Arranca la reunión del IPCC en Mónaco

  • El grupo de expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) se reúne a partir de hoy en Mónaco; el próximo 25 de septiembre se conocerá su informe especial sobre los océanos y la criosfera
  • Para proteger los océanos, de los que depende la vida en la Tierra, es necesario abandonar los combustibles fósiles y crear santuarios marinos
  • Cada hora se vierte un millón de toneladas de CO2 en los océanos

El grupo de expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) estará reunido en Mónaco a partir de hoy para finalizar el Informe Especial sobre el Océano y la Criosfera en un Clima Cambiante (SROCC, en sus siglas en inglés) que será presentado el próximo 25 de septiembre y que reflejará la urgencia de reducir las emisiones a cero y de reforzar la protección de los océanos.

El informe, basado en el análisis de datos climáticos realizado por cientos de destacadas personalidades de la comunidad científica internacional, es la evaluación más completa hasta la fecha de los efectos actuales y futuros del cambio climático en nuestros océanos y la criosfera (zonas de hielo que cubren terrenos, islas y mares en alta montaña y regiones polares).

“Creemos que el informe del IPCC va a confirmar nuestro peor temor: la crisis climática es una crisis de los océanos. Algunos de los impactos del cambio climático en nuestros océanos son ahora irreversibles y otros parecen cada vez más inevitables”, ha declarado la científica de Greenpeace Melissa Wang. “Con las tasas de emisión actuales, estamos vertiendo un millón de toneladas de CO2 en los océanos cada hora. A menos que aceleremos los esfuerzos para reducir a cero neto las emisiones de carbono y tomemos mayores medidas para proteger nuestros océanos, habrá consecuencias devastadoras para los seres humanos, el medio ambiente y la economía”.

Los océanos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Junto con las capas de hielo, son vitales para regular la temperatura de nuestro planeta, ya que absorben el 90% del exceso de calor del sistema y entre el 20 y el 30% del carbono de la atmósfera de la Tierra. Además, los mares proporcionan o regulan gran parte del agua de lluvia, el agua potable, los alimentos y los sistemas meteorológicos de nuestro planeta.

El informe del IPCC va a evaluar los cambios relacionados con el hielo en las regiones ártica y antártica, el estado de los glaciares, el permafrost y la nieve en las zonas de alta montaña así como el aumento del nivel del mar y sus implicaciones para las islas, las costas y las comunidades bajas. También examinará el impacto del calentamiento de los mares y la acidificación de los océanos en los ecosistemas, el estado de las pesquerías y los medios de vida de diferentes regiones. El informe, además, presentará escenarios en torno a la frecuencia e intensidad futura de las tormentas tropicales y las olas de calor marinas.

El resumen del informe se va a estar negociando al mismo tiempo que miles de personas realizan marchas y actividades en todo el mundo para exigir a los gobiernos que actúen con mayor urgencia para hacer frente a la emergencia climática. El próximo día 23 de septiembre comienza en Nueva York la Cumbre Climática de Naciones Unidas a la que acudirán jefes de Estado de todo el planeta.

“Este informe es otra llamada a los gobiernos para que actúen urgentemente ante la emergencia que vivimos. Para hacer frente a esta crisis climática y ecológica se necesitan políticas para abandonar los combustibles fósiles y para garantizar la protección, restauración y conservación de los mares y océanos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. “En España, para avanzar en este sentido, es prioritaria la formación de un gobierno que lidere la lucha contra el cambio climático con políticas más ambiciosas que las actuales e impulse la protección de los océanos”.

La organización ecologista advierte de que el cambio climático, junto con la sobreexplotación de recursos por parte de los seres humanos, está llevando el planeta al borde del colapso y demanda la aprobación en 2020 de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas que impulse la creación de una red de santuarios marinos y proteja el 30% de los mares para 2030.

Greenpeace es un observador acreditado ante el IPCC. Una delegación de la organización asistirá a la 51ª Sesión del IPCC en Mónaco del 20 al 25 de septiembre, para participar en el proceso de revisión final del Informe Especial del IPCC sobre los Océanos y la Criosfera.
Más información:

Tatiana Nuño | Greenpeace

Oposición al proyecto de construcción de una autopista por el norte de Doñana

WWF lamenta que, en el 50 aniversario de la declaración de uno de los espacios protegidos más importantes de Europa, la Junta de Andalucía,  en lugar de celebrar el aniversario con propuesta positivas, pretende construir un cinturón de asfalto entre Huelva y Cádiz, aislando Doñana aún más y dañando de forma irreversible sus marismas y su biodiversidad. Actuaciones prioritarias son la ampliación de sus límites, la eliminación de las miles de hectáreas de cultivos de fresas ilegales o acabar definitivamente con el proyecto de almacenamiento de gas de Naturgy en el subsuelo y no rescatar un viejo proyecto de tan elevado coste económico y ambiental.

El gobierno de la Junta de Andalucía, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, pretende resucitar el viejo proyecto de construir una carretera de alta capacidad entre Huelva y Cádiz, atravesando las marismas y el río Guadalquivir por el norte del Parque Nacional de Doñana, para lo que incluirá la obra en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la movilidad 2021-2027 (PITMA).

Además, la Junta de Andalucía también ha anunciado recientemente su intención de desdoblar la carretera A-483 que ya une Almonte y Matalascañas, atravesando de norte a sur el corazón del Parque Nacional de Doñana. Un auténtico atentado ecológico que dificultaría aún más el movimiento de fauna y especialmente la conexión de las poblaciones de linces hacia la zona occidental –Abalario–, al tiempo que no daría respuesta a los problemas de tráfico en esta vía.

La idea de una nueva conexión entre Huelva y Cádiz por autovía fue una promesa electoral del Partido Popular en las pasadas elecciones andaluzas, rescatando el polémico proyecto planteado ya en otras ocasiones. De hecho, la idea se planteó por primera vez durante la II República atravesando la costa de Doñana. El proyecto volvió a resucitarse en los años 80 por el gobierno socialista de entonces y el enorme rechazo social hizo que se planteara la conexión por el norte, entre los pueblos de Hinojos y Lebrija, pero la inviabilidad técnica y económica y el expediente abierto por la Comisión Europea contra España hicieron que finalmente la Junta de Andalucía optara por la nueva circunvalación de Sevilla (SE-40). Sin embargo, determinados sectores empresariales han seguido exigiendo la opción más costosa e impactante, que es la que ahora pretende realizar el gobierno de Moreno Bonilla.

Para WWF, la construcción de una autopista entre Huelva y Cádiz atravesando las marismas del Guadalquivir tendría un impacto ambiental inasumible. Crear un cinturón de asfalto alrededor del Parque Nacional de Doñana aislaría aún más el espacio protegido y tendría un efecto acumulativo al sumarse a la importante trama de carreteras ya existentes en la actualidad en el entorno de Doñana, que cada vez hacen más difícil el movimiento de su fauna y los procesos ecológicos.

Por otro lado, la autopista que pretende construir la Junta de Andalucía aumentaría también el aislamiento y los atropellos de especies como el lince ibérico, gravemente amenazado de extinción en el entorno de Doñana. Además, fragmentaría las marismas y dañaría irreversiblemente espacios protegidos incluidos en la red Natura 2000 de la Unión Europea, como el Corredor del Guadiamar, entre otros.

WWF también denuncia que este proyecto supondría un auténtico despropósito económico ya que, según los estudios realizados en su día por la Junta de Andalucía, la Fundación Doñana 21 o WWF, el ahorro de tiempo no llegaría a 15 minutos, pero costaría entre 800 y 1400 millones de euros. Inaceptable teniendo en cuenta que además duplicaría una infraestructura ya existente, la SE-40.

De llevarse adelante los planes de la Junta de Andalucía, Doñana y su fauna quedarían cercadas: al oeste por la A-483 redoblada y por miles de hectáreas ilegales de campos de fresas que han invadido los montes y los arroyos, al norte por la autovía de V Centenario (A-49) y al noreste hasta el Guadalquivir por la nueva autopista Huelva-Cádiz.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha declarado: “Doñana es un organismo vivo pero cada vez más débil que no puede sobrevivir aislado y que no aguantará más presiones. Lamentamos que la Junta de Andalucía celebre el 50 aniversario de la declaración de Parque Nacional con dos proyectos de carreteras inútiles y que dañarían de forma irreversible su naturaleza, en lugar de anunciar el cierre de las miles de hectáreas de fresas ilegales que cercan y secan el parque nacional como sería su obligación”. Del Olmo añadió: “Como hemos venido haciendo desde hace más de 50 años, desde hoy denunciaremos estas nuevas amenazas ante la opinión pública,  la Comisión Europea y otros organismos internacionales que velan por la conservación de Doñana”.

Urge mayor reporche social a las conductas negligentes y dolosas que dan lugar a los incendios

  •  Las últimas estadísticas de incendios forestales publicadas por el MITECO, actualizadas a fecha 28 de julio de 2019, sitúan ya este año por encima de la media de los diez anteriores en cuanto a superficie quemada, número de grandes incendios y número de conatos de incendios.
  •  La principal causa de los incendios es la acción del ser humano, el 80% de los casos son provocados de forma negligente o voluntaria.
  • Reforzar la vigilancia de los montes y la investigación sobre incendios forestales, así como aumentar las sanciones penales y administrativas por provocar incendios, son medidas urgentes que deben tomarse para atajar este problema.

Como en años anteriores, las estadísticas de incendios se han ido engrosando a partir de tres tipologías de fuegos, donde la mano del ser humano sigue siendo la causa principal. Está demostrado que el 80% de los fuegos son intencionados o fruto de algún tipo de negligencia o accidente.

Destacan las quemas e incendios con fines agrícolas y ganaderos que han provocado elevados daños en las comunidades autónomas del norte y el noroeste peninsular. En estos casos, los incendiarios han aprovechado las condiciones de mayor sequedad de la primavera para provocar los fuegos.

En segundo lugar, ya llegado el final de la primavera y el inicio del verano, las negligencias y los incendios provocados en diferentes circunstancias han sido los -ya tradicionales- causantes de fuegos de esta época del año.

Negligencias como las que tuvieron lugar presuntamente en los grandes incendios que han arrasado miles de hectáreas en torno a la ciudad de Toledo (bomba de riego mal instalada y desatendida), en Almorox y Cadalso de los Vidrios (trabajos en una caseta) o en Tarragona (combustión de estiércol mal almacenado). O incendios provocados como los que se investigan en la Sierra de Guadarrama y que han afectado al Parque Nacional.

Por último, también se han registrado incendios por causa natural: los rayos, que este año se han cebado con algunas zonas altas de las sierras peninsulares. En los últimos años una media del 5% de los incendios tiene su origen en esta causa.

Por todo ello, Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales son una realidad con la que por desgracia hay que convivir en países de clima mediterráneo como España y donde además los efectos del cambio climático agudizan la problemática.

No obstante, la organización ecologista insiste, un año más, en que se puede y se debe actuar de forma más contundente y eficaz para evitar los incendios. Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “No debemos caer en derrotismos ni enfocar la cuestión a situaciones de las que parece no hay salida, como el cambio climático o, el último mantra, el despoblamiento y el abandono de los montes. Ninguna de estas dos cuestiones atajan lo más evidente, que debe ser reducir las causas de los incendios en su origen”.

Para evitar los incendios se deben abordar cuestiones sobre cómo hacer que los montes sean más resistentes y resilientes a los fuegos. “Al igual que se ha hecho para reducir los accidentes mortales de tráfico, hay que ir a la cuestión central del origen humano de la mayor parte de los incendios para reducirlos eficazmente”, ha matizado Hernández.

Para Ecologistas en Acción, en este aspecto se sigue fallando, a pesar de que poco a poco van aumentando las condenas por provocar incendios forestales. Por eso, hay que reforzar la vigilancia de los montes y la investigación sobre incendios forestales así como aumentar las sanciones penales y administrativas por provocar incendios.

También es fundamental el reproche social. Que las administraciones, las entidades involucradas en la prevención, los medios de comunicación y la sociedad en general, se vuelquen en el reproche público de las conductas dolosas o negligentes que causan incendios.

Según Hernández, “el día que en las notas de prensa de las administraciones y en los medios de comunicación se dedique tanto tiempo a informar de los avances en las investigaciones y de las sanciones que recaigan sobre los incendiarios, como el que se dedica a hablar de las tareas de extinción, se estará más cerca de reducir el número de incendios forestales en España”.

Miguel Ángel Hernández | Ecologístas en Acción

Los incendios en Siberia son una emergencia climática

Las llamas ya han arrasado 4,3 millones de hectáreas, un área más grande que Dinamarca; en todo el año, esta cifra asciende a 13,1 millones

Estos incendios están emitiendo más de 166 millones de toneladas de CO2, casi lo mismo que 36 millones de automóviles al año

Un equipo de Greenpeace está documentando los incendios forestales en el bosque de Taiga, en la región de Krasnoyarsk (Siberia), donde, a pesar de las declaraciones de las autoridades rusas, la intensidad de los incendios forestales no está disminuyendo. Las llamas ya han arrasado 4,3 millones de hectáreas, un área más grande que Dinamarca, lo que está contribuyendo significativamente al cambio climático. Desde principios de año, se han quemado un total de 13,1 millones de hectáreas.

Los incendios en esta región han sido habituales en los últimos años, pero las llamas de este verano han alcanzado un tamaño y una fuerza sin precedentes. Estos incendios están emitiendo más de 166 millones de toneladas de CO2, casi lo mismo que 36 millones de automóviles al año. Los incendios en los bosques siberianos son especialmente peligrosos para el clima, ya que producen carbono negro (derivado del hollín) que se deposita en el hielo del Ártico y acelera su fusión.

“Rusia debería aumentar los esfuerzos en la protección de los bosques y proporcionar fondos suficientes para la lucha contra incendios y su prevención. El problema de los incendios forestales debe abordarse a nivel internacional en los acuerdos climáticos mundiales para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados”, señala el experto en incendios forestales y voluntario de Greenpeace Rusia, el bombero Anton Beneslavskiy.

“Estos incendios deberían haberse extinguido al principio. Ahora se han convertido en una catástrofe climática que no se puede detener por medios humanos”, explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace España.

Personal experto de Greenpeace en Rusia advierte de que la situación probablemente seguirá siendo catastrófica en las dos próximas semanas debido a las condiciones climáticas. Si bien el humo ha desaparecido de las principales ciudades siberianas, todavía envuelve asentamientos en áreas forestales remotas, según informes de Greenpeace en la región de Krasnoyarsk.

Más del 90% de los incendios forestales en Rusia están ardiendo en las llamadas “zonas de control”, áreas remotas donde las autoridades no están obligadas a combatir las llamas. Greenpeace Rusia exige una revisión de estas zonas de control para evitar que se repita el mismo desastre el próximo año. Muchos de los incendios en las zonas de control de este año se podrían haber extinguido al inicio, lo que reduciría significativamente el área cubierta por el fuego, el humo en los asentamientos y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Greenpeace responsabiliza de las sanciones anunciadas por la UE a los gobiernos que anteponen los coches a la salud

  • Madrid y Barcelona han excedido los límites de contaminación año tras año desde que entró en vigor la normativa europea en 2010
  • La incertidumbre generada con Madrid Central y la ausencia de un plan alternativo, principales causas para que la Comisión Europea reactive el expediente sancionador
    España se enfrentará ahora a un proceso sancionador que podría acarrear multas de hasta 1.600 millones de euros

La Comisión Europea acaba de confirmar que reactiva el procedimiento sancionador contra España por incumplir los niveles de contaminación en las ciudades de Barcelona y Madrid. España se suma así al grupo de países que serán llevados al Tribunal de Justicia Europeo, enfrentándose a un proceso sancionador que podría acarrear multas de hasta 1.600 millones de euros.

La decisión confirmada hoy acaba con la paralización del expediente que, desde hace más de un año, permanecía en suspenso gracias a las medidas aprobadas por ambas ciudades, como las zonas de bajas emisiones (ZBE) o los protocolos anticontaminación. En su comunicado, la Comisión Europea afirma que la decisión está motivada por el incumplimiento reiterado de los límites legales de NO2 en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat.

“No hay más tiempo para excusas, es hora de actuar”, ha afirmado hoy el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, quien ha añadido que España ha incumplido sistemáticamente los niveles de NO2 desde 2010.” Preguntado sobre Madrid Central, ha respondido “aunque nosotros no trabajamos sobre medidas concretas, pedimos a las administraciones que implanten medidas efectivas -nacionales, regionales y locales- para cumplir con la directiva que, al fin y al cabo, beneficia a la población”.

Sanción por un aire ilegal

Greenpeace responsabiliza a los gobiernos de Madrid y Barcelona, que ignoraron el problema de la contaminación negándose a tomar medidas contra los vehículos contaminantes. Pese a que la Directiva 2008/50/UE entró en vigor en 2010, Madrid no implantó su Protocolo Anticontaminación hasta 2015 y Barcelona no lo hizo hasta 2017. En cuanto a las medidas estructurales, la ZBE de ‘Madrid Central’ anunciada en 2014 no vio la luz hasta finales de 2018, mientras que la ZBE de Barcelona entrará en vigor en enero de 2020. Medidas que, pese a su tardanza, se han demostrado efectivas, tal y como demuestran los resultados de Madrid Central, que ha reducido la contaminación a su valor más bajo en 10 años.

Antes de estas medidas, los gobiernos habían ignorado los reiterados avisos de la Unión Europea en materia de contaminación. Durante los episodios de contaminación de 2011, la Delegada de Medioambiente en Madrid, y posterior alcaldesa, Ana Botella, llegó a afirmar que “la contaminación nunca es un problema sanitario” y que “lo que de verdad asfixia es el paro”. Madrid no limitó los vehículos contaminantes hasta el año 2015, cuando entró en vigor el primer protocolo anticontaminación.

Igualmente preocupante es la tendencia en Barcelona. Medidas necesarias como la unión del tranvía, el proyecto de supermanzanas o la extensión de la red de carriles bici han sido fuertemente criticadas por quienes defienden que el diseño urbano siga priorizando al automóvil frente al resto de modos de transporte. A juicio de Greenpeace, la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor en 2020 es necesaria pero insuficiente, motivo por el que se insiste en la necesidad de establecer un peaje urbano y medidas contra la saturación marítima y aérea que sufre la ciudad.

La suspensión de Madrid Central, detonante para la reactivación

Fuentes europeas han confirmado que los recientes hechos relacionados con la suspensión de Madrid Central han sido determinantes para reactivar las sanciones. El nuevo Ayuntamiento de Madrid llegó a paralizar las multas en el área de Madrid Central el 1 de julio, una decisión fuertemente contestada por la ciudadanía, que finalmente tumbó la justicia, gracias al recurso judicial interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción cuatro días después.

“Ya advertimos que la incertidumbre generada por el Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo acabar con Madrid Central, podría acarrear graves sanciones de Bruselas” afirma Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace. “Los recientes hechos han minado la confianza de los comisarios europeos, quienes no se fían de un Ayuntamiento que, a día de hoy, todavía no ha presentado un plan alternativo“. Sobre este aspecto, Fernández defiende que “no hay ninguna receta contra la contaminación que no pase por reducir el número de automóviles“.

Hasta 1.600 millones de euros en sanciones

A partir de ahora, el expediente queda en manos del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que estudiará los resultados trasladados por la Comisión Europea. Se trata de un largo procedimiento que podría demorarse varios años y que está condicionado a las medidas que se tomen en las áreas afectadas.

Por este motivo, Greenpeace considera que Madrid y Barcelona tienen la responsabilidad legal de cumplir con todos los programas acordados para garantizar la calidad del aire, sin admitir rebajas sobre las medidas ya en marcha. La organización ecologista recuerda que el 75% del dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades lo causa el tráfico rodado, por lo que solo a través de medidas que restrinjan el tráfico se podrá cumplir con los niveles que marca Europa. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9000 muertes prematuras anuales.

Adrián Fernández

Más de 70 organizaciones instan a la ciudadanía a sumarse a la Huelga Mundial por el Clima

  • En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, organizaciones y colectivos de la sociedad civil instan a la ciudadanía a apoyar y sumarse a la Huelga Mundial por el Clima del próximo 27 de septiembre.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Amigos de la Tierra, piden que se declare de manera inmediata la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero
Las instituciones, los Estados y las empresas deben escuchar a la ciudadanía y a las organizaciones que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos
Más de 70 organizaciones ya han mostrado su apoyo a la convocatoria de Huelga Mundial por el Clima del próximo 27 de septiembre
Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES, que señalan que cerca de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas, y del informe del IPCC sobre el incremento de la temperatura media global en 1,5 ºC, alertan del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático.

La humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos: la crisis climática. Una crisis, consecuencia directa del modelo de producción extractivista y consumo globalizado actuales, que pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un gran número de otras especies y ecosistemas e impacta de manera injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática y civilizatoria supondría la muerte y/o el malvivir de millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos.

Los datos son contundentes y el tiempo juega en nuestra contra. En el caso de la región mediterránea, en la que se encuentra la Península Ibérica y que es una de las más vulnerables ante el cambio climático, si no se limita el incremento de la temperatura media global en 1,5 ºC, las consecuencias para las generaciones presentes y futuras serán catastróficas: olas de calor más intensas y prolongadas, sequías recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones, etc. Por tanto, las diferentes instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales deben asumir su responsabilidad y estar a la altura de las necesidades que exige este momento crucial de la Historia. La lucha contra la emergencia climática no puede supeditarse a una ideología o color político, debe ser asumida por todos los partidos.

Por todo ello, y en defensa del presente y del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de Huelga Mundial por el Clima, del próximo 27 de septiembre, e instamos a toda la sociedad (ciudadanía, todos los actores sociales, ambientales y sindicales) a que se movilice y se sume a la convocatoria de Huelga Mundial por el Clima, difundiendo y participando en las acciones que estamos convocando, que iremos precisando y que tomarán muy diversas formas: manifestaciones, huelgas estudiantiles y de consumo, cierres patronales de entidades comprometidas, movilizaciones en los centros de trabajo y  en las calles, etc. Un gran grito común y unitario en la lucha climática.

Enlace a Manifiesto

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Más información:

Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Telf. 691 4

Voluntarios del proyecto LIFE Followers detectan una nueva especie exótica invasora en el Parc Natural de L’Albufera

  • Se trata de Obama nungara, una especie originaria de Sudamérica, que ha llegado a Europa en bolsas de turba para macetas.
  • Los voluntarios detectaron esta especie invasora realizando acciones de seguimiento y fomento de biodiversidad en el Tancat de la Pipa en el Parc Natural de l’Albufera (Valencia).

Obama nungara es una especie de planaria terrestre originaria de Brasil y Argentina. Investigaciones recientes han podido evidenciar que esta especie de platelminto ha sido accidentalmente introducida en la Península ibérica posiblemente a través del comercio de plantas y turba para macetas,pudiéndose expandir por Europa debido al aumento del intercambio comercial entre los países europeos y sudamericanos.

La introducción de planarias terrestres en varios países europeos (Gran Bretaña, Francia, Italia y España) se ha convertido en un problema cada vez más frecuente, y sólo en España se ha registrado la presencia de 6 especies procedentes de Sudamérica.

Debido a su vía de entrada, Obama nungara y otras planarias exóticas invasoras pueden llegar a ser abundantes localmente, en zonas como jardines o parques, viveros o centros de jardinería, por lo que el impacto sobre la biodiversidad local podría parecer menor, ya que son predadores generalistas de invertebrados terrestres como lombrices y caracoles autóctonos. Sin embargo, la colonización de espacios naturales, como es el caso del Tancat de la Pipa, en el parque natural, el asentamiento de una población de estas especies podría tener un impacto negativo en la biodiversidad del suelo.

Imprescindible la labor de los voluntarios

La detección y erradicación de esta planaria ha sido posible gracias a los voluntarios del proyecto europeo LIFE Followers, coordinado por SEO/BirdLife en alianza con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El proyecto tiene por objetivo dar a conocer la Red Natura 2000, la mayor red de espacios protegidos europea, fomentando la participación de voluntarios en actividades de conservación al mismo tiempo que se promueve la adquisición de conocimientos y experiencias.

L’Albufera es uno de los espacios de la Red Natura 2000 donde el proyecto desarrolla un mayor número de actividades, y en especial en el Tancat de la Pipa, un sistema de filtros verdes y lagunas gestionado por SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró gracias a sendos acuerdos de custodia del territorio firmados con la Confederación Hidrográfica del Júcar, propietaria del espacio.

Los voluntarios colaboran realizando labores de mejora de hábitats y especies como es el control de especies de flora y fauna exóticas invasora en ambientes de alto valor ecológico, la retirada de plásticos de playas y canales, el seguimiento de fauna amenazada, el fomento del control biológico de plagas mediante la construcción de cajas nido y hoteles de insectos, y el estudio de las interacciones entre las poblaciones de aves y el estado del arrozal.

Desde su detección en enero de 2019, los voluntarios han realizado varias jornadas en las que se han extraído del medio aparentemente toda la población, ya que la búsqueda de nuevos ejemplares adultos o huevos ha sido infructuosa durante los últimos meses. Sin embargo, en el marco de las acciones de seguimiento y fomento de la biodiversidad que los voluntarios tienen previsto realizar a lo largo de 2019, se ha incluido el mantenimiento de una revisión sistemática de los hábitats en los que esta planaria puede encontrarse en forma de huevo, de manera que puedan extraerse del medio los ejemplares que puedan aparecer durante los meses venideros.

Olimpia García

 

Un encuentro con Fridays for Future pone fin a la Ecomarcha de Ecologistas en Acción

  • A su llegada hoy a la capital navarra el pelotón de Ecologistas en Acción se ha sumado a un acto público de Fridays For Future, el movimiento juvenil internacional que reivindica la adopción de medidas eficaces contra el cambio climático.
  • La Ecomarcha 2019 ha hecho coincidir el final de su IX edición con el comienzo de los Encuentros Cicloturistas organizados por Con Bici, que este año se celebran en Navarra.
  • La denuncia de los pantanos de Yesa e Itoiz así como del megaproyecto minero Mina Muga han protagonizado las reivindicaciones ecologistas de las últimas etapas.

Este fin de semana se cierra la IX edición de la Ecomarcha, ruta ciclista de Ecologistas en Acción, que como cada verano se realiza para promover una forma de ocio sostenible y para apoyar luchas ecologistas y vecinales locales.

La Ecomarcha 2019 ha recorrido las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra. Con el lema ‘No te comas el planeta’ se han denunciado los proyectos de agricultura y ganadería industrial (macrogranjas y macromataderos principalmente) presentes en estas provincias y proponer un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la agroecología.

El pelotón de Ecologistas en Acción ha oscilado entre las 50 y las 100 personas, que han apoyado otras luchas sociales y ecologistas locales como la denuncia de las presas de Yesa o Itoiz, la lucha contra Mina Muga o el apoyo a los pueblos ocupados rurales y proyectos comunitarios de Navarra, como los de Lakabe, Arizkuren o Arterra.

Hoy viernes la Ecomarcha llega a Pamplona-Iruña para, en primer lugar, sumarse al acto público semanal organizado por Fridays For Future, el movimiento juvenil internacional que demanda a gobiernos e instituciones que tomen medidas eficaces contra el cambio climático.

También en Pamplona-Iruña este pelotón se sumará a otro, el de los Encuentros Cicloturistas, que cada dos años organiza un colectivo de Con Bici, la coordinadora etatal de asociaciones de bicicletas. Mañana sábado, durante la última etapa de la Ecomarcha y la primera de los Encuentros Ecoturistas, 400 personas pedalearán desde Pamplona-Iruña hasta Estella-Lizarra. Será un fin de ruta festivo para esta propuesta de ocio y turismo estival de Ecologistas en Acción.

Denuncia del recrecimiento de Yesa y del megaproyecto minero Mina Muga

Durante la última semana la Ecomarcha ha recorrido la comarca de Sangüesa en Navarra y las Altas Cico Villas en Aragón para denunciar dos proyectos que amenazan la zona.

Uno de estos problemas es el recrecimiento de Yesa, una amenaza que está presente desde hace más de 35 años. La pasada legislatura se consiguió el compromiso de los gobiernos de Navarra y Aragón de la paralización de las obras. Sin embargo, a día de hoy las obras continúan y se estima que el aumento del presupuesto de la obra supera el 400 % de desvío.

Ecologistas en Acción ha denunciado los muchos aspectos que hacen del recrecimiento de Yesa un proyecto completamente insostenible y peligroso tanto medioambiental como socialmente. Aspectos como la inestabilidad de las laderas (que en el pasado ya supuso el desalojo y la expropiación forzosa de 100 viviendas) o el modelo agrícola basado en el regadío, que está acabando con las zonas esteparias y de cultivo tradicional, promoviendo una agricultura industrial contaminante y despilfarradora.

Otro de los problemas que amenazan a este territorio es el previsible desarrollo del proyecto de megaminería Mina Muga. Este proyecto para la explotación de potasas comprende desde las Altas Cinco Villas en Aragón hasta la comarca de Sangüesa. Recientemente Mina Muga ha obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por el Ministerio la para Transición Ecológica, lo que para Ecologistas en Acción supone un ataque sin precedentes al cuidado del medio ambiente y a la seguridad de la zona.

El modelo que plantea Mina Muga es depredador con los recursos y la energía, aumenta de manera desproporcionada la emisión de gases de efecto invernadero y se aleja de un modelo de desarrollo descarbonizado. Además provoca otros problemas en el territorio como la contaminación salina de cauces y acuíferos, el aumento de la sismicidad, una desmedida carga de transporte, el excesivo consumo de agua y la promoción de un modelo agrícola contaminante e insostenible.

Ecomarcha 2019: https://www.ecologistasenaccion.org/ecomarcha 

Félix Jiménez

Organizaciones de la sociedad civil rechazan las acciones de presión de los regantes ilegales de Doñana

Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil (entre ellas SEO/BirdLife) rechazan el bloqueo de un grupo de empresarios agrícolas al cierre de 77 pozos ilegales en Doñana, que pretendía ejecutar el pasado lunes 23 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en coordinación con agentes de la Guardia Civil. Las organizaciones califican de extrema gravedad estos hechos y piden el cierre inmediato de estos pozos, cumpliendo con la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El pasado lunes 23 de junio un grupo de empresarios agrícolas de fincas ilegales de la localidad de Lucena del Puerto, en el entorno de Doñana, impidieron el paso a las autoridades para proceder al cierre de 77 de pozos ilegales que extraen agua del acuífero Almonte-Marismas que alimenta Doñana, para tratar de revertir la mala situación en la que se encuentra.

Las 13 organizaciones firmantes muestran públicamente su firme apoyo a la Guardia Civil y a la CHG en su labor en defensa de un recurso natural tan valioso como el agua. Este bien público no puede seguir siendo expoliado por empresarios agrícolas ilegales.

Estas organizaciones recuerdan que en un estado de derecho son inadmisibles este tipo de acciones de presión en contra de la legalidad y las amenazas a los funcionarios públicos encargados de cumplir una sentencia en firme. Las leyes deben cumplirse y las sentencias deben ejecutarse y un grupo de regantes ilegales no pueden elegir qué sentencias se aplican y cuáles no en función de intereses particulares.

En ese sentido, las organizaciones firmantes consideran extremadamente grave estos hechos y piden que se proceda al cierre inmediato de los pozos ilegales señalados. Asimismo, reclaman una investigación que llegue hasta el final aplicándose la ley a aquellos que han obstaculizado e impedido la acción de la justicia.

Para las organizaciones firmantes, Doñana no puede seguir siendo un ejemplo a nivel iinternacional de usos legales del suelo y de las aguas provocados por el sector agrícola y donde una parte de la sociedad incumple la ley e impide que se ejecuten las sentencias dictadas.

Para estas organizaciones ambientales es urgente actuar para proteger la biodiversidad de Doñana y terminar con la competencia desleal por parte de aquellos empresarios agrícolas que roban agua, no pagan impuestos y dañan a la imagen internacional de las fresas de Doñana.

Por todo ello solicitan la aplicación de las medidas que sean necesarias, de acuerdo con el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana y el cumplimiento de la Ley de Aguas para terminar con el expolio del agua y proteger a los agricultores legales frente a esta lacra.

Supenso a los Planes Nacionales de Clima y Energía

  • La Comisión Europea presentó ayer el análisis de los planes nacionales integrados de clima y energía para los próximos diez años: se confirma que la clase política no se toma en serio la crisis climática.
  • Los Estados miembro tienen hasta final de año para proponer las medidas que respondan a unos objetivos de clima y energía ya de por sí inadecuados.
  • Amigos de la Tierra considera que para asegurar la participación ciudadana en la transición energética será preciso incluir sub-objetivos específicos de energía comunitaria y pobreza energética.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Gobernanza incluido en el Paquete europeo de Energía Limpia, los diferentes países tenían la obligación de presentar a la Comisión Europea a finales de 2018 sus Planes Integrados de Clima y Energía, aunque en algunos casos, como el de España, el documento se presentó con meses de retraso. La finalidad de estos borradores era hacer una primera valoración sobre el compromiso de cada una de las partes europeas en materia de clima y energía, teniendo en cuenta los objetivos adquiridos previamente y el propio Acuerdo de París.

Sin embargo, una primera valoración de los mismos confirma que la clase dirigente de los 27 Estados miembro que lo han presentado (Reino Unido se ha abstenido), siguen sin tomarse en serio ni el actual momento de emergencia climática, ni las miles de voces de jóvenes que están tomando las calles y plazas de toda Europa semana tras semana.

A menos que haya mejoras sustanciales de aquí a finales de año, los objetivos acordados como el de penetración de renovables o eficiencia energética serán inalcanzables. Amigos de la Tierra ya criticó duramente que un 32% en renovables para 2030 era un objetivo insuficiente, y aún así la suma de los planes se queda a dos puntos de esa cifra. Todavía más pobre es la suma de esfuerzos en materia de reducción del uso energético, que en algunos casos está seis puntos por debajo del 32,5% acordado en Trílogo el año pasado.

Energía Comunitaria

Amigos de la Tierra, además ha analizado los borradores en busca de medidas concretas para el desarrollo de la energía comunitaria en Europa; una vez aprobado el derecho a producir, consumir, almacenar y vender energía por parte de la ciudadanía, ya sea de manera individual o colectiva. Sin embargo, solamente las propuestas de Escocia, Grecia y Países Bajos parecen contemplarla en el nuevo paradigma energético. La organización ecologista considera que España, así como el resto de países, debería fijar un sub-objetivo que sirviese para asegurar el rol activo de la ciudadanía en el sistema energético local y estatal.

Según Héctor de Prado, responsable del área de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, “la ciudadanía europea debería estar en el epicentro de la revolución energética y, sin embargo, se está perdiendo una oportunidad de oro para ello. En este caso, debemos tomar como referencia al país griego, también muy dependiente energéticamente del exterior, y poner en marcha medidas que sirvan para democratizar el sistema energético”.

Pobreza Energética

Por su parte, la Comisión ha invitado a los Estados Miembro a dar más detalles sobre las medidas destinadas a paliar la pobreza energética que sufren cada año millones de personas. Para este fin, la organización propone incluir un objetivo vinculante de reducción anual de pobreza energética en el nuevo borrador, y así lo transmitirá en la consulta pública que el Gobierno de España está obligado a hacer durante los próximos meses.

“En un contexto de despilfarro energético, en gran parte debido a un sistema de transmisión y distribución altamente ineficiente, no es de recibo que las empresas realicen cortes de luz a las personas y colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Asegurar la cobertura básica energética para cada persona, y trabajar con las comunidades para mejorar la eficiencia energética en sus hogares debería reflejarse en el plan que el Gobierno presente a Bruselas a finales de año”, ha concluido el portavoz.

Hector de Prado