del área Medio Marino de Ecologistas en Acción, “es imprescindible restituir los valores ambientales y estabilidad económica de los sectores ligados al medio marino, a su estado anterior”.

Asimismo, la organización ecologista ha solicitado que se derive toda responsabilidad a la empresa armadora, o a la entidad aseguradora que la respalda, para que estas asuman todo el coste económico ocasionado por las labores de vigilancia, contención, prevención y actuación derivados del incidente. “Más aún si tenemos en cuenta que se ha publicado información según la cual el buque habría presentado varias carencias e infracciones en materia de extinción de incendios en las últimas inspecciones que se le habían realizado”, ha recalcado Aierbe.

Ecologistas en Acción también ha exigido que se informe a la ciudadanía de forma veraz y completa y que se facilite el acceso a la información relacionada con este suceso a todas las personas interesadas, de la forma más ágil posible. Una información que permita acceder a los datos referentes a la evolución del vertido, cartografía de zonas vulnerables, así como otras cuestiones que se consideren relevantes.

Ecologistas en Acción lleva décadas denunciando el modelo de producción y consumo que sustenta las economías actuales, puesto que más allá de ser un modelo profundamente injusto, toma riesgos inasumibles de cuyas consecuencias muchas veces no se hace cargo. Estos riesgos se traducen en situaciones como la actual, con un impacto notable sobre los ecosistemas y la economía local.

Eneko Aierbe: “Es muy probable que la marea negra llegue a la costa ya sea la costa cantábrica o la francesa. En cualquier caso volverán a repetirse las imágenes que todas las personas tenemos guardadas en la retina con vertidos que tiñen de negro la costa y sus habitantes. Debemos actuar para poder impedirlo”.

Eneko Aierbe | Ecologistas en Acción

El monocultivo de soja se expande también en Europa como alimento de la ganadería industrial

  • Amigos de la Tierra reclama medidas que favorezcan la reducción del consumo de carne y una ganadería respetuosa con el medio ambiente.
  • La Unión Europea planea reducir la dependencia de las importaciones de soja de Latinoamérica expandiendo el monocultivo en Europa del Este.
  • La organización denuncia los planes de expansión de la soja en su informe, “Alerta Soja: El cultivo de soja para alimentar al ganado llega a Europa. Trasladar el problema no es la solución”.

El elevado consumo actual de carne en la UE requiere de grandes cantidades de pienso producido a partir de soja para alimentar al ganado. Esta situación está provocando que surjan iniciativas para cultivar soja en Europa. Amigos de la Tierra, que lleva años denunciando la expansión de estos monocultivos en América Latina, hace un llamamiento a los Estados Miembro para reducir la demanda de carne en la UE y poner freno a la ganadería industrial dependiente de la soja tanto en Sudamérica como en Europa, tal y como señala en su informe.

La UE es uno de los principales consumidores del mundo de carne y productos de origen animal, con una demanda anual por cabeza de 68,8 kg en 2017 (1). Además del consumo interno, la exportación de carne a terceros países, principalmente cerdo y pollo, es un lucrativo negocio para las grandes empresas cárnicas de la UE. El consumo actual de carne barata producida en explotaciones industriales es muy elevado y sus consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana son irrefutables.

La alimentación de una ganadería desmesurada y desvinculada de la tierra depende de la importación cada año de 17 millones de toneladas de soja procedentes de Brasil, Argentina y Paraguay. y, tal y como se recoge en el estudio, se prevé que alcance los 141 millones de hectáreas en 2050 (tres veces la superficie de España) si el consumo de carne sigue aumentado al ritmo previsto.

La expansión de la soja ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva, sabana y pradera, destruyendo comunidades, biodiversidad y ecosistemas, y contribuyendo de forma significativa al cambio climático. Solo en Paraguay, 129 líderes campesinos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales desde el fin de la dictadura en 1989, y cada año 9.000 familias son desplazadas debido a la expansión de los monocultivos de soja.

Mientras aumentan las importaciones de soja, la superficie de leguminosas ha disminuido drásticamente en la UE. Sin embargo, han surgido nuevas iniciativas para reducir la dependencia de soja exterior destinadas a fomentar la producción de proteína vegetal en Europa, que desde Amigos de la Tierra se ven con preocupación. Aunque todavía es pequeña, la producción de soja en la UE ha crecido con rapidez en los últimos años. En apenas ocho años, aumentó un 183,2 % y algunos de los agentes implicados en la producción de soja europea son las grandes corporaciones que llevan décadas dedicadas a la producción de soja en Latinoamérica. Uno de los agentes más activos del mercado europeo, ADM, está invirtiendo en plantas de procesamiento de soja; Cargill, un gigantesco comerciante de materias primas, ha invertido en los últimos años en adquisiciones en Europa Oriental (Rumanía y Ucrania); Bunge, activo en el sector de procesamiento y prensado de aceites, está construyendo plantas de procesamiento en los Países Bajos y Francia.

Amigos de la Tierra considera que la expansión del modelo de monocultivo de soja en la agricultura supone una nueva amenaza para el modelo de agricultura a pequeña escala y agroecológico que urge proteger y promover. El proceso de concentración de tierra y medios de producción en unas pocas manos es muy acusado en la UE. En 2013, tan solo el 3 % de las explotaciones agrícolas eran dueñas de más de la mitad del suelo agrario.

“Es urgente que la Unión Europea cambie drásticamente la forma de producir alimentos. La producción ganadera industrial es paradigmática de un sistema agroalimentario ineficiente e injusto. En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y escasez de agua las producciones agroecológica diversificadas y de pequeña escala son la mejor garantía para la alimentación del futuro”, ha afirmado Blanca Ruibal, coordinadora la asociación ecologista.

Teresa Rodríguez

Rechazo de organizaciones a la normativa que protege el agua en Europa

Más de un centenar de organizaciones rechazan las modificaciones que proponen los Directores del Agua de los Estados miembros, en la normativa más importante de la UE para la protección del agua.

El 4 de marzo finaliza la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre la Directiva Marco del Agua (DMA), cuyas conclusiones serán claves para decidir el futuro del agua en Europa.

Los Directores del Agua de los Estados miembros están pidiendo una modificación en la normativa más importante que protege el agua en Europa, la Directiva Marco del Agua (DMA), lo que supondría un duro golpe para toda la política ambiental de la UE. Por ello, un total de 136 entidades de la sociedad civil[1] han mostrado su apoyo rotundo a la norma europea que protege las fuentes de agua para la naturaleza y la sociedad, en un acto celebrado hoy en la sala Europa de la sede de la Comisión Europea en Madrid. Con esta posición conjunta reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que proteja esta norma frente a las intenciones de rebajar su protección y se posicione decididamente en la defensa de la DMA.

El 4 de marzo se cierra el plazo de la consulta pública abierta por la Comisión Europea (CE). Este es el único momento en que la ciudadanía puede participar para dar su opinión sobre si es necesario o no revisar su contenido. Durante este proceso, los Directores del Agua de los Estados miembros han presentado unos argumentos para modificar la DMA que buscan ampliar los plazos más allá del 2027 y retrasar así la puesta en marcha de las medidas para proteger y mejorar el estado de las aguas europeas. También quieren modificar la norma para evitar incurrir en sanciones por incumplir los objetivos ambientales que plantea esta legislación. La posición conjunta de estas organizaciones presenta los argumentos a favor de mantener la DMA fuerte y ambiciosa para proteger los ríos, humedales y acuíferos.

“Con esta posición conjunta queremos mostrar el amplio consenso social en defensa de la DMA y mandar un mensaje claro a las autoridades españolas y europeas sobre la eficacia y validez de esta norma para proteger los ecosistemas acuáticos. Actualmente se está debatiendo si la DMA es adecuada. Ahora más que nunca hay que mantenerla fuerte y ambiciosa para proteger nuestras fuentes de agua”, afirma Rafael Seiz, especialista del programa de Agua de WWF España.

Las razones para modificar la DMA, además, contradicen a la conclusión a la que llegó la CE en una evaluación intermedia, realizada en 2012, donde afirmaba que esta norma era adecuada para su propósito y que los esfuerzos debían dirigirse a mejorar y extender su aplicación por parte de los Estados miembros. Asimismo, durante este período de revisión de la norma, los Estados miembros no han seguido el proceso formal que establece la propia CE para debatir los argumentos.

“La DMA debe mantener sus objetivos y calendario porque urge avanzar en la gestión sostenible del agua al proceso político, económico, social y ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático”, añade Mariano Sanz, Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO.

Las cifras sobre la situación de las aguas europeas son muy preocupantes: el 60 % de los ríos, humedales y acuíferos de Europa están en mal estado, mientras en España más del 40% de estos no están en buenas condiciones. Las presiones ligadas a la agricultura son una de las principales causas del mal estado de los ecosistemas acuáticos y los acuíferos en la UE[2].

En lugar de tomar medidas para proteger nuestros ecosistemas acuáticos, los Estados miembros están aprovechando este momento para pedir rebajar la protección del agua, como una forma fácil de eludir sus compromisos asumidos con la DMA, una de las normativas más ambiciosas de la UE. Las organizaciones de la sociedad civil lanzan un mensaje de que la DMA es adecuada para su propósito y por ello las autoridades deben dedicarse a defenderla y aplicarla en toda su extensión.

“Desde la aprobación de la DMA en el año 2000, los países no han dedicado el esfuerzo y las medidas suficientes para recuperar los ríos, acuíferos y humedales, en los plazos y de la forma establecidos por esta normativa. La recuperación de los ecosistemas acuáticos y el uso racional de los recursos hídricos que propugna esta norma europea son fundamentales. No necesitamos modificar la DMA sino aplicarla de forma correcta”, apunta María Soledad Gallego, de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Por su parte, Roberto González, responsable del programa de Aguas de SEO/BirdLife, explica que “apostar por la DMA va más allá de un cumplimiento legal,, se trata de una apuesta clara por un modelo que permita un desarrollo socioeconómico justo tanto para el territorio como para la conservación del medio ambiente”.  En este contexto, SEO/BirdLife, junto a cerca de 140 organizaciones a nivel europeo, ha lanzado la la campaña #ProtegeTuAgua con el objetivo de defender la DMA, y en la que se anima a la ciudadanía a sumarse y participar en la consulta pública a través de https://www.seo.org/formulario-protectwater

[1] Ecologistas, sindicatos, agricultores y regantes, deportistas, investigadores y científicos, operadores de abastecimiento y saneamiento, movimiento vecinal y cultural, entidades de custodia del territorio, cazadores y pescadores.
[2] En este contexto, la coalición Living Rivers Europe ha puesto en marcha la campaña #ProtegeTuAgua con el objetivo de defender la DMA, y en la que animamos a la ciudadanía a sumarse y participar en la consulta a través de wwf.es/protegetuagua.

La sobreexplotación de las aguas y la inadecuada gestión de Doñana ponen en riesgo el futuro de miles de aves acuáticas

  • Doñana es parada obligatoria para decenas de miles de aves acuáticas en sus viajes migratorios, y lugar fundamental para su reproducción e invernada. Sin embargo, el regadío intensivo que extrae sus aguas subterráneas amenaza a todo este valioso ecosistema.
  • A esta amenaza se suman un rosario de problemas derivados de su gestión, entre los que se encuentran el descontrol poblacional del jabalí y el manejo inadecuado de la ganadería.
  • En este sentido, SEO/BirdLife felicita a los agentes de medio ambiente que han hecho posible que, recientemente, se haya retirado el ganado vacuno de la finca El Rincón, cuyas reses se adentraban también en La Rocina, uno de los ecosistemas más frágiles del parque nacional.

A lo largo del año se pueden ver en Doñana más de 300 especies diferentes de aves que buscan un lugar donde reproducirse, alimentarse, invernar o descansar en sus rutas migratorias. Se trata del humedal más importante de Europa, incluido en la Red Natura 2000, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, humedal Ramsar de importancia internacional, y Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA por sus siglas en inglés) y que da cobijo a varias especies mundialmente amenazadas, como la malvasía cabeciblanca o el águila imperial ibérica. Además, es uno de los parques nacionales españoles y toda la zona está protegida también bajo varias figuras regionales; todo ello englobado bajo la denominación Espacio Natural Doñana, del gobierno regional

Desafortunadamente, son numerosos los peligros que acechan actualmente a los humedales de Doñana y a las poblaciones de aves que dependen de ellos. La sobreexplotación de sus aguas subterráneas para uso agrícola, especialmente para el cultivo de fresas y arándanos, está causando una amenaza real sobre los valores de este Patrimonio de la Humanidad.

La situación es tan extrema que la mitad de las aves amenazadas que se refugian en Doñana, para las que se conoce la evolución de la población reproductora, presentan una tendencia negativa. Algunas se mantienen en grave riesgo de extinción, como la cerceta pardilla, y otras se pueden considerar localmente extintas, como el porrón pardo. No en vano, BirdLife International incluye a Doñana en la lista de las IBA más amenazadas en todo el mundo, una ‘IBA in Danger’.

Sobreexplotación hídrica y ganadera

En respuesta a esta alarmante situación, y como ya hiciera ante el Convenio Ramsar, SEO/BirdLife ha trasladado la información y preocupaciones a la UNESCO, e insta al Gobierno de España a que declare sobreexplotados los acuíferos de Doñana, que cierre todos los pozos ilegales y asegure un plan para detener las extracciones ilegales de aguas subterráneas.

Sin embargo, incluso si se realizasen estas acciones, Doñana todavía seguirá enfrentándose a amenazas no resueltas y vinculadas a los usos locales. Aunque algunos como el pastoreo son parte intrínseca del patrimonio sociocultural del parque, la inadecuada gestión ganadera que se desarrolla en la actualidad amenaza al humedal por sobrepastoreo, que causa pisoteo de nidos y pollos, así como daños en la vegetación.

Ante esta situación, el pasado mes de octubre, SEO/BirdLife presentó una solicitud de información sobre expedientes abiertos referidos a la explotación vacuna “El Rincón”. Esta finca limita con La Rocina, ambas en el Espacio Natural de Doñana, y era un hecho frecuente que las reses traspasaran el vallado de separación entre ambas fincas, ocasionando un grave impacto sobre los ecosistemas protegidos del arroyo de La Rocina, uno de los más frágiles del Parque Nacional de Doñana. Además, suponía un riesgo para la seguridad de los propios visitantes presentes en la zona, así como a la seguridad vial de la carretera próxima.

Existían denuncias previas desde el Espacio Natural, pero los hechos continuaban sucediendo, siendo el propietario de la explotación, único responsable de los animales y del vallado de la misma. “Damos la bienvenida a acciones como la desarrollada y agradecemos el trabajo realizado por los agentes de medio ambiente que han hecho posible que actualmente se haya retirado el ganado de la explotación mencionada”, explica Carlos Davila, responsable de la oficina de SEO/BirdLife en Doñana.

Por otra parte, SEO/BirdLife ha trasladado su preocupación por otros asuntos no resueltos, como el crecimiento descontrolado de las poblaciones de jabalíes y los daños que ocasionan sobre las poblaciones de aves de Doñana, ya que depredan sobre los huevos y pollos de muchas de las especies que instalan sus nidos en el suelo o a poca altura. Solo en 2017, por esta causa se echaron a perder 800 nidos de garza imperial, y prácticamente la totalidad de las colonias de cría de fumarel cariblanco.

 

Más información:
-Vídeos de aves, incluidas acuáticas

Organizaciones ecologistas y de agricultores piden la paralización del proyecto de macrogranja de Noviercas (Soria)

  • Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción, Food & Water Europe y Greenpeace se han reunido con el alcalde de Noviercas para mostrar su frontal rechazo al proyecto de macrogranja
  • Una granja con más de 23.000 vacas sería una auténtica fábrica de cambio climático y de destrucción de empleo en el sector
  • Este proyecto fue rechazado en Navarra y tanto el País Vasco como Cantabria también se mostraron en contra de este tipo de explotación ganadera

Amigos de la Tierra, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción, Food & Water Europe y Greenpeace se han reunido esta semana con Pedro Millán, alcalde de Noviercas, la concejala Belén Melendo y Raúl Lozano, diputado provincial de Soria y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, para mostrar su frontal rechazo al proyecto de macrogranja de 23.520 vacas que la cooperativa Valle de Odieta, S. Coop. Ltda. pretende construir en la localidad.

Las organizaciones propusieron un giro radical de proyecto hacia un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que ponga en valor el patrimonio natural de la región y que permita un desarrollo sostenible y atractivo, la participación real de toda la población de Noviercas y así luchar contra el despoblamiento rural, a través de la creación de empleo de calidad y duradero. Sin embargo, no hubo ninguna apertura por parte del ayuntamiento, ni del diputado provincial, que ven este macroproyecto como la única salvación del pueblo, pese a que manifestaron que el ayuntamiento tiene ingresos que sí podrían revertir en la creación de algún proyecto sostenible alternativo, que atrajera a más personas en lugar de vacas.

El faraónico proyecto para Noviercas, un pequeño pueblo de tan sólo 155 habitantes, convertiría a esta macrogranja de vacuno de leche en la mayor de Europa y en una de las mayores del mundo. Según los datos disponibles, en España una explotación tiene, de media, unas 41 vacas, por lo que el proyecto de Noviercas plantea una granja con más de 500 veces esta capacidad, un total despropósito con graves consecuencias ambientales, sanitarias, económicas y sociales.

Además de las enormes emisiones propias de la granja, una explotación como la planteada necesita ingentes cantidades de piensos que, en su mayoría, tendrán que ser importados. Su producción, transformación y transporte son también un factor clave de contribución al cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad y también la principal amenaza a la vida tal y como la conocemos. Precisamente, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha advertido de la urgencia de poner en marcha medidas drásticas para frenar los peores efectos del cambio climático, limitando el incremento de la temperatura global a 1,5º y subraya que es urgente trabajar en todos los sectores de la sociedad, por lo que sería inadmisible la puesta en marcha de un proyecto de estas características.

Por otro lado, pese a la promesa de creación de empleo, esta macrogranja pondría en jaque a muchas otras explotaciones de vacuno de leche y podría destruir más de 700 empleos. De igual modo, es ya un claro ejemplo de acaparamiento de tierras en el mundo rural, puesto que la cooperativa pretende apropiarse de cerca de 800 hectáreas en la zona, con las que incrementaría aún más sus beneficios, a través de las subvenciones que recibiría a través de la Política Agrícola Común.

Este proyecto, presentado inicialmente en Navarra, donde la empresa ya tiene otra macrogranja de casi 5.000 vacas en Caparroso (en diciembre pasado fue denegada su ampliación por razones ambientales), fue rechazado por el Gobierno de Navarra y tanto el gobierno del País Vasco como el de Cantabria se mostraron en contra de este tipo de explotación. El Gobierno de Navarra ha iniciado, además, recientemente expedientes sancionadores contra la granja de Caparroso por incumplimientos en el desarrollo de su actividad.

Blanca Ruibal | Amigos de la Tierra

La Comisión Europea exige más contundencia a España para poder dar por cerrado el procedimiento de infracción por autorizar la captura de aves fringílidas

  • En una carta dirigida al MITECO y a las 17 comunidades autónomas, la Comisión Europea solicita a España aclaraciones sobre el alcance de la prohibición de esas capturas y le exige un gesto definitivo para poner fin a esta práctica de forma inequívoca.
  • El procedimiento de infracción, que se inició en 2011 por no ajustarse la captura de fringílidos en España a la normativa de la Unión Europea, podría finalizar en una posible condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
     
  • España ha autorizado, entre 2013 y 2018, la captura de 1.731.861 de fringílidos como el jilguero, el pardillo común, el serín verdecillo, el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario o el jilguero lúgano.

SEO/BirdLife ha tenido acceso a la carta remitida por la Comisión Europea a las administraciones estatal y autonómicas en la que analiza las respuestas de las autoridades españolas al Dictamen Motivado de 17 de mayo de 2018. Este Dictamen era el último aviso recibido desde Europa en el marco del procedimiento de infracción que se sigue contra España por autorizar la captura de aves fringílidas sin ajustarse a la Directiva que protege las aves comunitarias.

En la carta de diciembre, la Comisión reconoce el anuncio de la mayoría de las comunidades autónomas de no conceder nuevas autorizaciones para la captura de esas pequeñas aves durante 2018. Sin embargo, señala que ese anuncio se ha limitado a ese año, sin que se haya manifestado de forma inequívoca su permanencia en el tiempo más allá de ese periodo y de forma consistente con las exigencias del Dictamen Motivado, la jurisprudencia reiterada y el régimen excepcional de la Directiva de Aves.

La carta hace una mención concreta a la Comunidad de Madrid, que ni siquiera ha transmitido en su informe de contestación a la Comisión ningún compromiso de poner fin a las autorizaciones excepcionales para permitir la captura de fringílidos. Esta comunidad autónoma aún mantiene en vigor una orden de 1998 que autoriza la captura de esas aves en la región.

Ante las dudas sobre el carácter permanente de la prohibición de la captura de aves como el jilguero, el pardillo común o el verderón, y para poder dar por concluido el procedimiento de infracción, la Comisión Europea solicita a la Administración del Estado que aclare las acciones que se van a aplicar para asegurar el cumplimiento efectivo de la Directiva de Aves en todo el territorio español, que eviten la infracción de la normativa nacional que la transpone o que se concedan nuevas autorizaciones.

A las comunidades y ciudades autónomas (menos Asturias que sí ha prohibido definitivamente la captura de aves cantoras), se les solicita un informe que recoja la voluntad inequívoca y duradera en el tiempo de poner fin a la caza de aves fringílidas que infringe el ordenamiento comunitario, incluyendo la posibilidad de hacerlo mediante reformas legislativas. Por último, y sólo para la Comunidad de Madrid, la Comisión le pide a esta administración que informe si ha autorizado o prevé autorizar, en la actual o próximas temporadas, la captura excepcional de aves para canto, bajo cualquiera de las formas de excepción de la Directiva de Aves, en una clara alusión a las recientes autorizaciones concedidas para el supuesto seguimiento de las poblaciones de esas aves, con una escaso valor científico.

Desde SEO/BirdLife, que lleva años anunciando la necesidad de poner fin a la captura de fringílidos – siendo además una práctica innecesaria ya que existen alternativas como la cría en cautividad – se estima necesario aclarar las cuestiones planteadas por la Comisión. A pesar de que la mayoría de las comunidades autónomas han manifestado su voluntad clara de finalizar con la autorización de la captura de aves fringílidas, algunas otras administraciones mantienen una postura tibia y faltan acciones concretas y definitivas que no dejen lugar a dudas sobre la voluntad de España de cumplir con la normativa comunitaria que protege a las aves.

 

Batidas de lobo clandestinas e ilegales en el Parque Nacional Picos de Europa

Ecologistas en Acción denuncia que el 10 de diciembre se celebró una batida multitudinaria para cazar lobos en la zona mejor conservada del Parque Nacional de los Picos de Europa, su vertiente cántabra, aunque de momento se desconoce cuál fue el resultado de la misma.

La vertiente cántabra es una zona crítica para la conservación del urogallo cantábrico, el oso pardo y un sinfín de especies protegidas de flora y fauna. Se tiene conocimiento de que actualmente se encuentra pasando el invierno una osa con una cría. La zona se corresponde con dos lotes de caza, llamados Canales y Salvorón, de la Reserva Regional de Caza Saja. Estos dos lotes están integrados en el Parque Nacional Picos de Europa, en la ladera norte de la Sierra de Coriscao, municipio de Camaleño. Se trata de la misma zona en la que ya en diciembre de 2013 murieron de forma ilegal nueve lobos de una misma manada.

En esta batida han participado entre 50 y 100 personas, la mayoría sin habilitación específica; un número indeterminado de vecinos de Camaleño, sin contar necesariamente con licencia de armas, que actuaban como batidores; unos 30 cazadores locales que actuaban como tiradores en los puestos de caza; dos trabajadores laborales de uso público del Parque Nacional Picos de Europa, sin autorización para el uso de arma de fuego en el ejercicio de sus funciones; y un número indeterminado de Técnicos Auxiliares del Medio Natural, funcionarios del Gobierno de Cantabria, que actuaban como tiradores junto con el resto de cazadores.

Esta no es una actuación de control letal de lobos puntual, sino que se trata de una práctica habitual en la vertiente cántabra del Parque Nacional en los últimos años. Sin ir más lejos, el 5 de diciembre se abatió a una loba parida en una acción de caza idéntica a la de ayer, y el fin de semana del 1 y 2 de diciembre se mató otra loba en una batida ordinaria de jabalí. Ambas lobas, una joven y otra adulta, fueron abatidas en la misma zona del Parque Nacional. La dirección del Parque Nacional continúa incrementando la lista de lobos muertos en la vertiente cántabra de Picos de Europa.

Desde que el Parque Nacional es gestionado por las comunidades autónomas, en estas batidas de lobos, celebradas con asiduidad, es habitual el uso de bombas y explosivos, que se lanzan por los monteros o batidores en dirección horizontal al suelo para levantar o hacer correr a los animales y así poder dispararles desde los puestos de tiro. Este método está expresamente prohibido por la legislación de caza y sin embargo se permite continuamente por la dirección del Parque, sin tener en cuenta la seguridad de las personas participantes y el alto riesgo de incendios.

Ecologistas en Acción está estudiando la posible presentación de una demanda judicial, ya que estas actuaciones de caza de lobos, aunque autorizadas por el codirector del Parque Nacional en Cantabria, se consideran ilegales debido a múltiples motivos. En primer lugar, se trata de batidas clandestinas o secretas, puesto que las autorizaciones administrativas de control poblacional de lobos no son debidamente publicitadas, produciendo indefensión en la ciudadanía. Además, las autorizaciones de control de lobo prohíben expresamente la difusión de imágenes o vídeos de las batidas o de lobos muertos, sin ninguna base legal, y con el único objetivo de que no llegue a conocimiento de las organizaciones ecologistas. Por otra parte, se permite el uso de artes de caza prohibidos como los explosivos, cebaderos o visores nocturnos, no se especifica el personal autorizado en las resoluciones administrativas, no se buscan soluciones alternativas previas y tampoco se justifican estas autorizaciones administrativas con criterios técnicos ni científicos.

En la revisión que Ecologistas en Acción está realizando de la documentación relacionada con la gestión de lobos en Cantabria, se ha obtenido una prueba documental de que, desde el año 2015, algunos lobos abatidos en el interior del Parque Nacional lo fueron sin autorización administrativa, en ocasiones por guardas realizando esperas de lobo no autorizadas, en otras en batidas de lobo organizadas por los ayuntamientos y jefes de comarca al margen de la dirección del Parque o de cacerías de jabalí donde se produjeron excesos de cupo y se mataron más lobos de lo permitido.

Todos estos incumplimientos por parte de algunos guardas y cazadores de la normativa medioambiental y de las autorizaciones específicas para el control poblacional de lobos en el interior del espacio protegido se han consentido a lo largo de los años por la dirección del Parque, lo que ha llevado a la sensación de total impunidad actual.

Todas estas autorizaciones no están sirviendo para que desciendan los daños a la ganadería. La permisividad de la dirección del Parque con los incumplimientos de la condicionalidad de autorizaciones está provocando un incremento en el número de incumplimientos e irregularidades. Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama la suspensión de los controles de lobo en el interior del Parque Nacional, la dimisión del codirector del Parque por Cantabria y una gestión del lobo basada en estudios científicos rigurosos.

Carol Martínez Cortijo | Ecologistas en Acción