La Covid_19 puede ser una pandemia para la naturaleza

  • WWF lanza la campaña “Recoge el Guante” para concienciar sobre los riesgos para la salud y la naturaleza de guantes y mascarillas
  • La organización pide civismo y la colaboración ciudadana ante un nuevo tsunami de residuos de origen sanitario en los océanos y demanda la urgente aprobación de un plan de gestión de los residuos de protección de la Covid-19

La crisis del coronavirus ha hecho resurgir la utilización de plástico para uso sanitario, alimentación y embalaje, con la intención de reducir contagios y frenar la transmisión del virus, aumentando los residuos en vertederos pero también en las ciudades y en la naturaleza. Por eso, WWF lanza hoy su nueva campaña «Recoge el Guante» que apela a la responsabilidad ciudadana para que depositen los guantes y mascarillas en los contenedores de restos y evitar así que se contaminen nuestros ríos y mares.

En pocos días se han hecho comunes las imágenes de mascarillas o guantes arrojados incívicamente en cualquier lugar, pudiendo contaminar a las personas y llegar al mar a través alcantarillado y arroyos, como ya se ha comprobado en el Mediterráneo y en otros mares del mundo.

WWF teme que a medida que avance la desescalada en todo el mundo, la contaminación aumente ensuciando las playas, provocando la muerte de tortugas y otra fauna marina al confundir los guantes con medusas y otros alimentos, agravando la situación actual en la que  se calcula que 100.000 animales marinos mueren atrapados, asfixiados o envenenados por los plásticos cada año.

Esta nueva ola de plásticos sanitarios empeorará la situación denunciada por WWF en sus informes Una Trampa de Plástico y Stop the Flood The Plastic y terminarán convirtiéndose en microplásticos que pueden llegar al organismo humano. Estos informes también muestran cómo cada año se vierten a la naturaleza 100 millones de toneladas de residuos plásticos y la décima parte va a parar al mar, una cifra que aumentará si no hay una correcta gestión de residuos como los guantes y mascarillas. Un escenario muy preocupante, especialmente ahora que se acerca el verano y la llegada de turismo en plena desescalada, momento en el que la basura marina se incremente hasta en un 40%.

Los datos no pueden ser más alarmantes. Según WWF Italia, aunque solo el 1% de las mascarillas se desechara de forma incorrecta y se dispersara por la naturaleza, provocaría que hasta 10 millones de mascarillas cada mes contaminarán el medio ambiente. Teniendo en cuenta que el peso de cada mascarilla es de aproximadamente 4 gramos, esto daría como resultado la dispersión de más de 40.000 kilos de plástico en la naturaleza. Si a ello le sumamos que una mascarilla quirúrgica puede tardar hasta 400 años en desintegrase,  la situación puede llegar a un punto crítico.

Mientras tanto, la industria del plástico presiona en Europa y todo el mundo para que se paralice la decisión de prohibir para el año 2021 el uso de plásticos de un solo uso. Ante esta situación, WWF advierte que la contaminación por plásticos puede llegar a una situación crítica si no se toman medidas decididas y reclama que no se retroceda ni un paso con los compromisos adoptados para eliminar los plásticos de un solo uso en junio de 2021.

En este sentido WWF da la bienvenida a la Estrategia de Economía Circular y al borrador de anteproyecto de Ley de Residuos aprobado ayer por el Consejo de Ministros y felicita al MITECO por su presentación, ya que mantiene el compromiso temporal para la eliminación de los plásticos de un solo uso y marca una dirección clara contra la economía del derroche y de usar y tirar.

«Necesitamos una verdadera desescalada del plástico. La crisis de la Covid-19 no puede ser una excusa para seguir aumentando la producción de plásticos en el mundo”, afirma Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, quien añadió: “Debemos seguir avanzando en la eliminación de los plásticos de un solo uso, acelerando la economía circular y sancionar las conductas incívicas de los ciudadanos».

WWF presenta la campaña Recoge el Guante con consejos prácticos y para concienciar y apelar al civismo y la responsabilidad ciudadana para que depositen sus guantes y mascarillas en los contenedores de restos y en los habilitados para tal fin y que, siempre que sea posible, apuesten por mascarillas reutilizables y reduzcan el uso de guantes, mediante un lavado frecuente de manos como recomiendan las autoridades.

Además WWF está impulsando una petición a nivel global para pedir la adopción de un Acuerdo Global vinculante que obligue a todos los países a prohibir los vertidos de plástico a los océanos para 2030. Para ello, WWF España sigue recogiendo firmas  a través de la campaña #NaturalezaSinPlásticos  y hasta el momento más de 74.000 ciudadanos ya se han sumado a ella.

 

Greenpeace denuncia la destrucción de políticas ambientales post-covid

  • Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña Castilla y León, Castilla La Mancha y las Islas Canarias aprovechan el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en el ladrillo la salida a la crisis, sin suficiente evaluación de impacto ambiental
  • Diversas regiones se plantean modificar la Ley del Suelo, supeditando gravemente el medioambiente al desarrollo urbanístico, como ya pasara en la crisis de 2008
    En Andalucía hay un resurgir del ladrillo con nuevos campos de golf u hoteles de 300 habitaciones en el litoral y en Madrid se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos sin suficiente evaluación ambiental
  • Se recuperan viejos argumentos y políticas del ladrillazo. En plena crisis por el coronavirus, Greenpeace denuncia las diferentes iniciativas en determinadas Comunidades Autónomas que, aprovechando el amparo de la reactivación económica, promueven la destrucción ambiental y suponen un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública.

“Con el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del Covid19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace. “La actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida”.

La organización ecologista ya ha detectado, al menos en ocho CCAA, las siguientes iniciativas:

ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía convalidaba a principios de abril -con los votos de PP, Cs y Vox- el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, con el objetivo de reducir la participación pública y eliminar garantías ambientales. Con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía ha modificado 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación, con un reducido número de parlamentarios/as a causa de la cuarentena.

La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa, que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Entre otras, se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías. También, para las licencias de obras menores y de ocupación, basta con una declaración responsable sin licencia de obras.

Andalucía, que es la comunidad autónoma con más costa destruída de toda España, pretende reformar también la Ley del Suelo (1), con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su modelo urbanístico. La apuesta del gobierno andaluz por la construcción con el fin de activar rápidamente la economía, se traduce en un alarmante florecimiento de proyectos urbanísticos en el litoral (2), como las 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones en el valioso Pinar de Barbate (Cádiz) o la construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en los pocos tramos que quedan sin urbanizar de la costa tropical (entre Nerja y Maro) y que podrían quedar arrasados.

REGIÓN DE MURCIA

Las medidas adoptadas por el Gobierno de la región la pasada semana están centradas y repiten el mismo argumento de “acelerar la reactivación económica de la Región y responder con urgencia al nuevo escenario”.

La aprobación de dos Decretos Ley (Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente y el Decreto-Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras) modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada. La Ley del Suelo traslada a los Ayuntamientos los planes de ordenación del litoral, fórmula peligrosa en esta época de reactivación económica a toda costa y también les da la última palabra sobre la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo. Además, se eliminan la necesidad de una nueva evaluación ambiental para los proyectos de ampliación que no impliquen una superación del 30% de vertidos o el 30% de emisiones a la atmósfera.

Al tramitarse por la vía de urgencia, se han realizado sin transparencia ni participación pública, sin los preceptivos informes jurídicos previos y sin utilizar el procedimiento ordinario en la Asamblea Regional. Los municipios pasan a ser “órganos ambientales” en materia de planeamiento urbanístico, asumiendo la evaluación de los nuevos planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización (3).

COMUNIDAD DE MADRID

En el primer pleno de la Asamblea de Madrid durante la emergencia del coronavirus, la Presidenta Díaz Ayuso declaraba que, para salir de esta crisis, hay que “liberar suelo” porque “parte de la recuperación vendrá por la construcción” (4). El gobierno regional pretende sustituir las licencias urbanísticas por una declaración responsable en obras menores, para implantar nuevas medidas que agilicen los trámites para la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.

La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo se va a hacer por vía urgente para eliminar los “trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación”. De esta forma se eliminan trámites burocráticos y la adecuada vigilancia y participación ambiental y se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos, de forma inmediata, y 32.000 más a medio plazo (5).

GALICIA

Aunque sin modificaciones de leyes o vía decretazo, la Xunta de Galicia ha declarado “esenciales” casi un millar de expedientes pendientes de tramitación. De esta manera, podría reactivarlos, incluso los de elevado impacto ambiental, sin los adecuados canales de participación pública.

Núñez Feijóo lo ha hecho defendiendo sobre el papel que son iniciativas “indispensables” para el “interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central, aunque lo que ha destacado públicamente es su “gran repercusión económica” por las inversiones millonarias que están en juego (6).

Los 975 proyectos, incluidos en la Orden, son ampliaciones de explotaciones ganaderas y macrogranjas, vertederos, plantas de valorización de residuos, cambios de usos del suelo agrario o forestal, proyectos de parques eólicos, líneas de alta tensión, autorizaciones para aperturas comerciales, etc. y son, en muchos casos, proyectos especialmente sensibles y controvertidos que generan un gran rechazo social.

CATALUÑA

A finales de abril desde la Consellería de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya se anunciaba la “Ley Omnibus Covid 19” para afrontar la pandemia. La propuesta busca, de nuevo, la simplificación administrativa en tramitaciones urbanísticas y ambientales que, según palabras de la Conselleria, “a veces se alargan de manera absurda”. Se habilitará para este proceso incluso el mes de agosto, no habilitado normalmente, para poder hacer las gestiones urbanísticas y avanzar el máximo de expedientes (7). En un principio, se ha destacado que no se simplificarán los contenidos de los procesos de evaluación ambiental. La Ley Ómnibus es una fórmula ya utilizada durante el gobierno de Artur Mas en 2011 (8), con el apoyo del Partido Popular, bajo el argumento de que “el objetivo es que la actividad agraria, industrial, turística, comercial y, en definitiva, todos los sectores que hacen hervir la olla, tengan menos trabas por parte de la Administración“.

Este proceso no está aún claro y aprobado, y la agilización de los trámites podría chocar con el Convenio Europeo de Aarhus, referente a los plazos necesarios para acceder a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como ya ha denunciado la Federació d’Ecologistes de Catalunya (9). La Asociació de Promotors de Catalunya (APCE) estima que, con una venta anual de 25.000 viviendas, se generarían más de 60.000 puestos de trabajo (10). Además, la Ley Omnibus pretende rebajar durante la pandemia las medidas fiscales para enfrentar la emergencia climática. El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (11) remarca la importancia de los impuestos ambientales, pero admite que la situación actual ha forzado al ente público a definirlos.

CASTILLA Y LEÓN

Tambień como ocurre en Andalucía y Murcia, el gobierno de la Junta de Castilla y León ha anunciado la modificación de la Ley de Urbanismo para agilizar las licencias urbanísticas, los trámites administrativos y su simplificacioń con medidas como la declaración responsable en apoyo al sector de la construcción, la obra pública y privada que es clave en el empleo y en la recuperación económica (12).

Aún sin trascender estas medidas, todavía en estudio, la voluntad de la Junta es la de mantener todos los compromisos adquiridos en la construcción “porque son claves en la recuperación y reconstrucción tras el Covid-19” (13).

CASTILLA LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Gobierno regional va a continuar con la estrategia de captación de empresas. Para ello va a proponer dos leyes por tramitación exprés para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas y, por otra parte, facilitar los procedimientos urbanísticos (14). El propio García-Page habla de que “son temas delicados cuando se habla de suprimir trámites en el ámbito urbanístico, porque aparecen dudas de todo tipo y ya no digamos si se relacionan con la honestidad” (15), pero aún así, desde la Consejería de Fomento, se trabaja para que, tras el estado de alarma, se reactiven sectores como el de la construcción y que la administración sea un catalizador que agilice expedientes y trámites, entre ellos los urbanísticos, en pos de la generación de empleo y riqueza (16).

ISLAS CANARIAS

Desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se ha anunciado, también la pasada semana, que el Ejecutivo promoverá una modificación puntual de la Ley del Suelo para agilizar inversiones con criterios sostenibles (17). El objetivo es agilizar las inversiones en el sector primario para favorecer su desarrollo sin “abrir una puerta de atrás a proyectos desarrollistas”. Con esta reforma, aún en estudio, se pretenden eliminar obstáculos en las inversiones del sector hotelero y de la construcción desde la “reactivación ecológica”, cuando el modelo turístico actual, basado en el turismo masivo de sol y playa, ha traído a las islas una considerable huella ecológica.

En el archipiélago canario la Ley del Suelo fue reformada en 2017, con la idea de generar una enorme riqueza y empleo para triplicar el número de plazas alojativas (18).

Demandas de Greenpeace

La organización ecologista alertaba hace unas semanas en el informe “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: Lecciones aprendidas” (19) sobre la importancia de no repetir los daños ambientales que dejó la crisis económica el 2008. Y en esta línea, estas políticas están muy alejadas de cómo debería ser la salida a la crisis. Greenpeace reclama que, respecto al uso del suelo, la construcción y el turismo, hay que recuperar grandes superficies de suelo perdido en el ladrillo y convertirlas en suelo útil para desarrollar modos de vida sostenibles tras la crisis del COVID:

Debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento que el suelo que pisamos es garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias y nuestra salud.
Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada, única y exclusivamente, a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad. Hasta ahora hemos usado el suelo para preservar el mercado de la construcción.
Recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales: el agua, las energías limpias, los residuos, apostando por la independencia energética y recuperando la cultura del agua.
Blindar el suelo turístico “no edificado”. Eliminar la dependencia del monocultivo hotelero, reduciendo drásticamente el número de nuevas camas, elevando la calidad de los establecimientos que existen en la actualidad. Que los núcleos turísticos tengan áreas de esparcimiento, con dotaciones sanitarias y deportivas suficientes, dotando de seguridad a los destinos y apostando por el transporte público.
Promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación de la planta turística y de vivienda actual, con todas las garantías ambientales.
Pilar Marcos | Greenpeace España

 

Ecologistas en Acción lanza el documental ‘Las voces del agua’

  • Con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la derogación del trasvase del Ebro, el 21 de abril de 2005, Ecologistas en Acción de Aragón presenta la película ‘Las voces del agua’.
  • El desequilibrio territorial generado por el viejo modelo de gestión del agua ha provocado una injusticia social que todavía está lejos de revertirse.
  • Los testimonios que se escuchan en el documental fundamentan un nuevo modelo de gestión y de gobernanza que haga posible la armonía entre el territorio y las personas.

El 21 de abril de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la derogación del trasvase del Ebro. Para Ecologistas en Acción esta anulación supuso una victoria histórica de las organizaciones ecologistas y sociales que, durante tres años, denunciaron este proyecto, movilizando a cientos de miles de personas contra este trasvase.

Para celebrar este aniversario, Ecologistas en Acción de Aragón lanza el documental Las voces del agua.

La película es una trilogía:

1. «El silencio de los afectados», grabado en el pantano de La Peña.
2. «El engaño del interés social», grabado en Jánovas.
3. «Futuro posible», grabado en el recinto de la EXPO 2008, Zaragoza.

Cada episodio, de unos 15 minutos de duración, puede entenderse como una unidad narrativa o complementarse con los otros para dar una visión más global.

Se ha huido intencionadamente de un modelo de documental cargado de datos para dar importancia a las voces de las personas que viven en la orilla de nuestros ríos y que tradicionalmente han sido las víctimas de un falso discurso de progreso.

El desequilibrio territorial generado por el viejo modelo de gestión del agua ha causado una profunda injusticia social que todavía está lejos de revertirse. En ese sentido, las voces que se escuchan en este documental argumentan un nuevo modelo de gestión y de gobernanza que haga un poco más posible la armonía entre el territorio y las personas.

Ponen voz a esta realidad un amplio colectivo de activistas, con un gran bagaje de trabajo a sus espaldas, que llevan mucho tiempo acercando los principios de la nueva cultura del agua a una realidad que desde la emergencia climática reclama nuevas voces y nuevos diálogos.

El equipo de realización ha sido dirigido por Iván Castell y ha estado formado por Beltrán García y Daniel Haddadin (cámaras); Carlos Estella (sonido); Carlos Estella y Jesús Sampériz (producción ejecutiva).

La música ha sido compuesta para este documental por Borja Cortés, Rafael Rodríguez y Sergio Marqueta-Siibert.

El equipo de la película muestra su agradecimiento por el acompañamiento recibido en «la difícil tarea de distinguir las voces de los ecos».

Carlos Estella y Jesús Sampériz | Ecologistas en Acción

Denunciamos vertidos ilegales de residuos próximos a La Zarza

Lamentamos denunciar el vertido de residuos en zonas campestres del término de Jumilla, en la Pedanía de la Zarza. Como se puede comprobar en la imágenes, estos han sido depositados en una riera que normalmente esta seca, aunque este año por el alto índice de plubiométria aflora el agua.

La concentración de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de las medidas tomadas por la crisis sanitaria

  • La reducción puntual de las emisiones de CO2 no es un alivio para la crisis climática, puesto que la concentración de este gas en la atmósfera sigue creciendo
  • Greenpeace reclama cambios socioeconómicos profundos que impulsen una reducción de las emisiones continuadas hasta alcanzar el cero neto
    Las medidas de estímulo e inversión consecuencia de esta crisis deben contribuir no superar los 1,5 ºC de temperatura global
  • La lucha contra la crisis sanitaria no está contribuyendo a paliar la otra gran crisis a la que se enfrenta el mundo: el cambio climático. Greenpeace alerta de que, pese a la reducción de las emisiones de CO2 en algunos sectores como el transporte y el eléctrico a causa de las medidas tomadas para dar respuesta a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando.

Según los datos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), la concentración de CO2 que se acumula en la atmósfera no ha dejado de crecer desde que empezaron los registros en 1958: la media entre enero y marzo de este año ha alcanzado las 413,89 partes por millón (ppm), frente a las 411,6 ppm del mismo periodo de 2019. Todo ello a pesar de que en China, el mayor emisor de CO2 del mundo y el primero en sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria, se estima que las emisiones en febrero se redujeron en torno a un 25%.

“La crisis sanitaria es ahora una prioridad, pero no podemos olvidar la otra gran emergencia: el cambio climático. Ahora se abre una gran oportunidad para afrontar ambas cuestiones al mismo tiempo: la reconstrucción socioeconómica del planeta debe asentarse en actividades e inversiones económicas que, además, contribuyan a no superar 1,5 ºC la temperatura global”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace.

Concentraciones medio de CO2 de enero a marzo 2020

Algunos datos sobre la reducción de las emisiones

Ya hay algunas estimaciones sobre la reducción de las emisiones de CO2 en los próximos meses: Alemania podría emitir entre 50 y 120 millones de toneladas menos de CO2 este año por la enorme bajada en la demanda de electricidad; en la ciudad de Nueva York se estima una caída del 5-10% de las emisiones de CO2 y una caída sólida en el metano y, en España la reducción del transporte por carretera se ha estabilizado en el 70% tanto en ámbito interurbano como metropolitano, mientras que el número de vuelos con origen o destino en España ha caído más de un 90%.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado que la demanda de petróleo de este año ha caído por primera vez desde 2009 (en torno a 90.000 barriles de petróleo/día respecto a 2019) debido a la profunda contracción del consumo de petróleo en China y a las importantes perturbaciones en los viajes y el comercio mundiales. Los datos más recientes indican que la demanda de petróleo se ha hundido un 25%, que equivale a casi lo que produce toda la OPEP o como si toda Norteamérica (EEUU, Canadá y Méjico) dejasen de pronto de consumir petróleo de golpe.

Ante estas proyecciones y datos, Greenpeace subraya que, a pesar de todo, las reducciones puntuales en las emisiones no van a paliar la crisis climática, pero sí deberían servir para iniciar los cambios profundos necesarios para reducir las emisiones a cero. “El mundo lleva más de 200 años aumentando las emisiones de CO2 a la atmósfera por una economía basada en los combustibles fósiles. Ahora es el momento de reconvertir nuestro modelo industrial”, ha señalado Nuño.

La organización ecologista recuerda que no debemos repetir los errores de las crisis económicas pasadas y que es necesario pensar a largo plazo, por lo que las medidas de recuperación económica deben fijar el rumbo de la transformación ecológica necesaria para no superar 1,5 ºC las temperaturas globales.

“La crisis por el coronavirus ha irrumpido en un momento de emergencia climática, donde millones de personas se han sumado al movimiento juvenil por la defensa del planeta, al que también hay que dar una respuesta global y coordinada”, ha añadido Nuño.

La comunidad científica insiste en que la próxima década es decisiva para evitar los peores impactos del cambio climático, una lucha que, para Greenpeace, puede y debe ser un motor de la recuperación económica y es la base de la prosperidad a largo plazo. Los gobiernos deben asegurarse de que se abandonan las subvenciones a los combustibles fósiles y que los apoyos e inversiones públicas se destinan a actividades productivas que garantizan la sostenibilidad del planeta. Cualquier iniciativa de rescate debe centrarse en las personas y en el caso de empresas debe condicionarse a criterios sociales y ambientales.

La organización insiste, además, en que el impulso y la financiación en los sectores de las energías renovables, la renovación de edificios energéticamente eficientes, la gestión de la demanda, la movilidad sostenible y la agricultura ecológica serían generadores de empleo y recuerda que, según estimaciones de la OIT, la transición energética facilitaría la creación de 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo para el año 2030.

Concentraciones de CO2 en la atmósfera entre 1958 y 2019

Tatiana NuñO | Greenpeace

 

Organizaciones ambientalistas solicitan al Gobierno cambiar la gestión del agua

  • Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España solicitan medidas de acción inmediatas que muestren el compromiso del Ejecutivo por una verdadera transición ecológica en la planificación y gestión del agua
  • Las ONG advierten de que España se enfrenta a una realidad preocupante: cerca de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas están en mal estado ecológico y el mal estado de los humedales más importantes es el ejemplo del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua
  • Las ONG solicitan, entre otras medidas, descartar más infraestructuras hidráulicas, moratorias a nuevos regadíos y concesiones de agua y mejoras en el control del uso ilegal de agua.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, las organizaciones ambientales estatales Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España llaman la atención sobre el modelo de gestión del agua en España y solicitan al Gobierno medidas de acción inmediatas que muestren el compromiso del Ejecutivo por una verdadera transición ecológica en la planificación y gestión del agua. Esta área de la gobernanza, que sigue sin asumir los nuevos retos sociales, climáticos y ambientales, debe ajustarse a la racionalidad económica, la protección de los ecosistemas y la participación pública real y activa.

Según las ONG, España se enfrenta a una realidad sin precedentes en su historia reciente que afecta a todo el territorio. Cerca de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas están en mal estado ecológico. De hecho, siguen ausentes los caudales ecológicos, elemento fundamental para asegurar la conservación de los ecosistemas acuáticos. Además, los problemas del agua y los ecosistemas acuáticos se ven cada día más agravados por los efectos de la crisis climática, estando España a la cabeza de los países más vulnerables de Europa.

La Directiva Marco del Agua como solución

Tras más de una década de recorrido de la Directiva Marco del Agua (DMA), las organizaciones apuntan el nulo interés del Estado español por replantear el modelo y cumplir con los principios básicos de esta normativa europea. El resultado de mantener la tradicional política hidráulica se observa en el colapso ambiental que están sufriendo algunos de los humedales más importantes del sur de Europa como: Doñana por la sobreexplotación de sus acuíferos; el Delta del Ebro y su incierto futuro si no se asegura la llegada de caudales y sedimentos; la Albufera de Valencia, donde no llega la cantidad de agua necesaria para asegurar su conservación y la que llega es de deficiente calidad; las Tablas de Daimiel, asediadas por un modelo agrario de regadío que extrae hasta la última gota de sus aguas; o la historia del colapso del Mar Menor que ya fue alertada hace dos décadas.

Lo grave es que esta nefasta política hidrológica, basada en la oferta y partícipe de la intensificación, ya está sufriendo los efectos del cambio climático: reducción continuada de los recursos hídricos disponibles en la práctica totalidad de las cuencas hidrográficas y aumento de la frecuencia, intensidad y extensión de las sequías e inundaciones.

Cuencas colapsadas

El colapso ambiental e hídrico se hace igualmente visible por todo el territorio. La política llevada a cabo en la cabecera de la cuenca del Tajo, donde el trasvase de aguas hacia el sureste español ha cronificado el deterioro ambiental de todo el eje principal del Tajo y ha comprometido el caudal ecológico, el desarrollo de los pueblos ribereños y la conservación de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Más de la mitad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Duero presentan graves problemas de contaminación por nitratos; en la cuenca del Ebro, con 167 embalses de regulación y 2.455 presas, azudes y diques, se imposibilita el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos y la llegada de sedimentos al mar y, en cambio, se apuesta masivamente por nuevos regadíos; mientras la nefasta gestión de las aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana sobreexplota 11 de las 20 masas de agua subterráneas de toda la cuenca y afecta al estado de conservación de al menos 42 espacios de la Red Natura 2000 y cuatro humedales Ramsar de Importancia Internacional. Por otro lado la cuenca del Segura, receptora del trasvase del Tajo, sufre una política agraria expansiva e intensiva en el Campo de Cartagena que ha sobredimensionado el sector y provocado un descontrol sin precedentes en el uso excesivo de agua y fertilizantes.

Modelo adaptado al cambio climático y a favor de la biodiversidad

Inmersos en el tercer ciclo de revisión de los planes hidrológicos de España, las citadas ONG ambientales entienden que el Gobierno, y especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que es quien tiene las competencias en materia de aguas, tiene la oportunidad de demostrar su verdadero compromiso con la transición hídrica y la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello debe impulsar inmediatamente una serie de medidas que prioricen la gestión del agua orientada a alcanzar un buen estado de los ríos, acuíferos, humedales y costas, y asegurar así la sostenibilidad en el uso de este recurso.

Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que es urgente e inaplazable un giro profundo hacia otro modelo que asuma el principio de precaución en la gestión del agua y reduzca la presión sobre los recursos hídricos. Para ello, solicitan al Miteco que de forma urgente tome las siguientes medidas:

1. Establecer un calendario para descartar, detener y revertir todas las infraestructuras hidráulicas programadas contrarias a la transición ecológica, como trasvases y embalses, entre ellas los trasvases del Tinto-Odiel-Piedras a Doñana y el trasvase Siurana-Riudecanyes, los pantanos de Mularroya, Biscarrués,Alcolea y el recrecimiento del embalse de Yesa; así como establecer una hoja de ruta encaminada a la desconexión gradual del trasvase Tajo-Segura. Proceder a una profunda reevaluación de la viabilidad ambiental, social y económica de todas estas infraestructuras, contando con la participación ciudadana.

2. Establecer una moratoria a la creación de nuevos regadíos y a nuevas concesiones de agua, e iniciar una evaluación ambiental y socioeconómica de la efectividad de las intervenciones llevadas a cabo en el periodo 2000-2020, incluyendo la modernización de los regadíos, así como establecer mecanismos de reducción progresiva de regadío en los territorios donde se hace ambientalmente insostenible su futuro. El mal estado de las masas de agua no permite el establecimiento de nuevas hectáreas de regadío.

3. Crear en los Presupuestos Generales del Estado un fondo de urgencia para incrementar el control y eliminación del uso ilegal del agua, incorporando las nuevas tecnologías. Asimismo, asegurar que los fondos públicos para el desarrollo rural apoyan, en lugar de dificultar, la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Además, las organizaciones consideran que antes del cierre de la actual consulta pública de los Esquemas de Temas Importantes de los Planes Hidrológicos debe garantizarse la participación de la ciudadanía a fin de que se puedan aportar nuevas contribuciones y que se adopten en las decisiones finales. Los mecanismos actuales son meros planteamientos informativos, sin claridad respecto a los criterios de participación y sin dar a conocer cómo se van a tener en cuenta los resultados de la participación.

Las organizaciones ambientales instan, por tanto, al Gobierno a que inicie la transición hidrológica para pasar del agua como recurso productivo a una visión holística en la que los ecosistemas acuáticos se conservan por sus servicios ambientales y por su valor intrínseco.

Los tendidos eléctricos, puntos negros para las aves

Equipos de jóvenes voluntarios del proyecto LIFE-Followers de SEO/BirdLife, en colaboración con el proyecto AQUILA a-LIFE coordinado por GREFA, denuncian la existencia de tendidos peligrosos para la conservación de aves protegidas como el búho real, el buitre leonado o el busardo ratonero, entre otras especies.

El equipo “Follower Tendidos” ha revisado en el último año más de 900 apoyos de líneas eléctricas, identificando en el último año diversos puntos negros en la Comunidad de Madrid y alrededores. Los más afectados son los municipios de Perales del Río con un punto negro donde se han llegado a encontrar 13 cigüeñas blancas muertas, otro en las cercanías de Velilla de San Antonio, con un búho real, un azor común y un busardo ratonero electrocutados, y otro en Cantalejo (Segovia), con varios ejemplares de buitre leonado.

En total, el equipo de “Followers Tendidos”, formado por jóvenes de entre 18 y 30 años, ha realizado cerca de 60 jornadas de voluntariado llegando a encontrar 30 aves electrocutadas.

“Es triste encontrar aves rapaces muertas a los pies de tendidos eléctricos pero esto nos hace salir cada vez con más ganas porque sabemos que nuestro esfuerzo se traduce en una corrección de esos tendidos y estamos evitando futuros accidentes”, señala Alberto Remacha, coordinador de LIFE Followers en Madrid.

“Además de formar a los voluntarios para que identifiquen los tendidos peligrosos, les enseñamos a actuar y a saber qué hacer cuando se encuentran un ave accidentada, que es informar a los agentes forestales para que retiren los cadáveres y poder continuar con las cuestiones legales. Es importante que aprendan el procedimiento adecuado para que puedan actuar cuando se encuentran con este tipo de casos de manera individual”.

“Follower Tendidos” forma parte del proyecto en Madrid y para esta acción cuenta también con la ayuda de la asociación GREFA, encargada de coordinar el proyecto europeo AQUILA a-LIFE. Tanto GREFA como SEO/BirdLife forman parte de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, un grupo de acción que lucha por acabar con el problema de la mortalidad de aves en tendidos eléctricos.

Ejemplar electrocutado 

Para Juan José Iglesias, responsable del Equipo Tendidos de AQUILA a-LIFE / GREFA,”la implicación ciudadana en este tipo de problemas es vital para llegar a una resolución positiva de este conflicto. Un ejemplo claro es la motivación con la que salen al campo todos los voluntarios haga frío o haga calor, sabiendo que el esfuerzo se verá recompensado con la localización de puntos negros para las aves y consecuentemente su corrección”, señala. “Por otro lado los propietarios de los tendidos, compañías o particulares, están teniendo una respuesta positiva al conocer su responsabilidad y están actuando con el fin de que no se produzcan nuevos incidentes en sus líneas”

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Montemadrid y Bankia en su compromiso por el Medioambiente y el desarrollo sostenible.

Abierto el plazo para voluntarios a través de la web http://followers.seo.org/

Surge tras la iniciativa de la Comisión Europea de poner en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ofreciendo la oportunidad de adquirir una experiencia de voluntariado en la que los jóvenes, además de desarrollar sus capacidades, puedan prestar un servicio a la sociedad y tener una oportunidad laboral en el sector medioambiental.

Actualmente hay más de 1.100 inscritos y el plazo de candidaturas seguirá abierto hasta el próximo mes de mayo. Los jóvenes reciben formación científica y divulgativa por parte de SEO/BirdLife, además de una pequeña compensación económica y la posibilidad de convalidar la formación con créditos universitarios.

Encuentran más de 150 aves con manchas oleosas en la costa gallega

El episodio es preocupante porque afecta a un extenso tramo de costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
En la última semana han aparecido numerosas aves marinas con manchas de una sustancia aceitosa, presumiblemente algún tipo de hidrocarburo, en las costas de Galicia. Se trata principalmente de frailecillos atlánticos (Fratercula arctica), así como araos (Uria aalge) y alcas (Alca torda), entre otras aves marinas, en total más de 150 hasta la fecha.

El episodio coincide con el final del invierno, cuando se disponen a migrar hacia sus colonias de cría. Dentro las marinas, uno de los grupos más sensibles de aves, tanto el frailecillo como el alca se consideran amenazados a nivel global por el declive que experimentan sus poblaciones reproductoras en el Atlántico norte, mientras que el arao ha desaparecido recientemente de Galicia como reproductor, siendo la primera especie de ave marina que se extingue en nuestro territorio. Como aves eminentemente buceadoras, las tres especies citadas son muy sensibles a los vertidos de hidrocarburos, ya que están muy expuestas al contacto directo. Pero no sólo les pueden afectar físicamente al impregnarse en sus delicados plumajes, sino que también afectan a sus fuentes de alimento al contaminar y alterar el ecosistema marino.

La mayoría de las aves han aparecido muertas, si bien también hay ejemplares vivos, que han sido trasladados a los Centros de Recuperación de Fauna de la Xunta de Galicia. En paralelo, en playas de las Rías Baixas han aparecido grandes cantidades de una sustancia que posiblemente se emplee en la limpieza de los tanques de los barcos. El amplio tramo de costa afectado (desde Malpica en la Costa da Morte a Oia en el extremo sur de Galicia), y la elevada proporción de frailecillos, aves que generalmente se encuentran muy alejadas de la costa, hace sospechar en la existencia de una extensa mancha mar adentro. Todo apunta por tanto a un importante “sentinazo”, el vertido de los restos de la limpieza de tanques de algún buque carguero, una práctica prohibida por el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

Seguimiento en las playas

Numerosas personas y asociaciones están desde el fin de semana pasado inspeccionando playas para buscar aves petroleadas. Entre ellas SEO/BirdLife con apoyo del Grupo local SEO-Pontevedra, CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños), ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) y BRDI (Bottlenose Dolphin Research Institute), el Grupo Naturalista Hábitat, y especialmente ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), quien coordina el voluntariado. El episodio ha coincidido con la puesta en marcha de un programa de seguimiento de playas dirigido a detectar aves orilladas, que pone en marcha el Grupo Naturalista Hábitat en las costas coruñesas con el nombre de Inspección de Praias de Coruña (IPC). Así, este grupo ha recopilado los datos disponibles en un primer informe.

SEO/BirdLife ha puesto a disposición una aplicación para móvil recientemente desarrollada para este tipo de actuaciones, la App ICAO. El nombre viene de las históricas Inspecciones Costeras de Aves Orilladas (ICAOs), prospecciones que se llevan a cabo desde los años ochenta, aunque de forma irregular, coordinadas por el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM), grupo de trabajo de SEO/BirdLife.

La App ICAO, desarrollada en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES, tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en recopilar información, tanto sistemática como oportunista, sobre las aves que aparecen muertas en playas de todo el territorio estatal, con el objetivo de conocer la incidencia de mortalidad y caracterizar las amenazas que afectan a las aves marinas, así como detectar episodios puntuales de contaminación aguda, como el presente, y poder actuar para minimizar sus impactos.
También en la línea de minimizar impactos de los vertidos sobre las aves marinas, SEO/BirdLife lideró recientemente el proyecto Marine Bird Oil Map, en el que se elaboraron mapas de sensibilidad de aves marinas a hidrocarburos, con el fin de conocer las zonas de mayor riesgo, según las épocas, y poder actuar de la forma más eficaz en caso de accidente, así como prevenir episodios en las zonas de mayor sensibilidad.

Además del apoyo sobre el terreno, SEO/BirdLife ha informado y trasladado su preocupación a las autoridades competentes con el objetivo de propiciar la puesta en marcha de los mecanismos de respuesta oportunos.

El tráfico de especies es la peor amenaza para la vida Silvestre.

El 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Desde WWF queremos llamar la atención sobre una de las mayores amenazas para las especies: el tráfico de animales, un delito sangriento pero muy lucrativo para las mafias, equiparable al negocio de armas y drogas.

Un crimen contra la naturaleza que enriquece a unos pocos sin escrúpulos y en el que todos perdemos: está llevando a la extinción al tigre, al elefante, al rinoceronte y poniendo en peligro nuestro patrimonio natural. Además, en la última década casi 1.000 guardaparques han sido asesinados defendiendo a estas especies contra los furtivos.

LA MASACRE EN CIFRAS

Cada año se trafica con más de 1,5 millones de aves vivas y unos 100 tigres, 20.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados para vender sus pieles, huesos, colmillos y cuernos.

Según nuestros compañeros de TRAFFIC, la red que vigila el comercio mundial de especies protegidas, el tráfico de vida silvestre en Asia alcanza cifras espeluznantes: más de 6.000 tortugas estrelladas de la India fueron decomisadas en 10 incautaciones y en los últimos 3 años se incautaron 96 toneladas de escamas de pangolín. En poco más de una década se encontraron miles de órganos de casi 4.000 osos a la venta en los mercados del sudeste asiático.

También, en la última década fueron decomisados en esos mercados 225 toneladas de colmillos de marfil de elefantes africanos y 900.000 pangolines, muchos de ellos atrapados, vendidos y cocinados sin ningún control sanitario.

Además de acercar a estas especies a la extinción, supone un importante riesgo para la salud de sus consumidores, ya que podría generar el potencial contagio de enfermedades de impactos desconocidos como la actual epidemia de coronavirus

Mercado chino con productos para medicina oriental.

UN RIESGO PARA TODOS

La epidemia del coronavirus ya se ha extendido a más de 60 países y ha acabado con la vida de más de 3.000 personas. En origen la enfermedad podría haberse transmitido a los humanos por el consumo de animales salvajes.

WWF está preocupado por la alerta sanitaria, se solidariza con los familiares de las víctimas y apoya la prohibición del gobierno chino de criar, transportar y vender carne y otras partes de animales silvestres como medida de emergencia para contener la enfermedad.

Desde hace décadas y gracias al apoyo de nuestros socios y socias, en WWF trabajamos sobre el terreno para combatir a las mafias del tráfico de especies y para acabar con la demanda en los países consumidores.

Hoy es tu momento de actuar ¡Ayúdanos a detener el Tráfico de especies y súmate a la defensa de tu Naturaleza!

Nueva condena por el uso ilegal de veneno en Málaga

El Juzgado de lo Penal nº3 de Málaga ha condenado a doce meses de prisión a un guarda de un coto de caza de Loja (Granada) por colocar veneno y lazos ilegales para matar fauna en un coto de caza localizado en Archidona (Málaga). WWF felicita a la  Estrategia andaluza contra el veneno por la gran investigación realizada, sin la que hubiera sido imposible encontrar al culpable. La anterior condena por uso de veneno en Málaga fue en 2016, cuando WWF se personó como acusación en el caso.

Un guarda de un coto de caza de la localidad granadina de Loja acaba de ser condenado por uso de cebos envenenados. Se trata de unos hechos que se descubrieron en 2014, cuando agentes de medio ambiente y técnicos especializados de la “Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV)” y la Unidad Canina Especializada en la detección de venenos, tras el hallazgo de un perro muerto, inspeccionaron el coto de caza denominado “El Almendral” y sus inmediaciones.

Durante el conjunto de inspecciones se localizaron cebos envenenados con potentes tóxicos, además de varios zorros y lazos para la captura ilegal de predadores. Los mismos tóxicos y cebos encontrados en el campo fueron encontrados también en las instalaciones propiedad de la persona ahora condenada, que ejercía de guarda del coto. Además, se trata de un envenenamiento intencionado en el que el autor pretende dar muerte a una serie de animales que considera dañinos para las especies de caza y que, en muchas ocasiones, termina afectando a otras especies a las que no iba dirigido. En este caso, se pretendía acabar con los depredadores de las perdices de granja que se acaban de soltar en la misma finca.

Gracias a esta sentencia, se ha condenado al autor de los hechos por un delito contra la fauna tipificado en el art. 336 del código penal a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar y pescar durante dos años.

Para WWF este tipo de sentencias son de enorme importancia ya que el uso de cebos envenenados no debe quedar impune. En este sentido, la organización  valora positivamente que cada vez se están dedicando mayores recursos a la detección e investigación del uso de veneno para la fauna, incluyendo, como en este caso, el uso de perros detectores de cebos y animales envenenados.

El uso del veneno es una práctica ilegal utilizada en diferentes zonas del territorio andaluz, español y europeo para matar predadores por ciertos sectores de cazadores y ganaderos. En el caso concreto de Andalucía, estos venenos se dirigen especialmente a perros asilvestrados y zorros, pero su nula selectividad supone una mortal amenaza para la fauna protegida,  tanto mamíferos como aves, algunos en peligro de extinción, como el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real.

Según Gema Rodríguez, Responsable del Programa de Biodiversidad de WWF España: “Desde WWF queremos felicitar a la Junta de Andalucía por la continuidad en la aplicación desde 2004 de un programa específico, denominado “Estrategia Andaluza contra el Veneno”, que ha permitido reducir el uso de venenos en un 50% en los últimos años”. “Desde WWF también hacemos un llamamiento para que se refuerce la persecución legal de estos delitos”, concluye Rodríguez.

Cristina Martín | WWF. 690 76 23 35