Organizaciones ecologístas y población afectada por la gandería industrial rechazan la nueva legislación que la regula

  • El Gobierno no cuenta con la participación del sector ecologista y la población afectada para el nuevo Real Decreto de porcino.
  • Las principales organizaciones ecologistas denuncian el impacto ambiental y social de la ganadería industrial porcina.

El pasado 13 febrero el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo Real Decreto para regular el sector porcino español. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, denuncian la falta de participación de las organizaciones ecologistas y de la población afectada por la expansión de la ganadería industrial de porcino. Lamentan, además, la oportunidad perdida que supone este decreto para limitar y reordenar un sector que crece de manera exponencial.

Las organizaciones firmantes denuncian la falta de participación social para la elaboración de este Real Decreto, en el que el Ministerio de Agricultura no ha respondido a las alegaciones presentadas por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Así demandan una moratoria a las nuevas explotaciones ganaderas industriales y la apertura de un debate social para avanzar hacia un modelo sostenible que responda a la emergencia climática.

Desde hace años las entidades muestran su preocupación por la situación descontrolada de la ganadería industrial de porcino en la geografía española, e instan al Gobierno a tomar medidas urgentes, como ya han hecho otros países, ante los problemas ocasionados por este tipo de ganadería para el mundo rural, el medio ambiente y la salud de las personas. Así señalan los graves impactos sobre el medioambiente y la despoblación:

– España aumentó su cabaña porcina en más de cinco millones de animales entre 2013 y 2018 y el número anual de animales sacrificados al año alcanza ya los 52,4 millones. En el mismo periodo 2013-2018, España incrementó un 60 % sus exportaciones de carne de cerdo, con especial crecimiento de las exportaciones a Asia.

– Este crecimiento exponencial se está desarrollando a través de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical que está sustituyendo las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural.

– El fuerte crecimiento de la cabaña ganadera porcina está imposibilitando que España cumpla los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea. La ganadería es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, que es ya el cuarto principal emisor de España. El porcino es ya responsable del 22 % de las emisiones de la ganadería en España.

– Este modelo de ganadería industrial orientado a la exportación tiene graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas de expansión de la industria porcina. Los planes hidrológicos vigentes (2021-2027) han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganadería industrial. La próxima revisión de estos planes tiene que poner las medidas que aborden este problema y que eviten el deterioro de los acuíferos y de los ríos.

– El crecimiento exponencial de la cabaña porcina ha generado una movilización sin precedentes en el medio rural, con la creación de decenas de plataformas vecinales por todo el territorio en defensa de un mundo rural vivo, articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.

– Aunque el Real Decreto trata la necesaria gestión de los residuos y los purines, no establece mecanismos de control suficientes sobre su uso como abono orgánico en relación con su impacto sobre la biodiversidad de las zonas donde se emplee.

Las tímidas medidas adoptadas en el Real Decreto para limitar las emisiones de amoniaco, mejorar la gestión de los purines y regular las explotaciones industriales no afrontan la urgente necesidad de limitar el crecimiento, reordenar el sector porcino industrial español e incluso reducir la cabaña, tal y como están haciendo otros países de la UE que se enfrentan al mismo problema.

Además, no se da respuesta a la movilización de miles de personas que se movilizan en el medio rural contra los impactos generados por esta industria. Así mismo, esta norma no aborda el impacto negativo que este tipo de explotaciones genera a la biodiversidad.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial reclaman una moratoria a la aprobación de nuevas explotaciones ganaderas industriales, así como a la ampliación de las existentes, y la apertura de un amplio debate social que involucre a todos los actores implicados para proceder a la urgente reordenación del sector y la necesaria transición hacia un modelo de ganadería verdaderamente sostenible.

Teresa Rodríguez | Amigos de la Tierra

Zaldibar, ejemplo de cómo NO deben gestionarse los residuos

  • El de Zaldibar, un vertedero low cost, es el principal vertedero de residuos industriales del País Vasco. Su instalación en la ladera del monte Montía, con dos centenares de metros de desnivel y enormes pendientes, carece de todo sentido.
  • El vertido incontrolado de residuos industriales colmató el vertedero de vida útil de 35 años en solo 10 años y el vertido de residuos de la construcción con amianto no cumplió la normativa estatal sobre vertederos al no depositarse en una celda especial y estanca, que no podía contener otros tipos de residuos.
  • Ecologistas en Acción considera necesario desmontar los restos del actual vertedero, vaciarlo y planificar una restauración ambiental de la vaguada y el entorno del vertedero, asegurando mientras tanto los controles ambientales para proteger la salud humana y de los ecosistemas.

En el desastre que está teniendo lugar en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), que está poniendo en riesgo la salud de la población de Ermua, Zaldibar y Eibar, y la de sus ecosistemas, se dan un conjunto de circunstancias que llaman poderosamente la atención por lo singular de la situación.

En primer lugar, situar un vertedero en la ladera de una montaña con pendientes de 45º es una auténtica locura. Para sujetar los residuos se construyó un dique de 230 metros de longitud y 100 metros de altura. Esa autorización de 2007 no se debía haber concedido por la autoridad ambiental.

En segundo lugar, el vertedero tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unas 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba vertiendo entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente. Un exceso de vertido que colmataría el vertedero rápidamente. En nueve años de vertido ya había ocupado más de la mitad del volumen total del vertedero.

En tercer lugar, la Autorización Ambiental Integrada de 2007 concedida por el Gobierno Vasco permitía el vertido de residuos de la construcción con amianto, junto con un lista de decenas de tipos de residuos. Los residuos de construcción que contienen amianto son enormemente peligrosos, pues unas pocas fibras del mismo pueden producir un cáncer de pleura en unos años. El Real Decreto 1481/2001 que regula el depósito de residuos en vertederos permite el vertido de residuos con amianto en vertederos de residuos no peligrosos en determinadas condiciones: ha de depositarse en una celda especial y estanca, que no contenga otro tipo de residuos, que se cubra diariamente y que no produzcan dispersiones de las fibras de amianto.

En este caso cuando se produjo el derrumbe del vertedero no se sabía dónde se había depositado el amianto, razón por la cual se interrumpieron las labores de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Ahora sabemos que el amianto no estaba recluido en un celda especial, sino que se encontraba en la parte alta y baja del vertedero, mezclado con otro tipo de residuos. Se depositaron 2.954 toneladas en 2017, 2.592 toneladas en 2018 y 4.235 toneladas en 2019.

De cara al futuro con los restos de lo que queda del vertedero, ya que han desaparecido las balsas de lixiviados y los sistemas de desgasificación, Ekologistak Martxan, federación de Ecologistas en Acción en Euskal Herria, subraya que se ha de planificar la clausura y el desmantelamiento de este vertedero, su vaciado y recuperación, el reciclaje de los residuos (“minería de vertedero”) y la restauración ambiental del entorno. Mientras tanto, se deben establecer unas medidas provisionales, como la cubrición de toda la superficie del vertedero con una lámina impermeable para evitar la entrada del agua de lluvia y la generación de lixiviados. Asimismo se han de establecer unos controles ambientales severos de la calidad del aire, de las aguas superficiales y de las subterráneas para garantizar la salud de la población y ecosistemas.

Los costes de todas esas operaciones los debe sufragar Verter Recycling 2000, empresa titular del vertedero, o ejecutarse subsidiariamente por el Gobierno Vasco, pero giradas al titular de la instalación.

Carlos Arribas | Ecologistas en Acción

WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno medidas más efectivas por el uso del veneno

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF celebran que la Audiencia provincial de Navarra haya confirmado la autoría de los hechos por el mayor caso de envenenamiento de rapaces en España, sucedido en 2012, que acabó con la vida de 138 aves rapaces, y que los acusados hayan sido condenados, teniendo que pagar 80.000€[1].Sin embargo, las organizaciones lamentan la reducción de la condena y reclaman medidas legales para reforzar los delitos contra la fauna.

Las ONG recuerdan que el que utiliza el veneno para cazar depredadores se expone a fuertes sanciones, multas, suspensión de cotos, inhabilitaciones e incluso pena de prisión. Esta sentencia condena a un guarda de caza y a los dos presidentes de los cotos de caza de Tudela y Cintruénigo a 5 años de inhabilitación y al pago de una multa y una indemnización a la Comunidad Foral por las especies envenenadas.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España valoran especialmente la investigación de los hechos, al haberse utilizado medios policiales muy eficientes, como intervenciones telefónicas. Gracias a dichos medios, y al buen trabajo de la guardería de medio ambiente y de la policía foral de Navarra, fue posible descubrir a los culpables.

Sin embargo, lamentan que la Audiencia Provincial haya rebajado la pena de prisión inicialmente impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, sustituyéndola por una multa.

Las penas establecidas en el Código Penal para los delitos por envenenamiento de fauna y caza de especies protegidas  son muy bajas,  lo que resta efectividad a las sanciones y hace que normalmente no se utilicen medios de investigación que habitualmente sí son aplicados a otros delitos.

Por eso, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF solicitan que se modifique la normativa penal para conseguir un incremento de las penas y la mejora en la aplicación de sanciones efectivas y que este tipo de delitos contra la fauna, que afectan a especies en peligro de extinción en muchas ocasiones, dejen de ser considerados como delitos menores. El veneno tiene un impacto muy grave en la conservación biodiversidad. En este caso fue la causa de la muerte de milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados. Se trata de especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como “En peligro de extinción”.

Cristina Martín | WWF España

Olimpia Garcia | SEO/BirdLife

Miguel Angel Hernández |  Ecologistas en Acción

 

Gloria reivindica su espacio y apremia al gobierno a adaptar la Ley de Costas

Tras el paso de uno de los temporales más importantes de la historia reciente de nuestro país, SEO/BirdLife recuerda que es urgente adaptar la Ley de Costas para responder cuanto antes a los efectos del cambio climático.

La borrasca Gloria, que ha arrasado el Delta del Ebro, es el último fenómeno meteorológico que demuestra que el cambio climático es una realidad. SEO/BirdLife solicita al Gobierno que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para adaptar la Ley de Costas.

“La borrasca Gloria nos ha mostrado cómo se presenta el futuro para España. El mensaje ha sido claro: sobra hormigón y falta naturaleza. Necesitamos actuar rápido en nuestra costa, pero debemos hacerlo con la vista puesta en el medio y largo plazo. Sabemos que con el cambio climático la línea de costa se moverá año a año y que nos vamos a enfrentar a fenómenos climáticos cada vez más extremos”, declara Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

SEO/BirdLife valora muy positivamente que la reforma de la Ley de Costas sea uno de los compromisos del Gobierno entre PSOE y UP. Asimismo, la ONG reconoce el compromiso del Ejecutivo al haberlo recogido en la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental tanto la reconsideración de los regímenes jurídicos de la costa y del mar, como la elaboración de una Estrategia para la Protección de la Costa Española. No obstante, el Gobierno todavía no ha explicado el calado de los cambios que quiere acometer y a juicio de la SEO/BirdLife debe ser grande.

“Tenemos que dejar de ver la costa como un buen lugar para poner apartamentos y verlo como hábitats muy frágiles y estratégicos que además se verán muy modificados por el cambio climático. Tenemos que dejar más espacio a playas y dunas, empleando soluciones basadas en la naturaleza que se han demostrado resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos. A partir de esa premisa podemos planificar cómo podemos aprovechar esos espacios los seres humanos”, apunta Ruiz.

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Ante temporales cada vez más intensos y frecuentes, el aumento del nivel del mar, la falta de aportes de sedimentos de origen fluvial, el alto grado de urbanización de la costa y la alteración profunda de la dinámica costera (dragados, playas artificiales, regeneración de playas, espigones, retención de sedimentos en embalses, desarrollos urbanísticos, industriales y portuarios), SEO/BirdLife considera necesario hacer profundos cambios en la política costera que incluya:

1. Ampliar la superficie y número de espacios protegidos litorales con el objeto de proteger los hábitats litorales naturales que aún persisten.

2. Desarrollar herramientas que ya existen en la legislación como son el Catálogo Español de Hábitat en Peligro de Desaparición y la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

3. Aprovechar la década de la restauración declarada por Naciones Unidas y aprobar un Plan de Restauración Ecológica del Litoral que establezca los mecanismos administrativos, financieros y legales necesarios para liberar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de construcciones ilegales o en desuso de forma rápida y así restaurar los espacios naturales destruidos.

4. Acordar una nueva definición del DPMT con una perspectiva de futuro teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático en un acto de solidaridad intergeneracional.

5. Dotar económicamente la Estrategia de Adaptación de la Costa al Cambio Climático de forma que pueda ejecutarse de forma eficaz y eficiente.

6. Recalificar a suelo rústico de protección todos los suelos urbanizables no desarrollados en los primeros 500 metros de la costa.

7. Establecer mecanismos de gobernanza que permitan una actuación unitaria de todas las administraciones públicas competentes.

8. Auditar la necesidad, la resilencia y el coste que tendrá su mantenimiento en un escenario de subida del nivel del mar, y un aumento de fenómenos meteorológicos extremos, de todas las infraestructuras presentes en el litoral (incluidos puertos e instalaciones de acuicultura) y próximas a la línea de costa incluidos los paseos marítimos. En un segundo paso deberá evaluarse si es necesario proteger, eliminar o cambiar de ubicación alguno de estos elementos.

9. Aprobación de un plan de regeneración de playas que incluya criterios de gestión ecológica de playas que primen su carácter natural al estético (por ejemplo los restos de posidonia depositadas por el mar en las playas y retirados por los servicios de limpieza municipales son útiles para fijar las dunas que protegen la costa de los temporales).

10. Aprobación de un plan de gestión de los sedimentos que deberían ser arrastrados por los ríos hasta el mar para garantizar las necesidades de los deltas y de las playas.

Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife considera que “con borrascas como Gloria se corre el riesgo de culpar de las desgracias a la mala suerte o al cambio climático cuando toda la responsabilidad es de los seres humanos que llevan decenios artificializando y maltratando nuestra costa. Sin duda, las malas decisiones basadas en la búsqueda de beneficios a corto plazo tendrán un gran coste económico en los nuevos escenarios de cambio climático. La buena noticia es que sabemos qué tenemos que hacer y que la naturaleza puede ayudarnos”.

Las empresas ‘Marca España’ suspenden al informar sobre su impacto ambiental

  • Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No financiera y Diversidad
  • Las empresas “Marca España” ocultan en su reporte los errores, infracciones, multas y escándalos en los que se ven involucrados
  • La falta de un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 compromete los objetivos del actual Gobierno de reducción de emisiones, economía circular o conservación de la biodiversidad

Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1). Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros, algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad.

El informe evalúa exclusivamente los aspectos medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos (petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil, distribución y agroalimentario). El análisis se ha centrado principalmente en los reportes ofrecidos en los propios “Estados de Información No Financiera” elaborados por cada una de estas empresas en el ejercicio 2018 (3).

Según los diferentes sectores económicos analizados, el informe de Greenpeace concluye que:

Ninguna de las empresas analizadas cumple plenamente con la Ley 11/2018 de información no financiera. Las grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media de las 23 compañías analizadas no supera los 35 puntos sobre 100.
Las industrias cárnicas y el sector aéreo son los que peor cumplen la norma.
Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su política y sistema de gestión (41,12 puntos sobre 100) y energía (39,95 puntos sobre 100), y peor sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (14,21 sobre 100) junto con cadena de suministro (27,05 sobre 100).
Como en otros estudios similares, los sectores sujetos a un mayor escrutinio por parte del regulador los mercados de carbono) se acercan más al cumplimiento de la Ley 11/2018. Así, se da la paradoja de que los sectores más contaminantes, el eléctrico y el de los combustibles fósiles, son los que presentan más información.
“En general, el reporte de las empresas Marca España se centra más en ofrecer una imagen (muchas veces errónea) de ‘sostenibilidad’ que en asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “La ley obliga a las empresas a hacer una descripción completa de los impactos, con información rigurosa sobre la identificación de riesgos derivados de su actividad, tanto generales como desglosados por instalaciones y por países. Sin embargo, las grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos”.

El contraste entre las obligaciones establecidas en dicha ley y el desempeño de las empresas en el reporte, ponen en evidencia que el sector empresarial no está realizando una correcta rendición de cuentas como exige la ley.

El sector financiero no explica ni desagrega por países el impacto ambiental de sus inversiones en los sectores del carbón, el petróleo, el gas o la industria agropecuaria responsable de los incendios en Brasil. La industria cárnica no describe el impacto de toda su cadena de valor, desde la deforestación producida en otras latitudes para la producción de soja destinada a la fabricación de piensos, hasta la contaminación de los acuíferos en las regiones españolas invadidas por explotaciones de ganadería industrial. Y el sector textil no tiene en cuenta en su reporte el impacto para los recursos naturales del consumo masivo de ropa de temporada y los impactos de sus procesos de producción.

“Ante el estado de Emergencia Climática y crisis de Biodiversidad que vivimos, el sector empresarial español no se ha tomado en serio la medición real del impacto ambiental de su actividad y la correcta rendición de cuentas” ha añadido Soto. “Para abordar esta crisis es clave avanzar en la correcta asunción de su papel en la sostenibilidad, superando la fase de los compromisos voluntarios, la adhesión genérica a acuerdos y pactos internacionales o la responsabilidad social corporativa”.

El análisis también concluye que es urgente un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad que clarifique conceptos clave como, por ejemplo, qué se entiende por riesgo. El reglamento debe incorporar indicadores de resultado en todas las dimensiones contempladas en el área de medio ambiente y las metodologías precisas para que la información facilitada por las empresas sea homogénea y, por tanto, comparable. Y es obligado también fijar un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la ley por parte de las empresas.

“Si el Gobierno quiere tener en el tejido empresarial un aliado para sus objetivos de Transición Ecológica y de alcanzar el objetivo del 1,5 ºC es necesario pasar de la voluntariedad a la obligación, e instar a todos los sectores a presentar información detallada sobre cómo realizan la evaluación de riesgos, cómo aplican el principio de prevención y precaución, y cuales son sus planes para adecuar sus emisiones a los objetivos ambiciosos que la actual situación de Emergencia Climática requiere” ha concluido Soto.

Además, Greenpeace demanda al Gobierno que durante la presente legislatura se lleve al Congreso una propuesta de ley de Debida Diligencia que obligue a las grandes empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos humanos, y la reparación del daño causado; en la misma línea, demanda un apoyo decidido en el seno de la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad de las empresas.

La Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad, obliga a las grandes empresas a informar sobre aspectos no financieros, concretando los contenidos a reportar en los ámbitos de medioambiente, trabajadores, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores e información fiscal. En el ámbito medioambiental se exige que las empresas informen específicamente sobre temas como la contaminación, el fomento de la economía circular y la prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos, la lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
Las 23 empresas “Marca España” analizadas son: Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa (ENEL), Iberdrola, ACS, FCC, Ferrovial, Santander, BBVA, CaixaBank, Mapfre, Iberia (IAG), Air Europa, Inditex, Mango, Cortefiel (Tendam), Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Casa Tarradellas, Campofrío (SIGMA) y El Pozo (Grupo Fuertes).
El análisis de los datos que aparecen en el informe ha sido elaborado por un equipo de personas expertas del Observatorio de la Sostenibilidad por encargo y bajo la coordinación de Greenpeace España.
Fin del comunicado

Miguel Ángel Soto | Greenpeace

 

ASAJA apoya las protestas de los agricultores de uva de mesa del Vinalopó

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha suscrito esta mañana en la localidad de Monforte del Cid el manifiesto reivindicativo de la uva de mesa embolsada del Vinalopó, que se ha dado a conocer en rueda de prensa y que cuenta con el apoyo de todos los ayuntamientos de los pueblos del Medio Vinalopó y Agost y el Consejo Regulador. Dicho documento recopila las amenazas que están ahogando al sector, como el elevado costo del seguro agrario, el precio del agua, el IRPF y los precios ruinosos en origen y justifica la batería de actos de protesta que se van a llevar a cabo durante el 2020, siendo el primero de ellos el 28 de febrero en Alicante.

La situación del sector de la uva de mesa embolsada del Vinalopó es insostenible. Los agricultores no pueden seguir soportando más campañas como la que acaba de finalizar, en la que los precios ruinosos en origen, unido al aumento de los costos de producción están asfixiando al pequeño y mediano agricultor, que esta temporada, en algunos casos, ha preferido dejar perder la uva porque le costaba más dinero recogerla que lo que le iban a pagar por ella. Y es que, de seguir así, en un plazo de tres a cinco años va a desaparecer más del 50% de la superficie agraria de un cultivo tan emblemático y tradicional como este, además de estratégico, ya que de él dependen directamente 13.000 familias en la comarca.

Por ello, esta mañana ha tenido lugar en la Cooperativa de Monforte de Cid la lectura de un manifiesto reivindicativo que ha suscrito ASAJA Alicante, organizaciones agrarias, el Consejo Regulador y todos los ayuntamientos del Medio Vinalopó y Agost. Documento que supone el punto de partida hacia una batería de movilizaciones que arrancarán en Alicante el próximo 28 de febrero (la tipología de protesta se determinará la próxima semana), y que pretenden denunciar los motivos que han llevado a la uva del Vinalopó a una crisis estructural sin precedentes. “Es el momento de elevar el tono para que se escuchen los problemas que nos han llevado a esta situación y evitar que se sigan arrancando plantaciones, muchas de ellas de jóvenes empresarios que están hartos de perder dinero”, ha afirmado el presidente de Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte.

Entre las principales exigencias para la viabilidad inmediata del sector figuran: un seguro agrario accesible, por lo que pedimos que se estudie la posibilidad de corregir las medidas en el Plan Anual 2020 y aplicar la normativa del 2018; el precio inasumible del agua, ya que la ausencia de compromiso en lo relativo al trasvase del Júcar-Vinalopó ha generado que, tras 14 años desde que se inició la conducción, éste siga bloqueado en Madrid; la necesidad de reducir de forma permanente el módulo de tributación IRPF del 0,32 al 0,20, ya que ahora, a los elevados costos de producción habrá que sumarle la subida del salario mínimo interprofesional, que mermará más si cabe cualquier posibilidad de rentabilidad; y los precios mínimos en origen. “Por supuesto, no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero esa medida debe ir acompañada de una Ley de Precios Mínimos similar a la que se aprobó en el año 2018 en Francia y trabajar en la línea de garantizar la rentabilidad de los productores en origen. Es de justicia lo que estamos pidiendo, pues los agricultores y productores de uva de mesa también tenemos derecho a un SMI y a sentirnos retribuidos por nuestro trabajo. Por ello, reivindicamos precios justos que no permitan impulsar y no abandonar la agricultura y el cultivo de uva de mesa”, denuncia Aniorte.

Malestar de ASAJA con las opiniones de AVA Valencia sobre las actuaciones contra la Xylella

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante rechaza rotundamente las recientes declaraciones vertidas por el presidente de AVA ASAJA Valencia, Cristóbal Aguado, sobre cómo la Conselleria de Agricultura está gestionando actualmente la plaga de la Xylella fastidiosa en nuestra provincia, que ha suavizado la estrategia de erradicación masiva que se venía aplicando durante más de dos años en la agricultura de secano del norte de Alicante.  Desde ASAJA Alicante entendemos que persistir en arrancar exclusivamente almendros es una medida innecesaria, pues ya ha pasado mucho tiempo entre la detección de la plaga y la aplicación de las medidas. Esta posición, también respaldada por la comunidad científica, que afirma que “realizada la entrada de una enfermedad (epidemia) y no erradicarla a medio plazo (2 años), las acciones de erradicación ya no tienen eficacia”, deja constancia que a estas alturas no tiene sentido seguir ofuscados en arrancar y destruir la zona. Al respecto, recientemente hemos conocido información revelada por reputados expertos en Xylella fastidiosa y comportamiento del insecto vector, que han dicho por activa y por pasiva que la tala indiscriminada de árboles no va a frenar el avance de la Xylella porque la bacteria lleva en Alicante más de 30 años, siendo la erradicación solo apta para la fase inicial del proceso infeccioso. Por todo ello, entendemos que las declaraciones formuladas por AVA no van solo en contra de la consellera de Agricultura, sino, también, contra todos los agricultores de almendro del norte de Alicante en una disfrazada defensa hacia los intereses de los viveristas, que quieren exterminar 4.000 hectáreas de cultivo en Alicante.

Comienza en Ávila el juicio por la caza ilegal de lobos durante una montería

  • Es el primer caso por caza ilegal de un lobo como especie protegida en España que llega a juicio.
  • Ecologistas en Acción se persona en la causa como acusación particular e intentará conseguir una sentencia condenatoria ajustada a derecho que ayude a prevenir las muertes de esta especie amenazada.

Los días 9 y 10 de enero de 2020 se va a desarrollar en el Juzgado de lo Penal de Ávila el juicio oral contra dos cazadores por la muerte ilegal de un lobo. Esta muerte tuvo lugar durante la celebración de una montería el 29 de noviembre de 2015 en el coto de caza Valdeciervos de la localidad de Tornadizos de Ávila.

Ecologistas en Acción está personada en la causa como acusación particular. Otras partes personadas son las asociaciones Lobo Marley y Anadel y la Junta de Castilla y León que pide sanciones económicas. Sorprendentemente la Fiscalía de Ávila no formuló acusación e incluso pretendió el archivo de la causa que fue desestimado por el Juzgado de Primera Instancia.

En este caso las pesquisas del Seprona de la Guardia Civil pudieron determinar, mediante el análisis de pruebas testificales, documentales, genéticas y balísticas, que desde el puesto número 15 de la montería celebrada en el coto Valdeciervos se disparó a un grupo de lobos abatiendo al menos a uno. El cuerpo del cánido fue retirado y no ha aparecido, pero hay fotos del animal muerto, así como rastros de pelo y sangre que, junto con los casquillos de munición y las armas, permiten dirigir y argumentar una acusación. De otro segundo lobo, que también fue abatido según las declaraciones iniciales de los testigos, no se consiguieron pruebas de su muerte.

Los presuntos autores de los disparos que acabaron con la vida del lobo serían dos cazadores, uno de ellos sin licencia de armas, que portaban sendos rifles. A petición de las acusaciones particulares se enfrentan, por la caza de una especie protegida, a penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para cazar. En el caso del portador de armas sin licencia se enfrenta además a una pena de un año de prisión. La acusación de la Junta de Castilla y León pide pena de 16 meses de multa a razón de 100 euros diarios e inhabilitación para cazar por cuatro años, así como una indemnización de 9.261 euros por la muerte de la especie protegida.

El lobo atraviesa una situación muy delicada en España y singularmente en la comunidad de Castilla y León. La especie está considerada en su conjunto especie estrictamente protegida en aplicación del anejo II del Convenio de Berna y está protegida específicamente al sur del Duero en aplicación de la directiva europea 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. También esta población sureña se ha incorporado al listado español de especies silvestres en régimen de protección especial. Por lo tanto, al sur de esta línea fluvial el lobo no se puede cazar, “dándose además la circunstancia de que la población está sujeta a una constante presión por la caza ilegal y por los controles que ejerce la Junta de Castilla y León, así como por la alteración y destrucción de los hábitats debida a la intensificación de la ganadería y de la caza” ha manifestado Carolina Martín, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

A pesar de que la caza ilegal de lobos es un problema de primera magnitud para la especie, resulta muy difícil su persecución. Son pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias, así como por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos. Con su actuación en el juicio Ecologistas en Acción intentará conseguir una sentencia condenatoria ajustada a derecho, que deje palpable la gravedad de dar muerte a una especie protegida como el lobo y que así ayude a prevenir las muertes de lobos en el futuro como medio para recuperar las poblaciones de esta especie amenazada.

Carolina Martín Cortijo

Reactivo ante la comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo

  • Greenpeace pide a la Comisión Europea un Pacto Verde más ambicioso que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de París
  • Las medidas anunciadas por Bruselas no llegarían a tiempo ni serían suficientes para afrontar la emergencia climática

Tras la presentación oficial realizada hoy por la Comisión Europea de su plan para un Pacto Ecológico europeo, conocido como “Green Deal”, Greenpeace ha señalado que, aunque el número de propuestas es significativo y las promesas son más relevantes que las realizadas por las Comisiones anteriores, las políticas en sí siguen siendo demasiado débiles y necesitan ser estructuradas.

“Ursula von der Leyen promete que el Pacto Verde europeo abordará la crisis climática desbocada y la destrucción masiva del medioambiente, pero los objetivos climáticos propuestos son insuficientes y deberían alcanzarse mucho antes”, ha declarado Franziska Achterberg, portavoz de la Unidad Política de Greenpeace en Bruselas.

Respecto a las políticas de protección medioambiental, para Greenpeace hay muchas propuestas que deberán desarrollarse abordando el sistema de producción y consumo que nos han llevado a esta situación climática.

“La situación medioambiental y de desigualdad social requieren un replanteamiento fundamental del sistema económico que durante décadas ha premiado la contaminación, la destrucción del medioambiente y la explotación humana, por lo que instamos a Von der Leyen y a su equipo a que presenten una legislación que esté a la altura de las circunstancias”, ha añadido Achterberg.

Sobre el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2030, Greenpeace considera que una disminución del 50-55% de las emisiones para 2030 no es suficiente. La organización ecologista advierte de que cuanto más se espere para hacer los cambios necesarios en el sistema económico para evitar los peores impactos del cambio climático, más daño se causará y más difícil y caro será implantara soluciones. Greenpeace también alerta sobre el riesgo de socavar el Acuerdo de París y cualquier esperanza de liderazgo de la UE en materia de clima al retrasar su propuesta para el objetivo europeo de reducción de emisiones de 2030 hasta el verano de 2020.

La Comisión declaró que propondrá un nuevo objetivo para 2030 en el verano de 2020, lo que para Greenpeace implica que no habría tiempo suficiente para que los Gobiernos de la UE alcancen un acuerdo para la próxima cumbre climática de Naciones Unidas de Glasgow (COP26), en la que todas las partes del Acuerdo de París deberán presentar nuevos e incrementados objetivos climáticos para 2030 y eso le costaría a la UE su ya inestable liderazgo climático internacional y daría a otros actores globales una excusa para retrasarlo también.

“El Gobierno de España, como anfitrión de la COP25, tiene la posibilidad de liderar la ambición climática en Europa y demandar a la Comisión que proponga el aumento de los objetivos climáticos dentro de los próximos 100 días para llegar a tiempo de presentar unos compromisos de reducción de emisiones nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) alineados con las recomendaciones científicas y con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de campaña de cambio climático de Greenpeace.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la UE no logrará la sostenibilidad “si sigue promoviendo el crecimiento económico y tratando de gestionar los impactos ambientales y sociales”. Necesita repensar “no sólo las tecnologías y los procesos de producción, sino también los patrones de consumo y las formas de vida”. Corresponde a la Comisión modernizar fundamentalmente las políticas que hacen rentable un modelo destructivo.

Tatiana Nuño

Pasa una semana y retrocedemos dos pasos: El planeta necesita mayor ambición

  • Greenpeace recuerda a las representaciones de los Gobiernos que la sociedad está esperando que acuerden medidas valientes

Lo más importante de la primera semana de la COP25 no ha sucedido dentro del IFEMA, sino en las calles de Madrid, donde cientos de miles de personas han exigido justicia climática. Pero mientras tanto las representaciones de los Gobiernos han estado enfrascadas en discusiones en torno al Artículo 6, sin tener en cuenta la responsabilidad que tienen para hacer frente al gran problema de nuestro tiempo.

Greenpeace recuerda a las representaciones políticas presentes en la COP que la sociedad de todo el planeta está vigilante para ver qué eligen entre mercantilizar el medioambiente a través de un sistema para “traficar” con carbono, o si por contra prefieren avanzar hacia compromisos de reducción absoluta de emisiones como requiere la emergencia climática.

En este sentido, diferentes representantes de Greenpeace han realizado un serie de valoraciones sobre el avance de las negociaciones:

El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, ha afirmado: “La COP25 se está celebrando en Madrid, pero su corazón está en América Latina donde, especialmente en Chile, el vínculo entre una crisis ambiental y las demandas de justicia social se está viendo en las calles. Chile necesita cerrar sus centrales térmicas de carbón para 2030 o continuar sufriendo sequías e incendios forestales, provocados por la acción de las industrias contaminantes. Solo protegiendo sus bosques y haciendo que el acceso al agua sea un derecho, Chile puede exigir que otros países mejoren en la lucha contra la emergencia climática. No es posible tener una calidad de vida justa sin equidad ambiental y climática”.

Por su parte, el director Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha comentado: “En Madrid, acabamos de tener la mayor manifestación ambiental de nuestra historia. Esta demostración masiva y pacífica del poder de la gente debe impulsar las negociaciones hacia una ambición a la altura de lo que la ciencia exige para prevenir una emergencia climática fuera de control. Esto debería estar presente en todo momento en la agenda de los Gobiernos y las representaciones políticas en las negociaciones en la COP, así como en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno en España. No aceptaremos demoras ni trampas, la emergencia climática no puede esperar“.

Finalmente, la directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha señalado: “Nos encontramos en el ecuador de la cumbre del clima y aún no hemos visto que la energía de las calles se traduzca en energía política en la mesa de negociaciones, después de que, según las organizaciones convocantes, cientos de miles de personas marcharan pacíficamente en Madrid el pasado viernes. Las personas que lideran las negociaciones en la COP tienen la obligación moral y democrática de asegurar que el eco de los pasos de la gente se escuche en los pasillos del poder”.

Morgan recuerda que la presidencia chilena puso el foco en la ambición y que dijo que la lideraría con el ejemplo, “sin embargo, a medida que nos encaminamos hacia la segunda semana de negociaciones y comienzan a llegar representantes ministeriales de alto nivel, se verá cada vez más claro qué países están listos para mejorar sus compromisos en 2020 y presentar objetivos climáticos en línea con el Acuerdo de París. También quedará claro qué países quieren seguir priorizando las ganancias y el interés propio a los derechos de la gente”.

Jennifer Morgan ha concluido afirmando que: “Está en manos de la presidencia chilena poner la ciencia en el centro de estas negociaciones y convertir el poder del pueblo en acción política. Quienes lideran las negociaciones deben ser valientes y encontrar el camino a seguir: no hay otra opción”.

Conrado García