Buena noticia para la generación eléctrica con biomasa

Por fin, una buena noticia para la generación eléctrica con biomasa

El pasado viernes 28 de febrero, el BOE publicó la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, donde se actualizan los parámetros retributivos para instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para su aplicación durante el período retributivo que comenzó el 1 de enero de 2020.

A partir de ahora, el límite de horas de producción con derecho a retribución a la operación se amplia a 7.500 h al año, favoreciendo una rentabilidad razonable a más largo plazo.

Esta Orden rectifica un error de concepto contenido en la Ley 24/2013 que limitaba, sin una base fundamentada, a 6.500 horas al año el tiempo máximo de operación con derecho a retribución de las plantas de generación de energía eléctrica a partir de biomasa.

Desde AVEBIOM aplaudimos este cambio normativo que, a nuestro juicio, retoma la dirección correcta para facilitar el desarrollo de una actividad que tanto tiene que aportar a nuestra sociedad, como garantizar una transición energética justa o luchar contra la despoblación de las áreas rurales.

Mayor eficiencia y otras ventajas

Las instalaciones de generación eléctrica con biomasa son capaces, en general, de alcanzar disponibilidades anuales cercanas a las 8000 horas, por lo que la limitación que ahora se corrige suponía una clara ineficiencia en el uso de las infraestructuras existentes.

Por otro lado, el aumento de disponibilidad impulsará también la necesaria valorización de subproductos agrícolas y forestales, lo que calculamos que conllevará un incremento anual de la renta agraria superior a 50 millones de euros durante los próximos 20 años.

Para el cálculo hemos asumido que el incremento de consumo de biomasa se cubre con un 60% de biomasa primaria (b6) y un 40% de biomasa secundaria (b8) y aplicamos los rendimientos y costes promedio publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además de los generadores de energía eléctrica con biomasa, también están de enhorabuena el sector forestal, que se beneficiará de un aumento de los aprovechamientos forestales sostenibles, y la sociedad en su conjunto, pues menos biomasa en el monte significa menos incendios forestales y menos virulentos en caso de producirse.

El aumento de horas de producción contribuirá, por otra parte, a reducir las emisiones de CO2 del sector energético y a mejorar la gestionabilidad de la red eléctrica de forma sostenible y con el respaldo de una energía renovable.

AVEBIOM

El 64% de la población considera los delitos medioambientales igual de importantes que el resto de acciones delictivas

  • SEO/BirdLife ha realizado un estudio en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente.
  • El estudio, que abarca todo el territorio nacional, también aborda la visión de la sociedad sobre las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores.

Con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores, SEO/BirdLife, en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, ha realizado un estudio en todo el territorio nacional. El estudio ha sido realizado por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio.

El dato más llamativo que se extrae del estudio es que un 64,33% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de delitos incluidos en el Código Penal. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en el 24,17%.

“La sociedad lo tiene claro. El respeto y cuidado del patrimonio natural es una necesidad pública. Con estos datos, la sociedad está diciendo alto y claro que debemos proteger la biodiversidad frente a las agresiones más graves que sufre nuestra Naturaleza”, apunta Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife y añade: “Como organización de utilidad pública trabajamos para dar respuesta a las demandas de la sociedad. En SEO/BirdLife llevamos años denunciando las acciones delictivas que afectan al medio ambiente y defendiendo su conservación en los tribunales. El papel de las ONG en defensa del medio en el que vivimos es primordial, y trabajamos por garantizar un marco general que de respuesta a las acciones que ponen en peligro la biodiversidad”.

Problemas y delitos ambientales desatendidos

Se ha preguntado a los encuestados sobre la importancia de los problemas ambientales. El 83,33% de los entrevistados considera que la sociedad (gobierno/administración) no le da suficiente importancia a los problemas ambientales, mientras que el 16,67% de las personas consideran que sí.

También se ha querido conocer la percepción sobre el papel que juegan las diferentes entidades en la protección del medio ambiente frente a los delitos ambientales. En una escala de 1 a 10, las tres mejor valoradas son: los agentes de medio ambiente y forestales con 7,56 puntos; el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) con 7,38; y las ONG con 7 puntos.

La respuesta a esta pregunta es relevante según la edad de los encuestados, quedando patente que la juventud muestra mayor preocupación por el medio ambiente. El 85% de los jóvenes considera que no se le da la suficiente importancia a los problemas ambientales, frente al 69% de las personas mayores de 65 años que así lo consideran.

Reflejo de la sociedad (por edad) que considera que no se le dan imporancia a los problemas ambientales.

Tipos de agresiones contra el medio ambiente

Al preguntar a la ciudadanía qué nivel de conocimiento cree que tiene acerca de los delitos contra el medio ambiente, el resultado refleja 5,37 puntos en una escala de 1 a 10, lo cual indica que la población considera que tiene un conocimiento escaso sobre los mismos.

Sin embargo, al preguntar por delitos concretos el conocimiento es mayor: los referidos a incendios son conocidos por el 97% de la población, así como el comercio y la caza ilegal de animales protegidos, que conoce el 88,17 de la población. Por otra parte, la destrucción de nidos de esas especies o liberar especies exóticas invasoras, es conocido por un 64,17 y 62,5% de la población respectivamente. Estos últimos datos reflejan la sensibilidad de la sociedad ante delitos recientemente incorporados a nuestro Código Penal (2015) y el trabajo que desde organizaciones como SEO/BirdLife se viene haciendo para alertar de la necesidad de conservar las especies protegidas como golondrinas, aviones comunes o cigüeñas.

Percepción sobre el conocimiento que se tiene acerca de los delitos contra el medio ambiente.

También se ha preguntado a la población sobre si el marco normativo actual es efectivo frente a los delitos ambientales, considerando la ciudadanía que la efectividad de la actual normativa ambiental para la protección del medio ambiente es de 5,24 puntos en una escala de 1 a 10.

Medidas contra los delitos

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales son prácticamente todas muy valoradas y muy prioritarias. Las más valoradas para la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas.

Una cuestión que se ha planteado en la encuesta es qué tipo de agresiones contra el medio ambiente requerirían de pena de prisión. Una gran mayoría de los encuestados considera que ésta debe aplicarse a aquellos delitos contra la fauna que suponen la muerte o captura de especies protegidas o en aquellos delitos que suponen la destrucción grave de hábitat protegidos, como los incendios intencionados.

Resulta destacable en este punto la respuesta de la sociedad que relaciona la gravedad de la agresión a una especie según su tamaño. Se ha preguntado sobre si debe ser penado con prisión la caza ilegal de un lince, de una golondrina, de una lagartija y de una mariposa. La respuesta general es que en las especies de menor tamaño, aunque con la misma categoría de protección, se considera que se debe aplicar esa pena en un menor porcentaje y a mayor tamaño de la especie, el porcentaje se eleva (45,83% para una mariposa y 81,7% para el lince).

Motivaciones y conocimiento

Frente a estas agresiones se ha preguntado a la ciudadanía si hay alguna razón que justifique o exima de responsabilidad por cometer un delito contra la fauna. El 62,33% de los entrevistados considera que no hay razón alguna que justifique o reduzca la responsabilidad frente a la violación de la ley ambiental. Las causas más nombradas que sí lo justificarían son razones de salud mental del autor (16,50%) o que se haya cometido por imprudencia (10,33%).

Por último, se ha preguntado a la sociedad sobre la comunicación de los delitos ambientales y la divulgación de sus consecuencias. El medio más común de conocimiento sobre la delincuencia ambiental es la televisión (76,17%). Por detrás se encuentran medios como las redes sociales (30,83%) y la prensa escrita (29,67%). Un 44,00% de los entrevistados creen que los medios de comunicación tradicionales (telediarios y prensa) dan importancia a los delitos ambientales. Por el contrario, un 54,67% piensan que no lo hacen, y un 88% de la ciudadanía declara que vería un programa o leería una sección específica de noticias sobre el medio ambiente.

”Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, señala David de la Bodega, Responsable del programa Legal de SEO/BirdLife. Y añade que “se está demandando una mayor atención y medios por parte de los poderes públicos, que deberían considerar la importancia de priorizar la lucha contra este tipo de criminalidad, y en ese sentido el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contribuirá a mejorar la efectividad de la aplicación del derecho penal para la protección de la naturaleza”.

 Taller  europeo sobre investigación de delitos ambientales

El lunes 2 de marzo a las 10:00 horas en Residencia Infanta María Teresa, la Vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, inaugura la Semana Internacional sobre investigación de la criminalidad ambiental.
Entre otras actividades,  tendrá lugar el taller europeo sobre investigación de delitos ambientales del proyecto LIFE Nature Guardians coordinado.

Al acto asistirá la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruíz, entre otras autoridades nacionales e internacionales.

Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza

Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, es un proyecto financiado por el programa Life de la Unión Europea que pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios.

Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica (MITECO

SEO/BirdLife

Murcia muestra sus productos ecológicos en Biofach

Caerm y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en un stand conjunto para mostrar los productos ecológicos de la Región de Murcia en la feria líder mundial de productos orgánicos, Biofach 2020.

No podía faltar la Región de Murcia en esta importantísima cita del sector ecológico en Biofach 2020, del 12 al 15 de febrero en Nuremberg (Alemania), ya que este país es el principal importador de productos ecológicos producidos por nuestros operadores.
Con más de 50.000 visitantes profesionales esperados y alrededor de 3500 expositores, Biofach demuestra que la concienciación ecológica está aumentando en todo el mundo y que el mercado de alimentos ecológicos sigue creciendo.

En el stand de la Región de Murcia, situado en el pabellón 4, stand 4-549, participarán 14 empresas:
Abellán Biofoods, de mermeladas, membrillo, conservas vegetales, miel, azúcar, sirope de agave y cacao; Almazara de Ortegas productora de Aceite de oliva virgen extra; Biogéminis de leche fresca de cabra, queso, yogur y kéfir de cabra; Citromil de Zumos, aceites esenciales, pulpas y cortezas de cítricos; Ecolife Food de alternativa vegetal al queso y kéfir, patés vegetales y membrillo; Harinera Mediterránea de Harinas y preparados de harinas; Juan José Albarracín S.A. De pimentón y otras especias y aromáticas; Lobrot Soc. Coop. De fruta fresca, mermeladas, aceite y conservas vegetales; Luis Sánchez García e Hijas – La Pastora de pimentón; Mastrigo Biogourmet de productos de panadería (regañás, picos, pan de mole, etc.); Productos Mediterráneos Belchi Salas de gazpachos y aceite de oliva virgen extra; Unexport S. Coop. de Frutas y verduras frescas, aceite de oliva y preparados de aloe vera y Universal Iberland de zumos, jugos concentrados y pulpas de frutas y verduras.

Marta Jimenez

Pinoso sucribe convenio de cesión de terrenos para la explotación y construcción de un ecoparque consorciado

El Ayuntamiento de Pinoso suscribirá un convenio de colaboración con el consorcio de residuos para la ejecución de las previsiones del Plan de Residuos 8-A3, al aprobarse hoy en pleno, con el apoyo de todos los ediles de la Corporación, el acuerdo adoptado el pasado 3 de diciembre, y que cuenta con todos los informes jurídicos favorables.

Este convenio de colaboración permitirá que los ayuntamientos de la provincia cedan terrenos de explotación y construcción de ecoparques consorciados, en cumplimiento de la legislación reguladora de las Bases de Régimen Local, relativa a la gestión de residuos sólidos y medio ambiente.

Como explicaba la edil de Residuos Sólidos Urbanos, Silvia Verdú, no se trata de transferir la propiedad de los terrenos sino la cesión de uso por un periodo máximo de tres años prorrogable hasta cuatro.

La intención es crear en esta parcela un futuro ecoparque fijo, ya que “actualmente contamos con uno, pero su ubicación es muy lejana del casco urbano, ya que diferentes estudios dicen que mejora para el ciudadana que esté más cerca.

Este ecoparque lo construirá el consorcio en una parcela de la zona de la calle Calderón de la Barca. Por ello, el ayuntamiento se compromete a ceder la parcela exclusivamente para este uso y para la explotación del servicio mientras esté constituido el consorcio, como destacaba el alcalde Lázaro Azorín. Si dejara de existir este organismo, el terreno volverá a ser propiedad del ayuntamiento, pero se cederá para mejorar el uso de la ciudadanía y fomentar el reciclaje, ya que esta actuación se incluye en el proyecto de fomento del reciclaje que se ha consensuado con Diputación y la Generalitat para dotar a todas las localidades de estos ecoparques fijos.

Al hilo de una duda expresada por el portavoz del PP, Iván Román, sobre el servicio actual de recogida de enseres que lleva a cabo SAPESA en el casco urbano y FOBESA en las pedanías, la edil ha explicado que “el consorcio, dentro de su plan, sabe los gastos que se derivan de este servicio, que se mantendrá hasta octubre de 2020, cuando se saque el nuevo contrato y se mejore el servicio. Por ello ya que se está llevando a cabo un estudio en el que también se tendrán en cuenta a las pedanías.

La edil ha explicado que todo ecoparque se constituye como punto limpio, ya que la gente puede ver cómo se gestiona y cómo se separan todos los producto. No hay ningún problema de mosquitos porque las diferentes zonas del recinto están preparadas para evitar que proliferen este tipo de problemas”. De todod modos, ha vuelto a solicitar que la ciudadanía haga un buen uso de este ecoparque.

La intención de la concejalía es modernizar el servicio y aplicar fórmulas similares a la que se emplea en Sax, donde no se paga por entrar a un ecoparque y existe una tarjeta que tiene cada vecino o vecina. La idea es que quien más separe y recicle tenga una bonificación en el impuesto de la basura, pero eso todavía no es posible, mientras no se ponga en marcha el ambicioso proyecto de modernización que quiere implantar el consistorio, que permitirá identificar al buen usuario y poder bonificarle.

Actualmente el transporte de basura a la planta de Vaersa cuesta a las arcas municipales 290.000€, a pesar de que se está intentando optimizar el servicio. Por ello, Verdú insiste en la importancia de separar en origen para ahorrar en la factura de gestión de residuos, y ha recordado las campañas de concienciación ciudadana que se han llevado a cabo todos estos años, “estamos trabajando para optimizar y también ahorrar, además del beneficio medio ambiental que ello supone. Cuando tengamos el ecoparque vamos a pagar un dinero para que el planeta tenga una mejor calidad de vida”.

El 76 % de españoles cambia de hábitos para luchar contra el cambio climático

El 76 % de los españoles ha cambiado sus hábitos de vida para luchar contra el cambio climático, mientras que España ocupa el octavo puesto en la clasificación de países donde sus ciudadanos han incorporado variaciones en su día a día para ser más responsables con el medio ambiente.

En España solo el 17 % admite que no ha hecho ningún cambio en sus hábitos en relación con el cambio climático, según un sondeo a casi 20.000 personas elaborado por la empresa de investigación de mercados Ipsos junto al Foro Económico Mundial, que incluye datos de 28 países, publicados este jueves.

A nivel global, un 69 % de los encuestados admite haber variado sus hábitos de consumo, preocupados por los efectos del cambio climático, y de los cuales, un 17 % afirma que ha emprendido muchos cambios mientras que un 52 % solo alguno.

Entre los países con más ciudadanos que han variado su comportamiento en favor del medio ambiente están India (88 %), México (86 %), Chile (86 %), China (85 %), Malasia (85 %) y Perú (84%).

En Japón solo el 31 % reconoce que ha variado algo su comportamiento en su día a día, pero casi la mitad, el 47 %, no ha hecho nada. Otros países con pocas acciones del consumidor en este sentido son Estados Unidos (36 %), Países Bajos y Rusia, con un 35 % en casa caso.

Los cambios a nivel individual pasan por diferentes gestos diarios, el más común se refiere a la cantidad de agua usada en el hogar, aunque también ha aumentado el volumen y frecuencia con la que se recicla, y el ahorro energético es otro de los factores de los que hay mayor concienciación en los hogares.

Por otra parte, cada vez se reutilizan más productos y aumenta la toma en consideración de la importancia de consumir productos de proximidad y más ecológicos.

En España, el ahorro de agua ha sido el nuevo hábito en defensa del medio ambiente que más ha calado entre los consumidores, con un 61 %, además de un consumo más responsable de energía (58 %) mientras que un 55 % admite que recicla más y más a menudo.

EFEVerde

La emergencia climática debe ir acompañada de una reducción de emisiones más ambiciosa

Hoy, 21 de enero, el Congreso ha aprobado la declaración de Emergencia Climática, ya prevista desde septiembre de 2019. Amigos de la Tierra celebra la noticia, aunque hace hincapié en la necesidad de que vaya acompañada de medidas efectivas que estén a la altura de la crisis climática.

Esta mañana, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la declaración de emergencia climática en el Estado español. Un paso indispensable tras la declaración de intenciones del Gobierno en materia ambiental y más en concreto sobre la transición ecológica. La organización ecologista señala que esta aprobación requiere de un fuerte compromiso por parte del gobierno para poner en marcha de forma urgente las políticas necesarias que hagan frente al aumento de temperatura.

En los próximos meses, el Gobierno deberá demostrar su compromiso con la aprobación de un “Paquete de energía” ambicioso, compuesto principalmente por la Ley de Cambio climático y Transición Energética, El Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC),  así como la Estrategia de Descarbonización para 2050 entre otros. En los mismos deberá reflejar un objetivo de reducción de emisiones mayor al actual para 2030, en línea con la ciencia y con la reducción del 55% planteada por el Parlamento Europeo, así como reflejar las acciones para alcanzarlo. Amigos de la Tierra reitera que está será la única vía posible para lograr la transición ecológica.

La declaración de Emergencia Climática ya fue adoptada por el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre, al igual que numerosos municipios como Sevilla, Barcelona o Madrid. Ahora es el momento de elevar esta emergencia a todo el Estado español, reconociendo públicamente la grave situación en la que se encuentra el planeta, los seres vivos y ecosistemas, tal y como evidencia la comunidad científica a través de informes sobre el estado de la biodiversidad del  IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5º del IPCC.

Esta declaración debe entenderse como un primer paso que deberá  sustanciarse de forma real y efectiva, y que debe estar en línea con las indicaciones de la ciencia y limitar así el aumento de temperatura global a 1,5ºC. Para este fin es indispensable el compromiso de todos los sectores y plantear medidas transversales que nos sitúen en la senda de la descarbonización.

Por este motivo, desde Amigos de la Tierra exigen que la declaración de Emergencia Climática se acompañe de una hoja de ruta con objetivos más ambiciosos que los actuales y medidas adecuadas que estén a la altura del problema. Estos compromisos deben ser vinculantes y estar acompañados de recursos económicos que los hagan factibles. En un contexto en el que las emisiones no paran de subir año tras año, reducirlas y poner en marcha, por tanto, medidas de adaptación y mitigación son las únicas maneras de proteger el futuro del planeta, de las personas y de los ecosistemas.

Teresa Rodríguez Pierrard | Amigos de la Tierra

El 30% de las empresas españolas no logran implementar sus planes estratégicos sostenibles

La consultora especializada en la mejora continua para el crecimiento sostenible de las empresas, Kaizen Institute, ha analizado la apuesta de las empresas españolas en sostenibilidad, destacando que el 30% de las mismas no logran implementar sus planes estratégicos compuesto de medidas sostenibles y que mejoran el medio ambiente.

Dentro de este análisis, la consultora ha llevado a cabo una labor de investigación y diagnóstico de los distintos impactos adversos que se dan en todo tipo de organizaciones y que les ha llevado a clasificarlos en cinco grandes tipos de “Problemas Green”:

  • Uso de energías no renovables
  • Emisiones contaminantes y polución del aire
  • Uso del agua y su contaminación
  • Empleo de materiales no degradables
  • Daño ecológico

Para paliar estos problemas y poder implementarlos, Kaizen Institute, diseñó en 2016 un modelo de transformación, con el fin de fomentar herramientas que sirviesen para poder reformar a las empresas según sus necesidades de cambio en las estructuras internas.

El denominado Total Environment Management (TEM), permite entender, medir, minimizar e incluso eliminar el impacto adverso en el medio ambiente derivado de los procesos que llevan a cabo las organizaciones.

Según Carlos Lloret, Senior Consultant de Kaizen Institute España: “Cada vez son más las empresas que intentan implementar la sostenibilidad desde dentro, sin embargo, son diversas las razones por las que estos no consiguen poner en marcha estos planes al 100%. TEM ayuda a ese 30% de empresas españolas que no logran implementar sus medidas sostenibles a cumplir con la normativa vigente y futura en materia medioambiental, a hacer una gestión inteligente de recursos reduciendo sus costes de producción”.

El mundo grita emergencia y los gobiernos se tapan los oídos

  • La Cumbre del Clima ha concluido en Madrid in extremis con un acuerdo que no asume el principal reto que tenía por delante: aumentar la ambición para dar respuesta a la emergencia climática en línea con las indicaciones científicas.
  • El Artículo 6, que regula los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio, se ha pospuesto para la siguiente cumbre que tendrá lugar en Glasgow, lo cual sería positivo si no persistieran los intentos de algunos países de mal utilizarlo.
  •  También se han aplazado aspectos importantes como el refuerzo de la financiación para el Fondo de Adaptación, para el Fondo Verde para el Clima y la creación de otro para el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños.
  • La declaración final incluye avances con la aprobación de Plan de Acción de Género. También cabe destacar el enorme esfuerzo de pequeñas naciones que han apostado por la integridad climática frente a las pretensiones de países como EE UU y Brasil de bloquear el Acuerdo de París.
  • Las movilizaciones masivas de la sociedad civil han marcado un punto de inflexión en la lucha climática, que muestra la separación entre los gobiernos y la ciudadanía en defensa de un presente y un futuro habitables.
  • Las organizaciones representantes de la sociedad civil dentro de la cumbre, entre ellas Ecologistas en Acción, han terminando su participación en la sesión plenaria con la declaración: “Esta COP ha fallado a las personas y al planeta. Poder del pueblo, justicia climática”.
  • En esta nota se incluye una valoración general de los resultados y se anexa una evaluación de cada uno de los puntos más relevantes de las negociaciones.

La 25.º Cumbre de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25) estaba prevista realizarse en Chile pero se trasladó a Madrid a última hora debido a las protestas sociales y posterior represión del Gobierno chileno. Este encuentro se concebía como una cumbre para la ambición. Es decir, un espacio para conseguir que se avanzara en la toma de compromisos reales en la lucha contra la emergencia climática. Se trataba de concretar el insuficiente Acuerdo de París, porque tal y como evidencia la comunidad científica, este pacto global parece incapaz de mantener el incremento de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 ºC y a ser posible en 1,5 ºC.

La ambición esperada en Madrid se tenía que concretar en tres aspectos fundamentales: calendario de presentación de nuevos compromisos, el proceso que se llevará para ajustar los compromisos en la próxima cumbre, y una señal por parte de la Presidencia de la necesidad de aumentar la reducción de las emisiones y de sacar adelante la la financiación.

Esta COP25 no ha sido capaz de lograr que se mantengan los plazos previstos que obligan a los países a depositar sus nuevos compromisos bajo el Acuerdo de París durante el primer semestre de 2020. Esto habría facilitado que en la próxima Cumbre del Clima (COP26 en Glasgow) se pudiera forzar a la comunidad internacional a que cumpliera con las indicaciones científicas. En lugar de eso, se ha vuelto a publicar una declaración más simbólica que operativa (que permite publicar los compromisos nacionales en la segunda mitad del 2020) para intentar paliar la decepción que las decisiones de esta cumbre han provocado en toda la sociedad civil.

Las negociaciones durante estas dos semanas han sido muy difíciles y han tenido numerosos escollos. Cada vez es más evidente cómo la división entre las posturas de los países provoca tensiones que terminan reduciendo los objetivos del Acuerdo de París. Prueba de ello es que el acuerdo final se ha cerrado más de un día y medio después de la fecha prevista, cuando algunos países pequeños y empobrecidos ya no estaban presentes, algo que les ha restado capacidad de influir en las negociaciones.

Asimismo cabe destacar dos hechos que resultan inadmisibles: por un lado, el papel de los países más contaminantes (como EE UU, Arabia Saudí, Brasil o China) con sus bloqueos permanentes en muchas de las discusiones y su falta absoluta de ambición. Por otro lado, el cuestionamiento al lenguaje de los derechos humanos en todos los grupos de trabajo. Salvaguardar y respetar la Carta de los Derechos Humanos es un mínimo obligado que las Naciones Unidas no deberían cuestionar bajo ningún concepto.

Como resultado final, nos encontramos con un acuerdo débil, que ha aplazado debates importantes y que no ha sido capaz de arrancar compromisos ambiciosos a ninguna de las partes. La incapacidad de aprobar el Artículo 6 es una prueba de ello. Aunque el bloqueo sobre este punto se ha vivido como un fracaso en las negociaciones, para Ecologistas en Acción no lo es, ya que tanto mercados de carbono como mecanismos de desarrollo limpio son herramientas que no benefician a la justicia climática y social.

Entre los temas que se han aplazado para siguientes reuniones, destacan las cuestiones relacionadas con la adaptación, ya que la falta de rendición de cuentas de algunos países sobre sus planes de adaptación impide la adopción de acuerdos. Un bloqueo al que tanto el G77 y China como la UE juzgan como una decepción que mina la confianza en el proceso de negociaciones. Asimismo, se han pospuesto el papel de la agricultura dentro de la lucha contra el cambio climático y la contabilidad de las emisiones del transporte marítimo y aéreo.

Una vez más, la COP25 ha obviado la necesidad de echar a los grandes contaminadores de estas cumbres. Es más, ha permitido que a través de patrocinio la Cumbre del Clima se haya convertido en escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la degradación climática, obteniendo además acceso a políticos y negociadores.

Resulta inaceptable que se permita a las grandes empresas petroleras, de aviación civil y marítima, mineras y eléctricas, seguir condicionando la ruta de descarbonización de la economía. Solo una correcta planificación que consiga transformar el sistema productivo para lograr una drástica reducción de emisión de GEI podrá frenar la emergencia climática.

Por todo ello, Ecologistas en Acción se ha sumado a la conclusión final de las plataformas de la sociedad civil dentro de la Cumbre del Clima: “La COP25 ha fallado a las personas y al planeta. Poder de la gente, justicia climática”. Según ha declarado la Climate Action Network, “nunca se había visto una desconexión tan grande entre la ciencia y las demandas de la gente con los debates y las propuestas de los gobiernos”.

A pesar del resultado tan decepcionante de esta Cumbre del Clima, la sociedad civil no desiste de su camino. La valoración de las masivas movilizaciones sociales son, además, esperanzadoras. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Tal y como se ha visto, la presión social ha conseguido que para algunos países sea imposible salir de esta cumbre con un mal acuerdo que desoiga el grito ciudadano de los últimos meses. Vamos a seguir saliendo la calle para demandar que se haga caso a la ciencia y seguir demandando justicia climática”.

Nuria Blázquez, responsable de Transporte de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Por nuestro futuro pero también por nuestro presente, y por el presente de miles de personas del Sur Global -especialmente poblaciones rurales e indígenas- que son quienes menos han contribuido a generar esta situación y quienes ya la están sufriendo de manera grave. El año 2020 se ha declarado el año de las movilizaciones climáticas y así va a ser. No tenemos alternativa, tampoco tenemos Planeta B”.

Murcia acoge la presentación de Organic Food Iberia y Eco Living Iberia

El pasado martes se presentó en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente la Organic Food Iberia y Eco Living Iberia, primera feria internacional profesional de productos ecológicos de la Península Ibérica que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de junio de 2020en Ifema Madrid.

David Samper, presidente de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia declaró que «el Caerm apoya esta feria como profesional que es del sector ecológico, y es necesaria para la promoción de los productos ecológicos. La pasada edición fueron 14 las empresas que estuvieron bajo el paraguas del Caerm. Y que este año esperamos superar esta cifra porque si el año pasado en la I edición hubo interés, este año indudablemente seguirá habiéndolo. Y tenemos que seguir apoyando al sector de agricultura ecológica de la Región de Murcia dentro y fuera, ya que es nuestra labor y nuestra misión.Este año estrenamos slogan «buenos por naturaleza» y mensaje con unas simpáticas verduras que hablan de las bondades de la producción ecológica.Que sea un éxito la feria depende de todos por parte del Caerm, por parte de la industria y también pro parte de las administraciones y nosotros apoyar en lo que sea necesario para que se desarrollen este tipo de ferias profesionales que son improtantes para la Región de Murcia y para España.»

Susana Andrés Omella, directora del proyecto de la Organic Food Iberia y Eco Living Iberi, compartió en la presentación frente a los asistentes algunos datos de la pasada edición, el mapa de este año 2020, y en una declaraciones a medios de comunicación añadió «Lanzamos Organic Fodd Iberia y Eco Living Iberia el año pasado y tenemos un panel asesor en el que consta el Caerm, Ecovalia, Intereco, Fiap, el Ministerio de Agricultura y el año pasado cerramos con 500 expositores y más de 5.000 visitantes profesionales, fue todo un éxito para las expectativas que teníamos. Este año esperamos un incremento más o menos de un 35% del espacio, de hecho la Región de Murcia ha incrementado más de un 35%, porque lleva 167 metros en un pabellón con todos los operadores más un pabellón institucional y DO Jumilla, con lo cual Murcia después de Andalucía y Valencia es la comunidad autónoma que más representación tiene en la feria. En vino la que más, el vino murciano está más presente que el manchego o el riojano.

El director General de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario apunta que Jumilla es la DO con más número de hectáreas en cultivo ecológico de España.

Añadió «trabajamos también a nivel de compradores, el año pasado el compromiso con el sector era, ayudar a incrementar el consumo interno, ya que España ha crecido en dos dígitos y se ha puesto en 2.100,000.000 € en consumo de ecológico, y nos pidieron que trajeramos compradores del mercado interior (España y Portugal). Pero este año como novedad es que hemos cerrado un acuerdo con ICEX que ha lanzado toda la convocatoria a todas sus oficinas comerciales alrededor del mundo, en las cuáles van a elegir los mercados estratégicos tanto para el agroalimentario comopara el vino, y ellos son los que va a lanzar su propio plan de compradores de alto nivel internacional, que ellos son los que eligen los mercados. También tenemos un acuerdo con la patronal de hostelería de España, que son 320.000 asociados, que los hoteles están empezando a comprar, que hay cadenas de restaurantes que compran por sí mismas y que ellos también se han sumado a apoyar la feria.»

Asímismo Susana Andrés Omella presentó la Nordic Organic Food que tendrá lugar en Malmoe (Suecia) en noviembre del próximo año y en la que habrá una amplia representación de productos ecológicos de la Región de Murcia.

Los derechos humanos como base para la gestión de la sostenibilidad empresarial

  • Así lo refleja la guía “Empresas y Derechos Humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030”, editada por Red Española de Pacto Mundial y presentada esta mañana que, además, recopila buenas prácticas de 15 empresas españolas orientadas a cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos.
  •  Según las conclusiones del texto, el 82% de las empresas españolas adheridas a la Red Española del Pacto Mundial cuentan con políticas en derechos humanos.
  • Asimismo, la publicación aborda la conexión entre los derechos humanos y el cambio climático, cuestión sobre la que se ha debatido durante el acto de presentación.

Existe una conexión incuestionable entre el marco de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados en 2011, que establecen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 para, entre otras metas, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Esta relación queda reflejada junto con el análisis de los avances y desafíos empresariales en este ámbito, en la guía editada Red Española del Pacto Mundial “Empresas y Derechos Humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030” que ha sido presentada esta mañana por su vicepresidente, Víctor Viñuales, en un acto inaugurado por Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Durante su intervención, Reyes Maroto ha subrayado que el objetivo de esta sesión “es dar respuesta a la actuación de las empresas en el marco de los ODS, los derechos humanos y el cambio climático”. En este sentido, ha señalado que hay que crear “un sistema de comercio más justo que esté basado también en valores” con tres ejes de acción: “aumentar la presencia de las empresas en proyectos sostenibles, generas alianzas y ecosistemas en este entorno y afianzar el papel del sector privado en la consecución de los ODS”.

Además, en el encuentro se han dado cita representantes de varias organizaciones y expertos en la materia como Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH de la ONU quien, junto a otros portavoces, han debatido sobre otro de los asuntos clave que recoge la guía: el desafío extraterritorial en las empresas españolas.

A este desafío ha querido referirse el vicepresidente de la Red Española durante su intervención, en la que ha destacado que “Para garantizar el respeto empresarial a los derechos humanos, es además importante hacerlo en todos los países del mundo, ya que las empresas están presentes en cualquier rincón del planeta. El desafío extraterritorial es por tanto una cuestión muy relevante para que las actividades directas de las compañías, de sus filiales y en las cadenas de suministro sean sostenibles a nivel social y ambiental.”

Importante avances y retos empresariales

La publicación recoge importantes avances por parte del sector privado en este ámbito, tanto a nivel mundial como nacional. Así, según datos del Pacto Mundial de Naciones Unidas, alrededor de un 91% de las empresas adheridas a la iniciativa cuentan con políticas o prácticas en materia de derechos humanos, y un 46% lleva a cabo formación para empleados en la temática. Sin embargo, solamente un 23% lleva a cabo evaluaciones de riesgos en derechos humanos.

En España, la tendencia es similar. La Red Española del Pacto Mundial concluye que el 82% de las empresas españolas adheridas a la red local, cuentan actualmente con políticas o prácticas en derechos humanos, cifra que, en el caso de las pymes, se sitúa en el 62%. El estudio justifica esta diferencia afirmando que el 46% de las pymes a nivel mundial tienen problemas para implantar procesos de respeto a los derechos humanos debido a la falta de recursos y el 36% por falta de conocimiento en la temática. Por otro lado, solo el 7% de las entidades españolas evalúan sus impactos en derechos humanos.

En este sentido, las cifras son algo más positivas en las empresas del IBEX 35, ya que el 43% de las entidades del índice bursátil afirman estar realizando evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos y, de ellas, el 29% lo hace a través de un proceso de debida diligencia acorde a las pautas que establecen los principios rectores.

Además, el estudio de la Red Española del Pacto Mundial va más allá y recopila 15 casos de éxito de empresas españolas que han sido capaces de integrar en sus estrategias de negocio acciones para asegurar el respeto de los derechos humanos en sus actividades. A través del testimonio de sus portavoces, estas buenas prácticas sirven de ejemplo a otras instituciones para pasar de la teoría a la acción.

El análisis también se realiza a nivel gubernamental, destacando que de los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, solo 22 cuentan con un Plan nacional en empresas y derechos humanos. Entre ellos se encuentra España, que aprobó en junio de 2017 el Plan nacional sobre empresas y derechos humanos por parte del gobierno, cuya actualización está prevista en 2020.

La visión del Pacto Mundial: derechos humanos y cambio climático

En línea con la crítica situación medioambiental que vivimos, el documento concluye que es fundamental garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible y, por tanto, el derecho al aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables, para sentar las bases sobre las medidas que aborden los grandes retos ambientales que el planeta enfrenta.

Para ayudar a garantizar el cumplimiento de este derecho ambiental, la guía establece varios ejemplos de compromisos que deben adoptar las empresas. En concreto detalla consumir 100% energía renovable para 2022, conseguir residuos cero en 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.

Dado la relevancia de este asunto, durante la jornada ha tenido lugar la mesa debate “La conexión entre los derechos humanos y el cambio climático” que, moderada por María Peña, Consejera delegada del ICEX, varios ponentes han abordado el tema en profundidad.